Por: Rita Magaña Torres, Olga Ochoa Sevilla Y Lizbeth Ortiz Acevedo . 17/03/2024
La iglesia católica en el sexenio de López Obrador está sosteniendo una resistencia traducida en propuestas ante la situación de violencia que vive el país y en particular por los asesinatos de algunos de sus integrantes de su comunidad, es por eso, que hoy, esta institución toma protagonismo y convocó a las y el candidato presidencial a firmar un acuerdo de paz para virar el rumbo de la seguridad pública en el país.
“Compromisos por la Paz del 2024”, tiene un antecedente el cual se remonta al 2023, en el estado de Puebla luego de que el Episcopado mexicano hizo un llamado al diálogo con fines de pacificación, el cual surgió como respuesta a los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier y Joaquín en Cerocahui, Chihuahua.
A este llamado asistieron organizaciones de la sociedad civil, academia, víctimas, migrantes, indígenas, representantes de las diferentes religiones, gobiernos locales, empresarios, personas expertas y ciudadanía.
En aquel entonces detallaron que ese Diálogo, tenía un antecedente de 15 meses de trabajo realizado en conversatorios y foros, en donde cientos de personas llevaron sus compromisos y sus propuestas ante la crisis de violencia e inseguridad en México.
Entre las instituciones convocantes a ese primer diálogo estuvieron: la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Dimensión Episcopal para los Laicos, quienes buscaron un camino hacia la pacificación.
Sus ejes a reflexionar fueron: seguridad ciudadana, justicia cotidiana, derechos humanos y reconstrucción del tejido social y como producto del Diálogo, se obtuvo una Agenda Nacional de Paz, cuyo objetivo fue presentar propuestas concretas para crear condiciones contra la violencia.
Esta Agenda se trabajó por expertas y expertos como Sergio López Ayllón, del CIDE; Elena Azaola, CIESAS; Rodrigo Peña, COLMEX; Raúl Benítez, UNAM / CASEDE; Diana Lepe, SERAPAZ; Carlos Juárez, Instituto de Economía y Paz; Sergio García y Alfonso Celestino, INCIDE SOCIAL, y Ana Paula Hernández, Ibero Ciudad de México.
Fue así como llegó este 11 de marzo, momento en que se invitó directamente a Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, candidatas y candidato a la presidencia, para que firmaran este compromiso por la paz en el país, la tercia aspirante acudió a las instalaciones del Auditorio Alfonso García Robles del Centro Cultural Tlatelolco por separado, para firmar el compromiso.
“Compromisos por la Paz del 2024”, tiene 7 ejes de acción: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, adolescentes, gobernanza y Derechos Humanos.
En la firma hubo divergencias sustanciales entre las candidatas mujeres ¿de qué se trató?
Xóchitl Gálvez: En sintoníaClaudia Sheinbaum: Paz sí, pero con GNÁlvarez Máynez: legalizar drogas
Dispuesta a desmilitarizar la seguridad nacional
Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por México, acudió a la firma del acuerdo Compromiso Por la Paz, iniciativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), donde destacó que se pretende unir a México a partir del respeto a la dignidad humana y se congratuló de que el proyecto vaya en sintonía con su planteamiento de desmilitarización de la seguridad pública del país.
“Al leer el documento que se me presenta, encuentro una perfecta sintonía y coincidencia con lo que he estado poniendo durante los días que llevamos de campaña, y 15 propuestas de seguridad y para mi la más importante es la desmilitarización de la administración pública, (…) a los civiles lo que le corresponde a los civiles y a los militares, lo que es de los militares”, explicó.
Hasta el 2028 la Fuerza Armada podrá realizar tareas de seguridad pública en el país y las consecuencias ya se sienten: aumento en la violación a los derechos humanos de personas y comunidades, impunidad, corrupción, opacidad en la rendición de cuentas y la violencia continúa.
La segunda edición del informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) focaliza el análisis sobre el proceso jurídico y político por el que se ha profundizado la militarización de la seguridad en este sexenio. El documento indica que la militarización ha despertado tres grandes preocupaciones:
- La relacionada con que el despliegue del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad no ha probado ser una política pública efectiva para la disminución de la violencia.
- La vinculada con que este despliegue castrense suele ocasionar un aumento cuantitativo y cualitativo de violaciones a derechos humanos.
- La asociada con que el fortalecimiento del sector militar puede trastocar la relación cívico-militar, lo que es riesgoso para una democracia incipiente y frágil como la mexicana.
En ese contexto, Xóchitl Gálvez indicó que en la línea con el documento del acuerdo Compromiso Nacional por la Paz: la desmilitarización de la seguridad pública, pasa por pagarle bien a quien nos cuida, a los policías municipales, estatales, ministerios públicos y jueces, por lo que ninguno de ellos se quedará fuera de la clase media. Pasa también por establecer la atención a las víctimas como una prioridad del Estado y consolidar el respeto a los derechos humanos como una garantía para la paz, precisó.
