Por: Articulo 19. 16/01/2021
- El INAI es una institución clave para la vida democrática del país por lo que debe garantizarse su autonomía.
- Los estándares interamericanos de derechos humanos confirman que la autonomía del organismo garante del derecho a la información es necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Ciudad de México, a 7 de enero de 2021.- Desde las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción manifestamos nuestra preocupación ante las declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días que cuestionan la existencia de los organismos constitucionalmente autónomos. En la conferencia matutina de este jueves 7 de enero, el presidente señaló que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía.
Entre las opciones el gobierno federal, señaló que podría considerarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para asumir las funciones del IFT, mientras que podrán ser la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción quienes asuman las funciones del INAI.
Lo anterior resulta preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas. Estos organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia
El delegar las funciones del INAI y del IFT a dependencias del gobierno que pudieran ser, como lo señaló el propio presidente, a la SCT, la SFP, la ASF o la Fiscalía Anticorrupción, representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas. Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues serían juez y parte, y concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería llevar a cabo.
Durante este gobierno han continuado prácticas de opacidad que reiteran la importancia de la existencia y autonomía del INAI. Muestra de ello es que 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513.[1] Esto representó un incremento del 817% respecto al año previo. De igual manera, en 2019 hubo un notable incremento en las declaratorias de inexistencia de la información solicitada por ciudadanos, que pasó de 152 en 2018 a 381 en 2019. Además, en 2020 la Oficina de la Presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder solicitudes de información en 389 ocasiones.[2] Esto destaca si observamos que entre 2015 y 2019 nunca se había utilizado este mecanismo para negar información por parte de Presidencia.
El argumento esgrimido por el presidente radica básicamente en que son organismos que “han salido muy caros” para el país. En principio no puede pretenderse la desaparición de estos organismos basado en un supuesto dispendio de recursos cuando son instituciones diseñadas para la tutela de derechos y se concibieron de esa manera para mantener independencia de los poderes sujetos a su escrutinio. Además, ello queda en entredicho cuando señala que no se afectaría a las y los trabajadores de los organismos que se pretenden desaparecer, mismos que formarían parte de la estructura de la Administración Pública centralizada. Más bien, con estas imprecisiones y contradicciones, es evidente que busca acabar con contrapesos institucionales resultado de décadas de luchas ciudadanas.
Recordemos que la autonomía del INAI no fue una concesión de los gobiernos, sino una conquista llevada a cabo por la sociedad civil organizada en procesos democráticos materializados en la reforma constitucional del 2007 y 2014. Eliminar este organismo sería un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información, herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada por el Estado, lo que se traduce en el ejercicio de un derecho clave para la rendición de cuentas en un régimen democrático.
Asimismo, esta decisión contravendría los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en especial, del derecho a la información que han establecido como un deber de los Estados, la creación de un organismo especial mediante el cual se pueda hacer exigible el derecho de acceso. La Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública, señala que para el pleno ejercicio de sus funciones es necesaria la autonomía del órgano garante del derecho a la información. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado encargado de promover la implementación de la legislación en materia de acceso a la información pública.”
Además, el INAI también tiene el mandato constitucional de defender el derecho a la protección de datos personales y las colisiones con el ejercicio del derecho a la información. En años recientes hemos dado cuenta de la violación de la privacidad de activistas y periodistas a través del uso de software de vigilancia por parte de instituciones de seguridad. De esta manera, se reafirma también la importancia del rol y de la autonomía del INAI.
Así, un real compromiso con la democracia para garantizar una serie de derechos, tendría que enfocarse en el fortalecimiento institucional. Por lo tanto, instamos al presidente de la república a sumar esfuerzos para el fortalecimiento institucional de los organismos e instituciones del Estado que han sido herramientas indispensables para la ciudadanía y el ejercicio de derechos.
[1] SIPOT con Estadísticas del Sistema Nacional de Transparencia, INAI.
[2]Estadísticas del INAI y solicitud de acceso a información pública dirigida al INAI con folio PNT 0763800344520.
A T E N T A M E N T E
NÚCLEO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
DE LA ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO EN MÉXICO
Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica; Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, A.C.; Causa Natura, A.C.; Equis Justicia para las Mujeres, A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; GESOC, Agencia para el Desarrollo A.C.; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, A.C.; Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.; México Evalúa Centro de Análisis de Políticas Públicas A.C.; Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.; SocialTIC, A.C. y Transparencia Mexicana, A.C.
Comisión de Gobierno Abierto de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción
ORGANIZACIONES
ARTICLE 19 México y Centroamérica
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
Despierta, Cuestiona y Actúa, A.C.
Observatorio Regional Zamora A.C.
Organización de Radios Comunitarias de Occidente A.C.
Redes Quinto Poder IDEA
Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP)
Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática
Transparencia Mexicana, Capítulo en México de Transparencia Internacional
Bios Participación Política y Desarrollo A.C.
Cultura Ecológica A.C.
