Por: Wilbert Torre. El Heraldo de México. 25/10/2017
El cese del titular de la Fepade, a cargo de investigar delitos en la campaña de EPN, es el último de los reflejos de un gobierno que dinamitó los consensos.
Esta columna podría comenzar con el polémico cese del fiscal para la atención de delitos electorales hace unos días, o remontarse a los probables orígenes de este que es el más reciente escándalo en la administración Peña: la firma del Pacto por México, hace cinco años.
Firmado en diciembre de 2012, el Pacto por México fue celebrado como la salvación del país, pero su viscosa pluralidad, levantada sobre los cimientos del PRI, PAN y PRD, destruyó sus semillas germinales: si el acuerdo había resultado de un consenso, casi todas las decisiones posteriores a su despegue fueron imposiciones en todos los territorios económicos, políticos y sociales del país.
Esto no lo decantó el tiempo. Sucedió desde el principio y se aprecia con claridad en la reforma fiscal, una iniciativa que como el resto de las que formaron parte del Pacto por México partió de un acuerdo: sorprender siempre hacia arriba. No hacer solo lo que hiciera falta, sino hacerlo mejor.
Cuando la reforma fiscal se planeó, el gobierno enfrentaba un reto importante de manejo de riesgos. Era necesario disminuir la dependencia sobre los ingresos petroleros, que en 2012 representaban el 40 por ciento de los ingresos nacionales. El propósito esencial era elevar la recaudación no petrolera.
A cuatro años de su aprobación la reforma sigue siendo polémica, pero el gobierno peñista está convencido de que mejoró la recaudación como ninguna de las reformas aprobadas en los últimos cinco gobiernos.
Es la reforma que ha elevado de manera más importante los ingresos tributarios no petroleros como porcentaje del PIB. Se situaba en alrededor del 11 por ciento y hoy se ubica en un 14 por ciento.
La reforma combatió fuentes de evasión, afectó intereses y dañó el ánimo de los contribuyentes, pero cinco años después permitió de acuerdo con la narrativa oficial crear tres millones de empleos formales. No provocó una gran informalidad y por primera vez existe una reversión gradual en los índices de informalidad.
Todo eso hizo la reforma fiscal aprobada en consenso por el PRI, PAN y PRD. Pero el acuerdo partidista tuvo un pecado original: marginó la posibilidad de una reforma diferente que fuera explicada, difundida y consensuada con la ciudadanía.
Cinco años después los arquitectos del Pacto por México han reconocido que el error más importante fue la manera en la que esta reforma fue procesada y compartida.
Que fue un error una reforma vertical, utilizando la suma de votos del PRI, PAN y PRD para aprobarla a toda prisa cuando el alza de impuestos significó una alteración del pacto social que requería ser discutida en un espectro social amplio.
El cese del titular de la Fepade, a cargo de investigar delitos en la campaña de Peña, es el último de los reflejos de un gobierno que dinamitó los consensos, despreció el pacto social y en defensa propia levantó una barricada de autoritarismo y atropellos que han minado la credibilidad de las instituciones.
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Fotografía: aztecanoticias