La ingeniera habló de su propuesta de construir una cárcel de alta seguridad, y que la opinión pública se ha centrado mucho en ella, relacionada con lo que se menciona en este documento, al precisar que de acuerdo al censo penitenciario del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), hay 15 estados de la República con problemas de hacinamiento en sus cárceles. En el Estado de México la cifra es dramática: 242% de esa situación para las personas en condición de cárcel.
“Esta cifra representa una violación flagrante a los derechos humanos. Una parte importante de los 248 penales operan bajo la condición de autogobierno. En estos espacios de anarquía y violencia tampoco se puede hablar de derechos humanos. Necesitamos una mayor coordinación del sistema penal entre el nivel federal y los estados para enfrentar el autogobierno y el hacinamiento”, expresó.
Por eso, agregó, propone una renovación total del sistema penitenciario, de tal manera que las cárceles sean verdaderos centros de readaptación social y no escuelas de delincuentes en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, como ocurre hoy en día. En paralelo, se busca reducir aquellos delitos que se criminalizan, de tal manera que las cárceles no estén llenas de personas que cometieron delitos menores.
En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tras una reunión con los obispos de México, la candidata presidencial subrayó que el desafío más grande que se tiene por delante, es cómo reconstruir el tejido social y garantizar una paz sustentable y con justicia para distintas regiones de nuestro país.
“No tengo duda que el desafío más grande que tenemos por delante es cómo reconstruir el tejido social y garantizar una paz sustentable y con justicia para las distintas regiones de nuestro país. Un problema de esa complejidad, de esa magnitud, necesita de la participación de todos. El objetivo de vivir en paz, el objetivo de vivir sin miedo, sólo se puede construir con la voz y la acción de todos nosotros”, enfatizó.
También, se comprometió con los obispos de la CEM a que al ganar la elección del próximo 2 de junio, al día siguiente de la toma de posición del próximo 2 de octubre, “me voy a reunir con ustedes para tener la primera sesión de trabajo, diálogo y escucha de compromisos por la paz, pero no como candidata, sino como Presidenta de la República”.
La abanderada del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, afirmó que ese espíritu de corresponsabilidad y participación de distintos actores sociales es el alma de este Compromiso por la Paz y será también el faro de guía en el proceso de toma de decisiones de su gobierno. Por ello, aplaudió la labor de las iglesias y se comprometió a hacer suyas todas estas propuestas que han salido de la sociedad civil.
La candidata presidencial de la oposición comenzó su reflexión al recordar a los ocho sacerdotes asesinados en lo que va de la actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. “Estoy convencida de que todas las iglesias forman un papel fundamental para la construcción de la paz”, comentó.
“Un problema de esa complejidad, de esa magnitud, necesita de la participación de todos. El objetivo de vivir en paz, el objetivo de vivir sin miedo, sólo se puede construir con la voz y la acción de todos nosotros. Ese espíritu de corresponsabilidad y participación de distintos actores sociales es el alma de este compromiso por la paz y será también el faro de guía en el proceso de toma de decisiones de mi gobierno”, precisó.
¿Qué contempla el Compromiso por la paz?
El diálogo nacional comprende los siguientes siete puntos que consideró el episcopado mexicano para atender la grave crisis de inseguridad que hay en nuestro país:
- Desarrollar políticas de cuidados como: condición para la paz, con enfoque de derechos humanos y género, dirigidas a construir y fortalecer tejidos sociales. Crear entornos seguros y restituir el valor de la vida dando atención prioritaria a niñez, adolescencia y juventudes.
- Fortalecer las policías municipales, conectarlas con el sistema de justicia y otras fuerzas públicas para que coadyuven en las investigaciones y en el cuidado del territorio y así sea posible la retirada paulatina de los militares de las funciones de seguridad pública.
- Renovar el sistema de procuración e impartición de justicia en el nivel federal y estatal de tal manera de que tenga capacidad para investigar y autonomía para resolver los casos.
- Emprender una reforma a fondo del sistema penitenciario para que el estado retome el control de las prisiones, impida los actos de corrupción y extorsión y actúe en el marco de la ley patria proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, de sus familias y del personal penitenciario.
- Promover una estrategia con presupuesto asignado que fortalezca la seguridad y el bienestar de las adolescencias en riesgos asociados con adicciones, crimen organizado y economía ilícitas, incluyendo, su participación activa, así como la de la sociedad civil y los distintos órdenes de gobierno.
- Impulsar una gobernanza democrática que proteja los gobiernos municipales de las economías criminales, tengan las condiciones, para desarrollar programas a favor de la seguridad, la justicia y la paz, con amplia participación de la sociedad civil.
- Atender la crisis de derechos humanos del país en cuatro temas prioritarios: desaparecidos; violencia contra las mujeres y contras personas en movilidad y autonomía de los pueblos indígenas.
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