TRANSVERSAL, Centro de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas A.C.
Organización Nacional Anticorrupción (ONEA)
Causa en Común, A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Reforestamos México A.C.
Elementa DDHH A.C.
Wikipolítica Michoacán A.C.
Fundacion Find
Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas AC
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Nodo de Transparencia Puebla
Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Puebla (AMEDI Puebla)
OBSERVATEL A.C.
Buscando Desaparecidos México BUSCAME
Puebla Vigila A.C
Comunicación y Educación Ambiental S.C.
Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco (ACGAT)
Visión Legislativa
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Legalidad por México A.
México Unido Contra la Delincuencia A.C.
Causa Natura
Desde Desarrollo y Derechos A.C.
Observatorio Designaciones Públicas
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
México Evalúa
Observatorio Nacional Ciudadano
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
Observatorio Ciudadano Tabasco
Red Social Contraloría Ciudadana Puebla AC
REDIM Red por los derechos de la infancia en México
Ruta Cívica
Instituto de Justicia Procesal Penal, AC
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C.
FIRMAS A TÍTULO PERSONAL
Alejandro Madrazo Lajous (CIDE)
Alejandro Cárdenas López (académico y periodista)
Catalina Pérez Correa (CIDE)
Carlos Bravo Regidor (CIDE)
Sharon Ocampo Arias (Posgrado UNAM)
Irasema Lilian Mancillas Álvarez (CADD AC)
Aurora Sabrina Soto Garcia (CADD AC)
Lizbeth Estrada Osorio (CIMTRA-PENÍNSULA DE YUCATÁN)
Roberto Alonso (Universidad Iberoamericana Puebla)
Lourdes Morales Canales (Red por la Rendición de Cuentas)
Carlos Alberto León Espinosa (Posgrado UNAM)
Alejandro Garcia Villasuso
Eliana García Laguna (activista de derechos humanos)
José G. Hernández Martínez
Alejandro May Guillén (Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco)
Esteban Ortíz Rodea
Diana Iris García, activista y madre de desaparecido
Cuauhtémoc Cruz Isidoro
Guillermo Osorno (periodista independiente)
Maria Elena Morera Mitre
Emilio Marcel Regidor Eternod
Andrés Enrique Pacheco Pacheco
Iván Gidi Blanchet (ONEA)
Salvador Vega Romero (ONEA)
Wilbert Torres (periodista independiente)
Pedro Gómez (Director del programa ecoperiodístico Jord Luum)
Clemente Romero Olmedo
María del Carmen Nava Polina
Juan Manuel Estrada Juárez
Lilia Vélez Iglesias
Silvia Elida Ortíz Solís (Grupo VI.D.A Laguna A.C)
Naxhelli Ruiz Rivera
Ernesto Aroche Aguilar
José Manuel Rodoreda
Lorena Ruano (Secretaria General del SIPACIDE)
Balbina Flores Martínez
Irene Levy
Francisco Cuamea
Vietnika Batres
Manuel Alejandro Guerrero
Claudia Ramón Pérez
Alejandro Springall (cineasta)
Claudio Flores Thomas (consultor)
Jorge Javier Romero Vadillo
Lizeth Mejorada Barrios (Directora de Puebla Vigila A.C)
Delia Icela Quiroa Flores Valadez
Maria Icela Valdez Chaidez
Silvia Nelly Rodríguez Martínez
Ñora Delia Rodríguez Martínez
Fernando Esteban Villegas Rodríguez
Colectivo 10 de marzo Reynosa, Tamaulipas.
Areli Sandoval Terán (Espacio DESCA)
Alfredo Lecona Martínez
José Valente Tallabs González (UPAEP)
Juan Pablo Aranda Vargas (UPAEP)
Cristina Gómez
María de los Ángeles Estrada G.
Yoltzi Martínez Corrales (Unidas Siempre Buscando)
José Pablo Girault Ruiz
Juan Francisco Torres Landa
Armando Santacruz
Alejandro Sicairos Rivas
Leonor Adriana Gómez Barreiro
Amós García Montaño
Ernesto Núñez Albarrán
Marcia Itzel Checa Gutiérrez
Alma Maldonado-Maldonado
Jorge Carrasco Araizaga
Francisco Rivas (ONC)
Ignacio Rodríguez Reyna
Daniel Alejandro Valdés Amaro (FCC BUAP)
Beatriz Pérez José (UNAM).
Alejandro Guillén
Juan Carlos Canales F.
Leobardo Espinoza Rodriguez
José Juan Méndez Carvajal
Fidencio Aguilar Víquez
César Mendoza
Michel Hernández Tafoya
Monica Tapia A.
Juan Martín Pérez García
Maribel Flores Sánchez
Lorena Sánchez García
Luz del Carmen Rosillo Martínez
Hugo Miguel Pantoja Morales
Adriana Labardini Inzunza
Emilene Martínez Morales
Ricardo Corona
Liliana Ruiz Ortega
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Fotografia: Articulo 19
