Defensores de derechos digitales y sector de tecnología de Australia buscan revertir ley que socava encriptado

Lyndsey Jackson (LJ): La ley trata sobre el encriptado, que es una forma de transmitir información de manera que solo pueda leerla quien la envía y quien la recibe –significa que nadie más puede verla a menos que se le conceda acceso. El encriptado tiene varios usos, como asegurar el envío de mensajes, archivos, correos electrónicos, nubes de datos o inclusive verificar software. Mucha gente, organizaciones y Gobiernos lo utilizan.

La nueva ley apunta directamente al encriptado y básicamente obliga a programadores, fabricantes de dispositivos y proveedores de servicios a dar permiso al Gobierno para espiar la información encriptada de la gente.

LJ: Las consecuencias de apresurar la aprobación de la ley antes de Navidad han sido enormes.

La ley que fue aprobada estaba redactada de forma deficiente. Se había planeado varias modificatorias fundamentales para mejorar la redacción pero no lograron formar parte del texto final debido al apuro. Ahora tenemos una ley en vigencia que está mal redactada según reconoció el Parlamento, en vez de una ley bien planteada y que realmente cumpla con el objetivo.

La coacción hacia el sector de tecnología es una consecuencia inmediata –la gente denuncia una caída en la cantidad de empleo extranjero y se prevé que siga disminuyendo, además de reducciones adicionales en inversiones y empleo.

La otra consecuencia visible ha sido que los derechos digitales de los australianos actualmente son vulnerables ante el Gobierno y la posibilidad de que esta capacidad de vigilancia se use incorrectamente.

Tenemos derecho a la privacidad. Esta privacidad existe en nuestra vida diaria, hasta cuando usamos nuestro celular o nuestra computadora. Esta ley nos quita el derecho a la privacidad al otorgarle al Gobierno acceso sin precedentes a nuestra vida privada por posibles delitos que bien podrían ser investigados de otras formas más responsables. La ley le proporciona la Gobierno la contraseña de cada cuenta en el país sin siquiera detenerse a considerar si debe ser así, y mucho menos si es necesario.

LJ: Esta ley definitivamente va a impactar financieramente a las industrias de información y tecnología locales. El Gobierno va a rechazar negociar con compañías como Huawei por temor a defectos de seguridad que deriven en vigilancia extranjera. Entonces, ¿por qué esperaríamos que otros países nos traten distinto? Porque es exactamente lo que el Gobierno le ha comunicado al mundo: cada servicio, hardware y software que se fabrique en Australia tendrá un fallo de seguridad que dé lugar a la vigilancia. La ley es un obstáculo a la capacidad de la industria de información y tecnología australiana de crear productos y ofrecer servicios sólidos.

LJ: Para que la ley sea aplicable, los hardware y software deberán debilitar su seguridad general. Significa que serán más vulnerables a la intromisión de otras fuentes.

LJ: Los derechos digitales de los australianos y la fortaleza de nuestra industria tecnológica deberían ser tomados más en serio. Una forma de hacerlo es que reviertan la ley y empiecen de cero –pero esta vez con expertos en tecnología de Australia.

O’Shea, quien trabaja frecuentemente en coalición, ha liderado la campaña contra el proyecto de ley de Asistencia y Acceso y otras amenazas contra la seguridad de las comunicaciones en Australia. Esta lucha incluye la creación de una alianza entre las compañías de tecnología, organizaciones sociales civiles, académicos, activistas,