Por: RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA. 17 de julio 2020
El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes. Este OPD podrá celebrar cualquier tipo de acto jurídico o contrato para el “desarrollo” de la región del Istmo de Tehuantepec, y le otorga la capacidad de coadyuvancia con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para los procedimientos de “consulta” a los pueblos indígenas en la región.
El Decreto dota una esfera de atribuciones que permite el fomento de la transformación territorial en la región. Si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan, en el valor comercial y su potencial para el “desarrollo global”, siempre a costa de los pueblos del Istmo.
Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca, el gobierno actual y la autodenominada 4T, parece que harán todo lo posible por, finalmente, alcanzar el tan añorado sueño. Las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando, a principios de año 2000, se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como; represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, a costa incluso, de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Sin embargo, la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, impidieron que diversos megaproyectos no se llevaran a cabo, entre ellos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes han logrado imponerse, como sucede con los parques eólicos, los cuales, más allá de la supuesta energía que generan, han sido impuestos con los clásicos procedimientos y artimañas que, entre otras cosas, han y continúan ocasionando división comunitaria.
Este tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación y la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. El decreto en si mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna, persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el estado y el poder de las empresas y sus dueños que insisten en la comercialización global. De tal manera que, por ejemplo, la ley minera o los decretos para suprimir vedas en las cuencas hidrológicas que se dictan bajo el “interés público”, en realidad funcionan para establecer un mercado de concesiones que son entregadas al uso de privados, mientras en los pueblos, ejidos y comunidades agrarias -dueños de la tierra y los usufructuarios preferenciales de los bienes naturales dentro de su territorio-, aspiran a la visión decrépita, sumisa y alineada de varias instancias de gobierno quienes se supone debieran defenderlos, tal como sucede con el INPI -continuidad de la añeja política indigenista-, así como la envilecida procuraduría agraria, dos de las principales promotoras gubernamentales del despojo, aunque no las únicas.
Actualmente la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia; el COVID-19 que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa. De la misma manera en el 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que los devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos, han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno apareciera de manera consistente sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad. Cada hecho profundiza los ataques contra el territorio, la comunalidad, la cohesión social, al mismo tiempo que debilita las estructuras productivas y económicas locales, que no son cosa menor porque, para los grandes capitales y el gobierno significa mejores condiciones para imponer el discurso del “progreso y desarrollo del sur sureste”, a partir de aprovechar el potencial regional para mejorar el flujo de mercancías y propiciar maquilas, fábricas o armadoras conectadas a otros segmentos de cadenas de valor, en donde el empleo como centro del discurso, se ofrece a cambio de la extracción de minerales y otros bienes naturales comunes, que varios pueblos indígenas de la región no están dispuesto a ceder al capital.
Para los anteriores gobiernos, para el actual y para los subsiguientes el Istmo no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global; el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas relacionadas con la venta de servicios superfluos, pero también relacionados a la acumulación por desposesión y, sobre todo, que dan continuidad al proyecto neoliberal del saqueo en donde las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking, así como de la generación de energía para empresas y no para los pueblos,si no se les detiene, continuarán siendo la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que hoy, desde el gobierno, se dice ha terminado, pero la cual, en los hechos, el proyecto de “El Corredor Interoceánico” muestra que estamos lejos de ello.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
