Por: JOSÉ ADRIANO ANAYA. 21/04/2023
Hay un discurso que busca hacer creer que el actual gobierno federal es el primero en voltear al sureste del país para sacarlo de sus condiciones de pobreza. En ese discurso se señalan inversiones millonarias en la Construcción del Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas. Esta información es inexacta, porque no existen los estudios actuariales que proporcionen certeza de los beneficios económicos de esas obras.
En el caso particular del tren maya el gobierno miente, desinforma y se realiza una obra que viola disposiciones y acuerdos internacionales que México firmó su debido cumplimiento. Por ejemplo, entre las mentiras oficiales se afirmó que el tren maya se iba a construir sobre el antiguo trazado, que contaba con el derecho de vía; también el presidente manifestó que no se iba a derribar ningún solo árbol. En ambas situaciones se construyó una gran mentira: se realiza un trazo nuevo de construcción y de manera no oficial se han destruido más de 100 hectáreas de bosque.
En la campaña de desinformación montada por el gobierno se ocultan los estudios de impacto ambiental de la construcción del tren y se violenta el derecho a la consulta y el principio de buena fe del consentimiento informado que contempla el Convenio 169 de la OIT, que es vinculante a partir de las interpretaciones y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambas situaciones el Estado ha incumplido porque la construcción del tren se inició sin contar con estos estudios, que de acuerdo con el derecho internacional deben de realizarse con los estándares internacionales; pero tampoco se realizó la consulta previa que establece el Convenio 169 y que se ratifica en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que tiene el propósito de obtener el consentimiento informado de las comunidades indígenas sobre cualquier decisión legislativa, administrativa o proyecto de desarrollo que se pretenda realizar en el territorio de los pueblos indígenas.
Sobre el tren maya se han difundido mentiras y desinformación, y el gobierno ha sido un promotor importante de ambas situaciones, por carecer los estudios de impacto ambiental y social de las comunidades, que son obligatorios darlos a conocer públicamente a los afectados, antes de que se realice la obra. A su vez, el gobierno ha construido un discurso sobre las condiciones de bienestar que este tren le van a producir al sureste del país, pero no se ha hecho público ningún estudio que valide con metas cuantificadas que respalden ese discurso de progreso y bienestar que promueve el gobierno; en lo que sí se han realizado proyecciones es sobre los costos del precio de los boletos que puede llegar a tener el viaje del tren, y éste resulta prohibitivo para la inmensa mayoría de habitantes del país. Además no se tienen realizado los estudios actuariales sobre la rentabilidad del tren, algo indispensable si se tiene conocimiento de la situación de quiebra y/o pérdidas que tiene el 95% de las empresas de tren rápido en el mundo.
El negocio que hay alrededor del tren maya no es el de transporte de carga y de personas ni en el detonante futuro del turismo sino en la construcción de las ciudades en cada una de las estaciones del tren, en el que se tienen proyectadas 19 ciudades con un promedio de 40 mil habitantes. Obviamente aquí está el más importante negocio inmobiliario de este gobierno, que paradójicamente trae aparejado el problema del agua que se necesita sustraer de los mantos acuícolas para garantizar que cada una de estas ciudades pueda contar con este servicio de primera necesidad, que obligadamente va a ocasionar un impacto ambiental en la región selvática.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Diario contra poder en chiapas
