Por: Luis Armando González. 29/04/2022
Nací en 1961. Mi adolescencia y juventud se dieron en un contexto de terribles violaciones a la legalidad que, a su vez, daban lugar a terribles violaciones de los derechos humanos. Llegué a adulto con la firme convicción de que las leyes en El Salvador eran letra muerta. Sin embargo, cuando le guerra civil terminó, tomé la decisión de comprometerme con el respeto y la defensa de la legalidad, es decir, con el respeto y defensa del Estado democrático de derecho. No me refiero sólo a un compromiso meramente teórico –a través de mis publicaciones, mis clases, mis charlas o mis conferencias—, sino en mi vida cotidiana. Me asumí como un ciudadano de este país –en el que nací, crecí, me hice adulto y seguramente moriré— al que quiero entrañablemente y al que me prometí, desde muy joven, servir de la mejor manera en que me fuera posible.
Me indigna que no se respete la legalidad en todos los ámbitos, pero en especial en lo que concierne a la integridad y bienestar de las personas. Me indigna sobre manera la postura de quienes celebran ese irrespeto. Algunos de estos últimos esgrimen que, con ellos, sucedió lo mismo y que ahora es el turno de otros. No se dan cuenta de que ese círculo vicioso no puede dejar nada bueno. Otros, contentos con violar la legalidad, o celebrando a los que lo hacen, creen que sus acciones quedarán impunes o que siempre estarán exentos de riesgos.
Lo más probable es que no: en la rueda de la fortuna de la vida y de dinámicas hostiles de “sálvese quien pueda” (que son las que imperan en El Salvador actual) nadie está a salvo. Y nadie podrá estarlo si la legalidad va a la deriva y es pisoteada a mansalva. Si la discrecionalidad en el ejercicio del poder público no está sujeta los controles de la ley, la convivencia civilizada no será posible. No será posible que los habitantes de la República sean felices, pues las amenazas del poder estarán siempre sus cabezas.
Lo único que puede ponernos a salvo en nuestra integridad y bienestar es el respeto a la legalidad. La opción contraria es el imperio de la fuerza, la venganza artera y el desprecio a quienes no tienen la capacidad responder a los abusos de otros. Definitivamente, no puedo aceptar que El Salvador no se respete una legalidad mínima. Como hijo de este país, al igual que lo fueron mis padres y abuelos, tengo absoluto derecho a mostrar mi inconformidad con quienes no respetan las leyes y con quienes lo celebran.
Yo mismo he sido vulnerado en mi derecho al trabajo. En efecto, el 20 de abril de 2022, me fue entregada una nota firmada por el Ministro de Educación, José Mauricio Pineda, en la que se me despide del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT), institución en la que trabajo desde 2012. Esa nota había sido precedida por un correo electrónico en la que a un grupo de empleados del MINEDUCYT, entre los que aparecía mi nombre, se nos pedía poner a disposición nuestras plazas. Así que recibir la nota no fue tan sorpresivo. No la leí en ese momento, de modo que no supe las razones de mi despido. Asumí que eran las correctas, es decir, razones que descansaban en una evaluación de mi desempeño laboral, según mis competencias y asignaciones de trabajo.
He leído, no sin estupor, esas razones y definitivamente no son las que corresponden a un procedimiento enmarcado en las leyes de El Salvador. En síntesis, se me despide porque, según los argumentos que aparecen en la mencionada nota, mi cargo en el MINEDUCYT es de confianza y que el actual titular me despide por “pérdida de confianza”. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Mediante un procedimiento marcado por las falacias (entendidas técnicamente, no de forma peyorativa): se parte de la caracterización del cargo nominal que ocupaba hasta el 19 de abril de 2022 –una plaza que me fue asignada por Ley de Salarios— y se concluye que las características nominales se aplican a mis funciones reales en el MINEDUCYT.
Antes de seguir con mi planteamiento debo decir que soy realista acerca de mis posibilidades de que un proceso judicial me sea favorable. Tengo la certeza de que los tiempos para el imperio del derecho en el país son sombríos. No debería ser así y mi certeza debería ser la contraria, pero no es el caso: el funcionario que tomó la decisión de violentar mi derecho al trabajo –un derecho consagrado en la Constitución— seguramente se saldrá con la suya.
No importa. Igual me tomo el tiempo para argumentar en contra de su decisión por considerarla ajena a la legalidad. ¿Por qué ajena a la legalidad? Porque, amén de que mi plaza laboral en el MINEDUCYT era por Ley de Salarios, la distinción entre cargo nominal y cargo funcional no es irrelevante en el Estado salvadoreño. Y es el segundo el que marca las características reales del quehacer de los empleados públicos, es decir, su desempeño material.
