Por: Olga L. González. 08/07/2022
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no puede dejar indiferente a ningún progresista en el mundo.
Las razones son evidentes: la primera es una reacción de solidaridad con el feminismo, pues todo progresista es, o debería ser feminista, es decir propender por la igualdad entre los sexos. Cuando reculan los derechos de las mujeres en alguna parte del mundo, los progresistas se ponen del lado de esas mujeres. Lo que sucede con las mujeres de Afganistán, perseguidas por los talibanes, lo que sucede en Estados Unidos, o lo que sucede con el triste feminicidio mediatizado estos días en Colombia, obedece a un mismo factor estructural: su raíz profunda está en un patriarcado que todo activista progresista busca desmontar.
Hoy, no son sólo las norteamericanas -y especialmente las de los Estados más conservadores, y especialmente las mujeres más pobres y con mayores opresiones por motivo de color de piel o nacionalidad de origen, quienes se verán afectadas. Sabemos que lo que sucede en Estados Unidos termina por contagiar al resto del mundo, y muy especialmente a los países de América latina.
Algunos juristas arguyen que en Colombia jamás pasará algo así, que estamos protegidos de estas derivas luego de la sentencia de la Corte Constitucional de principios de este año. Explican, con demostraciones especializadas, que esa decisión es particularmente sólida. No dudo del profesionalismo de los juristas, pero pienso que la discusión no es sólo jurídica. Es, ante todo política.
Los demócratas en Estados Unidos hubieran podido promover una ley cuando eran mayoría en el Congreso para defender este derecho. No lo hicieron, y hoy sacan comunicados llorosos. En cambio, los conservadores de ese país sabían que la jugada era a mediano plazo, y sabían que era política. La derecha evangélica lleva ya varios años creciendo electoralmente gracias a este tema. También buscaron influir en las decisiones judiciales: el poderoso lobby conservador de la “Federalist Society” influye en los jueces que deciden contra los derechos de las mujeres. Lo propio han hecho con medios de comunicación y con influenciadores, hoy adquiridos a esa causa. Una de las emanaciones más ruidosas y peligrosas de todo este entramado de poderes se llama Trump; sus jugadas con la Corte Suprema hoy la pagan caro las mujeres de ese país.
En Colombia también hay lobby, también hay derecha evangélica (y derecha católica), también hay sectores políticos buscando electorado con este tema, también hay sectores académicos trabajando en este sentido. Ha habido ya arremetidas contra la sentencia de la Corte, incluso desde el propio gobierno: el Ministerio de justicia ha demandado la sentencia (porque “un Tribunal Judicial no puede ser quien determine desde cuando una vida merece protección”). Existe una contestación grande en sectores políticos de derecha. Varios senadores se están moviendo para organizar un “referendo provida” , con la idea de “defender el derecho a la vida desde que se está en el vientre de la madre, la dignidad de la mujer y primar la vida e integridad de los niños colombianos”.
Hoy, los dirigentes políticos progresistas del mundo entero se están pronunciando sobre el dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos. Encabezan todos los demócratas de Estados Unidos, desde Joe Biden y Obama hasta Bernie Sanders y Elizabeth Warren. La alta comisaria para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, los presidentes Macron, Pedro Sánchez, Trudeau, las ministras progresistas de igualdad y derechos de las mujeres, desde Irene Montero hasta la chilena Antonia Orellana, han manifestado su rechazo a esta sentencia. La bancada de izquierda en Francia anuncia que dejará un proyecto de ley para que el derecho al aborto esté inscrito en la Constitución francesa, la bancada de centro derecha del propio Macron apoya esta propuesta.
¿Y en Colombia? Las feministas se han pronunciado. Les han pedido a los políticos, y especialmente a quienes representan la esperanza de cambio en Colombia, es decir el Pacto Histórico, que hagan lo propio. El derecho al aborto debe ser defendido como un principio, más allá de la retórica legalista, que se presta para extrañas contorsiones, como se ha visto justamente con los argumentos empleados por los jueces en esta decisión. Sabemos, con Simone de Beauvoir, que “bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, hay que permanecer vigilante durante toda la vida”. El progresismo ha ganado las elecciones, pero la sociedad no ha cambiado. La defensa de los derechos de las mujeres no es un asunto de segunda categoría.
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Fotografía: La silla vacia
