Por: Lucía Melgar Palacios. 23/01/2023
No hay desastres naturales: las pérdidas humanas o materiales se dan cuando no se toman las precauciones debidas ante posibles inundaciones, deslaves o temblores y, por ejemplo, se edifica al lado de un río, se deforestan los cerros o se construye sin respetar las normas. En el mismo sentido, el choque de trenes en la línea 3 del Metro capitalino no es un mero “accidente”. Es una catástrofe anunciada.
Pese a múltiples advertencias, denuncias de usuarios y del personal, las autoridades han desdeñado destinar los recursos necesarios para supervisar, corregir, reparar, mantener elementos tan cruciales para la seguridad del Metro como el sistema de comunicación, la iluminación en los túneles, el estado de los trenes, por no mencionar ya fallas que lastiman a muchos pero no ponen en riesgo la vida, como la recurrente inmovilidad de las escaleras eléctricas, signo de discriminación estructural.
El choque de trenes de este sábado no es un “accidente más” ni menos un “incidente”, como han querido minimizarlo quienes forman parte del mismo aparato que hace veinte años transformó las inundaciones en “encharcamientos”. El Metro, he reiterado en esta columna, no es prioridad para las autoridades actuales que prefieren despilfarrar recursos en un oneroso “Centro cultural Chapultepec”, en la campaña ilegal de Sheinbaum y en un tren depredador que arruinará el paraíso del sureste. Si la arbitrariedad y la corrupción indignan, la negligencia criminal, que ni siquiera ante la pérdida de vidas humanas frena sus excesos, duele y enfurece.
Da rabia y desolación que ni el incendio del Centro de Control ni el desplome de la Línea 12 (con) movieran u obligaran a la jefa de gobierno, a los funcionarios responsables de la movilidad y al Congreso de la CdMX, a reconocer la urgencia de restaurar y garantizar un servicio público del que dependen 5 millones de personas al día, para ir a trabajar, estudiar, abastecerse, salir de su barrio. Cada una de ellas, cualquiera que sea su ocupación o clase social, tiene derecho a contar con transporte público seguro y confiable. Reducir el presupuesto del Metro o aumentarlo raquíticamente denota discriminación institucional e indiferencia criminal: ¿no importa el duelo de decenas de familias? ¿no importan cientos de personas heridas y traumatizadas?
¿Por qué las autoridades han ignorado las evidencias de deterioro que exhiben todas las líneas? ¿Porque suponen que “quienes lo usan no tienen poder político”?, ¿que a ese público “no le queda de otra”? ¿Porque creen que en este México sangriento “la vida no vale nada”? ¿o que con becas, pensiones o amenazas pueden imponer silencio?, ¿o porque la capital es solo un peldaño para luego destruir al país?
¿Para qué quiere el poder el partido gobernante? No para mejorar la vida de la gente, como prometió. Si así fuera, habría aumentado, no disminuido, el presupuesto del Metro que sigue siendo menor al de 2018. Si el “bienestar de la gente” le importara, no habría desgastantes colas kilométricas en la parada de Metrobús y autobús de Balderas, donde termina ahora la línea 1, en reparación.
Como les da lo mismo que la gente pierda una hora hacinada, al sol o bajo la lluvia, también redujeron el presupuesto de RTP para 2023. Así, el Congreso y las autoridades ejecutivas de la CdMx son corresponsables de las muertes, heridas y traumas físicos que han sufrido usuarias/os del Metro bajo su gobierno. También les corresponde la carga de cansancio, estrés y pérdida de salud mental y física de quienes pasan valiosas horas de su vida en medios de transporte atestados e inseguros y, ante la falta de alternativas reales, tendrán que dormir menos o gastar más.
Pensar que el desastroso estado del Metro y las deficiencias del transporte público “solo” afectan a quienes dependemos de estos para movilizarnos es además obtuso. La pérdida de tiempo y energía que todos los días sufren quienes vienen a trabajar desde la periferia o de una punta a otra de la ciudad debería ser razón suficiente para dar prioridad al transporte público.
Si hacen falta más razones, las autoridades deberían considerar la pérdida económica para las empresas e instituciones, además de las y los empleados y trabajadores. El sector privado debería solidarizarse con su personal y exigir una inversión sustancial en la movilidad capitalina, facilitarle incluso transporte privado mientras el sistema del Metro mejora. Las autoridades también deberían tomar en cuenta el aumento de la contaminación que implica el crecimiento del parque vehicular, ya evidente desde el inicio de la pandemia. La quema de combustóleo que ensucia nuestro aire no es buen augurio pero tampoco justifica callar ante los signos de una degradación creciente del medio ambiente en la capital. Un buen transporte público para todas las personas garantizaría una vida mejor y más sana para todas y todos.
Por desgracia, la respuesta de las autoridades capitalinas ante esta nueva catástrofe anunciada no deja muchos resquicios para esperar un cambio real. En vez de reconocer su responsabilidad, han preferido culpar a administraciones pasadas (que de pronto consideran ajenas a su propio partido) o denostar a la sociedad y a la “oposición” por señalar su negligencia y responsabilidad.
Tal actitud denota una arrogancia muy lejana de la “cercanía con la gente” que pregonan en discursos insulsos y corrobora el total desprecio del gobierno capitalino (y gobernadores aliados) hacia las verdaderas víctimas directas e indirectas del estado catastrófico del Metro: esos millones de personas a quienes no dejan más opción que arriesgarse a viajar con miedo, miedo de llegar tarde, quedarse sin pago, de no llegar, de perder la vida. Tanta soberbia es intolerable.
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Fotografía: cimacnoticias
