Por: Jorge Zepeda Patterson. 08/07/2022
Me pregunto si no ha llegado el momento de intensificar la fuerza y capacitación de la Guardia Nacional y modificar las órdenes para que asuma un control territorial que hasta ahora solo ha sido presencial
La letanía de una canción más propia de borrachos, “contigo no porque me matas, sin ti tampoco porque me muero”, es una buena síntesis del dilema que enfrenta en México el papel de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado. Las policías civiles, locales y federales han sido desbordadas hace buen rato por la capacidad de fuego, el número de elementos y la penetración social y territorial de los delincuentes. Los esfuerzos intentados para sanear los cuerpos de seguridad o capacitar a las policías municipales no solo han fracasado sino, con mucha frecuencia, han resultado contraproducentes por la facilidad con que estos elementos terminan en la nómina de los criminales.
Esto no significa que se deba renunciar a seguirlo intentando; la posibilidad de vivir en una sociedad pacífica y respetuosa de la ley pasa por la confianza que le merezca a los ciudadanos la honestidad y profesionalismo del policía de barrio o la patrulla más cercana. Pero eso solo va a suceder cuando estas patrullas ya no tengan que enfrentarse a una veintena de hombres con fusiles Barrett, granadas, bazucas y camionetas blindadas. El reto es llegar a esa sociedad pacificada en la cual una pareja de policías honestos haga la diferencia. En este momento, esos policías simplemente serían víctimas enviadas al sacrificio.
Por ahora solo las fuerzas armadas están en condiciones de enfrentarse al crimen organizado con alguna posibilidad de éxito. Pero no resulta fácil asumir los enormes riesgos que ello supone: una medicina que puede resultar tan dañina como la enfermedad. La respuesta a este dilema seguramente es distinta, dependiendo de a quién se le pregunte. Un profesional de clase media de la Ciudad de México, ya no digamos un activista de la sociedad civil, se horrorizará de un escenario en el que los militares asuman el control de buena parte del espacio público. Están documentados los excesos, la discrecionalidad que se traduce en violación de derechos humanos y la facilidad con que las tareas policiacas derivan en acciones represivas cuando son ejercidas por soldados.
Pero también es cierto que mexicanos más expuestos a la brutalidad de los criminales podrían responder de otra manera a la pregunta sobre el Ejército. Para quien ha perdido un hijo o tenido que abandonar sus posesiones por la violencia, un retén militar es preferible a uno de encapuchados arbitrarios y salvajes. Antes de juzgar con severidad a quienes se dicen dispuestos a sacrificar derechos o libertades a cambio de seguridad, tendríamos que ponernos en su piel. Habitantes de pequeñas poblaciones en control del narco, que gustosos aceptarían un toque de queda y una incómoda vigilancia, con tal de saber que la hija adolescente no está en riesgo de ser llevada en un retén o poder librarse de la extorsión que ahoga el sustento familiar. No sabremos los tratamientos hospitalarios radicales que estamos dispuestos a aceptar, hasta que estemos tirados en una cama transidos de dolor.
Se me dirá que el dilema de utilizar el Ejército o seguir a expensas del narco es un falso debate, porque aún caben otras estrategias. Ojalá fuera así, pero tendríamos que asegurarnos de que estas esperanzas no están alimentadas por un sentido de “lo que debería ser”, más que por posibilidades realistas. Hace 20 años que escuchamos las razones de quienes afirman que solo mediante el saneamiento y fortalecimiento de las policías federales, estatales y municipales podremos salir de este problema, pero nadie se hace responsable de las consecuencias de que eso haya sido imposible de llevar a la práctica. Total, son otros los que se encuentran en la trinchera. Son atendibles los razonables y legítimos argumentos que dan cuenta de los peligros que entraña el protagonismo de los militares, pero es incorrecto valorarlo sin considerar los perjuicios que ocasiona no resolver el problema. Es decir, no podemos decidir sobre el uso de una medicina a partir exclusivamente de los duros efectos secundarios que provoca, sin considerar el daño que inflige la enfermedad que intenta resolver. Sobre todo, si no hay otro remedio a la vista. ¿Unas tabletas que quitan el dolor de cabeza, pero pueden producir ceguera? Evitarla. ¿Una inyección que provoca fatiga y somnolencia, pero desaparece la inflamación de la cervical? Adelante. Toda proporción guardada es la discusión que tendríamos que comenzar a hacer.
Primero, examinar si existe una posibilidad realista de recurrir a una estrategia civil que dé resultado no dentro de seis años o 10, sino ahora. Segundo, si no fuera el caso, ver en qué términos habría que echar mano de los militares para enfrentar las milicias criminales. Todos estamos de acuerdo en que el Estado debe intervenir cuando una caravana de 15 camionetas y 70 sicarios se dirige a un poblado. ¿Pero quién tiene la capacidad de hacerlo si no es el Ejército? Mejor convendría comenzar a discutir qué dosis, bajo qué esquema, acompañado de qué otras medidas financieras, jurídicas y policiales, y cómo reducimos los efectos colaterales de esta medicina.
Se dirá que esta discusión es gratuita, porque el gobierno no saldrá de su esquema de “abrazos no balazos” durante al menos los próximos dos años. No es tan claro. El párrafo anterior, me parece, estuvo en la mesa de arranque del gobierno de AMLO. Y la respuesta fue la creación de la Guardia Nacional. Es decir, un ejército civil, sujeto a leyes del fuero común, capaz de desplegarse en todo el territorio nacional de manera permanente. Disciplina y capacidad de fuego militar, pero con responsabilidad civil en materia de derechos humanos. Por lo menos esa era la idea, y es antagónica de “los abrazos”. El Presidente asumió que tenía seis años para desarrollar el músculo que posibilite a su sucesor enfrentar el problema. Mientras, intentó ganar tiempo con supuestas treguas que no tuvieron los efectos deseados. Al final, el calendario se ha acelerado y la inseguridad ya tiene efectos enormes en la economía, en los espacios mediáticos, en el estado de ánimo y en la política.
Me pregunto si no ha llegado el momento de intensificar la fuerza y capacitación de la Guardia Nacional y modificar las órdenes para que asuma un control territorial que hasta ahora solo ha sido presencial. Riesgos hay, desde luego, pero si eso falla solo quedará el rómpase en caso de emergencia y llamar a la caballería, con todo lo que eso significa.
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Fotografía: Percepción
