Por: Esther Pineda. Iberoamérica Social. 07/09/2017
No existe voluntad política y social para la deconstrucción de los prejuicios y la construcción de nuevos esquemas relacionales al ser sociedades notoria y profundamente patriarcales, sexistas, androcéntricas y falocráticas.
La perspectiva feminista, los estudios de género, el pensar las identidades disidentes, los cuerpos no normados y las preferencias heterotransgresoras desde una perspectiva crítica, cuestionando los privilegios, las imposiciones y los mecanismos de dominación históricamente instalados, han propiciado -si bien de forma limitada- algunos avances en la materia; entre estos es posible considerar un mayor respeto por los derechos humanos, la sensibilización de la población, la reducción de algunos índices de violencia, el reconocimiento de la diversidad en los espacios públicos, educativos, laborales, mediáticos y jurídicos, entre otros. Sin embargo, las sociedades latinoamericanas se caracterizan por su carácter profundamente conservador, donde la mirada de desaprobación, el cuestionamiento de las preferencias, la interpelación sobre la identidad y el control social de los espacios continúan siendo la norma.
Aunque en la región cada día son menos las leyes que criminalizan de forma explícita la no heterosexualidad y las identidades de género alternativas, existe una tendencia a relegar, normar y sancionar estas preferencias e identidades desde códigos morales y sociales. En América Latina con independencia de las particularidades e idiosincrasia de casa país, existen significativas resistencias a la transformación social, enfáticamente cuando se trata del reconocimiento, vindicación de derechos e incorporación de grupos vulnerables e históricamente estigmatizados.
En el caso de la población Lgbti no existe voluntad política y social para la deconstrucción de los prejuicios y la construcción de nuevos esquemas relacionales al ser sociedades notoria y profundamente patriarcales, sexistas, androcéntricas y falocráticas; por ello en la región ser homosexual, bisexual o transgénero sigue siendo una condición considerada degradatoria, no solo para quien la detenta, sino también considerada como signo de degradación y decadencia de la sociedad.
Pese a que el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género se encuentra amparada en los derechos humanos y los Principios de Yogyakarta proveen los lineamientos para el desarrollo de legislaciones en materia de orientación sexual e identidad de género, a fin de prevenir, atender y erradicar las ejecuciones extralegales, la violencia, la tortura contra la población Lgbti, y garantizar derechos como el acceso a la justicia, la no discriminación, la libertad de expresión, el empleo, la salud, la educación, la migración, la participación pública, entre otros; los avances en esta materia en la región latinoamericana continúan a merced del pensamiento conservadurista aún dominante en las instituciones jurídico-políticas…
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Fotografía: Iberoamérica Social
