Por: New York Times. 13/07/2017
Primero fue la revelación de que destacados activistas anticorrupción, antiobesidad y defensores de los derechos humanos, así como otros críticos del gobierno, fueron blanco de un programa espía sofisticado vendido a las autoridades mexicanas para luchar contra el crimen y el terrorismo.
Ahora llega la información estremecedora de que un equipo internacional encargado de investigar la desaparición de 43 estudiantes también fue vigilada con el programa Pegasus, que monitorea un teléfono celular de manera encubierta.
De las revelaciones alarmantes surgen dos temas. El primero es el abuso por parte del gobierno –o elementos rebeldes en su interior– de tecnología cibernética altamente sofisticada y cara. El gobierno ha negado ser responsable del espionaje, pero sí adquirió las herramientas informáticas, y usarlas en contra de ciudadanos despierta cuestionamientos legales y éticos fuertes, especialmente cuando se trata de un gobierno que ya enfrenta críticas severas por la situación de derechos humanos en el país.
El otro tema es si las empresas que comercializan estas herramientas de vigilancia masiva, aunque tengan buenas intenciones, pueden realmente controlar su uso. En este caso, la compañía israelí NSO Group dijo que vendió Pegasus solo a gobiernos, únicamente después de revisar sus prácticas en materia de derechos humanos y exclusivamente tras establecer como condición que se usara para vigilar a criminales y terroristas. Pero NSO reconoció que, después de la venta, no tiene control sobre cómo se usa el programa espía. Y ya que los rastros de este son descubiertos en un teléfono, no es posible determinar quién lo intervino.
Lo que se sabe es que tres agencias federales mexicanas han gastado unos 80 millones de dólares en el programa espía creado por NSO desde 2011, y que fue utilizado contra destacados académicos, abogados, periodistas y sus familiares, además del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Los investigadores tenían la tarea, con el consentimiento de México, de indagar la desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014 después de que fueron detenidos camino a Ciudad de México para una manifestación. El gobierno arguye que los policías locales y un grupo narcotraficante para el que trabajaban los oficiales asesinaron a los estudiantes. Después de meses de protestas, el gobierno fue conminado a solicitar una investigación externa, pero en cuanto esta puso en duda la versión oficial, el equipo fue víctima de acoso y de vigilancia. Los investigadores se fueron de México en abril de 2016 y el caso sigue sin resolverse.
La desaparición masiva ya ha hecho mucho daño a México y a su presidente, Enrique Peña Nieto, quien llegó al cargo con la promesa de cambiar la imagen del país. Esta solo ha empeorado por las revelaciones.
El abuso tan descarado de esta tecnología justifica que haya otra investigación internacional. Peña Nieto ha dicho que recibiría ayuda externa; esta vez realmente debería aceptarla.
Se puede hacer mucho más para monitorear y controlar los programas espía comerciales. La tentación para que los gobiernos le den mal uso es fuerte y las previsiones de los fabricantes como NSO Group son, claramente, insuficientes.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2017/07/11/editorial-programas-espia-mexico-pegasus-gobiernoespia/?smid=tw-share-es
Fotografía: nytimes