Y mi desempeño material –determinado por mis responsabilidades funcionales— en lo absoluto ha tenido algo que ver, en ningún momento desde 2012 –fecha en la que me fue asignada mi plaza por Ley de Salarios— con ser “persona de confianza” de titular alguno en el MINEDUCYT. Es curioso que el Ministro José Mauricio Pineda diga que me despide por “pérdida de confianza” cuando él nunca me confió nada, pues ni lo conozco personalmente ni nunca he tenido una relación directa con él.
Mis funciones y desempeño laboral en el MINEDUCYT siempre han estado vinculadas con mis capacidades y experiencia en el campo de las ciencias sociales, la enseñanza y la investigación educativa. Al parecer ni el Ministro ni sus asesores legales se tomaron la molestia de indagar sobre ello. De haberlo hecho, se hubieran dado cuenta de que mis relaciones con el Ministerio de Educación, incluso antes de integrarme a su planta de empleados, siempre se han enmarcado en mi condición de profesional de las ciencias sociales. No tengo que demostrarlo, pues mi trayectoria como profesor e investigador universitario, lo mismo que mis publicaciones académicas, son ampliamente conocidas y son accesibles a cualquiera con un poco de interés por el conocimiento,
Así, por ejemplo, en 2002, realicé una consultoría para el MINED (esas eran las siglas entonces) en la que hice una evaluación y monitoreo de los “Proyectos del Fondo Alegría”; en 2003, realicé un estudio, también para el MINED, titulado “Sociedad y juventud en El Salvador a inicios del siglo XXI” que, con autorización, fue publicado en la Revista Estudios Centroamericanos; en 2009 hice otra consultoría para el Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (CENICSH), del MINED, titulada “Cultura, Educación e Integración Social en El Salvador”, y que fue publicada, en 2010, en el Cuaderno de Trabajo No. 1.
A finales de 2009 se me contrató, siempre como consultor, primero, para que trabajara en el diseño y ejecución de un plan de formación para maestros en servicio (en el área de las ciencias sociales); y segundo, para que diseñara una estrategia para la creación e implementación de la Escuela Superior de Maestros (ESMA). Si bien estas actividades estaban enmarcadas en las metas del Vice despacho a cargo del Dr. Eduardo Badía Serra, ninguna de ellas tenía que ver con asuntos de confianza: eran actividades institucionales de alcance nacional. Todas realizadas antes de que se diera una plaza permanente en el MINED.
De este modo, después de que el Dr. Badía dejara el cargo –que asumió el Dr. Héctor Samour— se me asignó una plaza por Ley de Salarios para continuar en el proyecto de fortalecer la formación de maestros en servicio, aplicando mis competencias profesionales. Nunca fui “persona de confianza” del Dr. Samour, sino todo lo contrario. Tuvimos fuertes diferencias en cuanto a la responsabilidad ministerial en la formación de maestros. Tan agudas fueron esas diferencias que, en parte, lo que impidió mi despido fue, precisamente, mi condición de ser empleado por Ley de Salarios. Y así en lo sucesivo: nunca tuve, en años posteriores hasta el presente, funciones que significaran que era empleado de confianza de titular alguno.
Mis funciones reales estuvieron circunscritas a mis competencias profesionales. Para el caso, a finales de 2019 se me asignaron tareas de investigación y formación docente en el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y, poco después, en la Dirección Nacional de Formación Docente. Estaba subordinado directamente a Carlos Rodríguez, Director Nacional de Formación Docente, y a Luis Minero, Gerente de Investigación. El proyecto más importante a mi cargo era la creación de una Red de Docentes Investigadores, en lo cual estaba avanzando –con el apoyo de cuatro compañeros— de manera importante. Recién se había concluido un proceso formativo, en temas de redes docentes y métodos de investigación, para un grupo de más de 150 maestros de todo el país. A la vez, estaba diseñando una investigación sobre las percepciones docentes acerca de su misma práctica educativa. En esto estaba trabajando cuando se me notificó mi despido “por pérdida de confianza”.
Debo decir, para terminar, que la Red de Docentes Investigadores es un proyecto no sólo necesario para mejorar la práctica docente, sino para elevar la autoestima y la motivación de nuestros profesores y profesoras. Como en otras ocasiones en mi trabajo en el MINEDUCYT, en estos primeros meses de 2022, compartí mis conocimientos, en un diálogo respetuoso enriquecedor, con docentes de todo El Salvador. Vi su entusiasmo y compromiso. Tuve la certeza, de nueva cuenta, de que el sistema educativo descansa en sus profesores y profesoras, cuyo trabajo cotidiano es el que hace que las cosas no sean peores de lo que son. Soy un profesor, como ellos y ellas. La educación es la apuesta de mi vida. ¿Es esa la apuesta del actual Ministro de Educación y las personas de confianza que le rodean? Francamente, no lo sé. ¿Seré objeto de acoso por parte de quienes se sientan molestos con estas líneas? Tampoco lo sé. Las escribo por mis convicciones ciudadanas y de respeto irrestricto a la legalidad…
Fotografía: pressenza
