Por: Cristina Bazán. efeminista. 14/05/2020
Las medidas de aislamiento para intentar frenar el contagio de la COVID-19 en América Latina también han limitado el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva.
Expertas consultadas por Efeminista han coincidido en que la débil respuesta que los países están dando a los casos de violencia sexual ha provocado que más mujeres necesiten acceder a anticonceptivos, deban acudir a consultas médicas que no han sido consideradas como prioritarias o se practiquen abortos clandestinos.
Según el último informe de la Comisión Interamericana de Mujeres, de la Organización de Estados Americanos (OEA), denominado “COVID-19 en la vida de las mujeres”, la ausencia de estos servicios “podría incrementar la mortalidad y morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente, VIH y otras infecciones de transmisión sexual”.
En algunos países no se consideran esenciales
Para la directora para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos, Catalina Martínez, el primer obstáculo es que en algunos Estados no han reconocido que los servicios de salud sexual y reproductiva son esenciales y que deben mantenerse durante la crisis.
“Cuando los sistemas de salud empiezan a colapsar por la atención de los casos de COVID- 19, lo que hacen es priorizar y estos servicios no están entre los prioritarios“, ha explicado a Efeminista.
Esos inconvenientes han sido detectados también por ONU Mujeres. “Es importante asegurar el acceso a los servicios y la atención de salud sexual y reproductiva. Los datos de brotes anteriores indican que los esfuerzos de contención a menudo desvían recursos de los servicios de salud ordinarios, y exacerban la falta de acceso a los servicios, incluidos la atención de salud prenatal y postnatal y los anticonceptivos”, ha publicado la ONG en marzo.
Selene Soto, de Women’s Link Worldwide, ha contado que en países como Venezuela existen muchas barreras para que las mujeres accedan a servicios de salud diferenciados. “Las maternidades no están entre los hospitales centinelas y no se está garantizando la atención a embarazadas. La respuesta generalizada no ha tenido enfoque de género”, ha mencionado.
Por esta razón, Martínez ha hecho incapié en que es necesario que las mujeres puedan acceder a estos servicios desde casa, pues muchas de ellas no salen por miedo a ser detenidas por violar la cuarentena.
“Los Estados tendrían que garantizar que las mujeres no tengan que movilizarse, solo para procedimientos específicos. Los otros servicios necesitamos tenerlos en casa y esto no está pasando porque no se está pensando en estas políticas integradoras que permitan que una mujer pueda acceder, por ejemplo, a un aborto en casa con la guía de la telemedicina”, ha subrayado.
Más mujeres sin acceso a anticonceptivos
El acceso a los anticonceptivos es otro de los servicios que se ha visto afectado durante esta pandemia. El asesor regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA, Federico Tobar, ha explicado que el impacto de la COVID-19 puede hacer retroceder a Latinoamérica “casi 30 años en términos de salud reproductiva“.
En esta situación, ha asegurado, influyen tres factores: el miedo de las mujeres a ir a los hospitales, el desabastecimiento de los Estados y la incapacidad de las mujeres para comprarlos con sus propios recursos.
“De acuerdo al pronóstico que hace CEPAL sobre el aumento de la pobreza en América Latina en estos meses, calculamos que 2,4 millones de mujeres, que hasta hoy compraban anticonceptivos en farmacias, los van a dejar de comprar”, ha precisado.
El especialista dice que Naciones Unidas ha preguntado a los países sobre su disponibilidad de anticonceptivos y en base a eso han hecho otra estimación preocupante. “Hay 5,4 millones más de mujeres que se van a quedar sin los anticonceptivos que les provee el sector público”.
Tobar ha dicho que una de las luchas de UNFPA es que muchas autoridades no priorizan la anticoncepción porque no la ven como un problema de salud pública.
“Aunque los anticonceptivos ayudan a evitar muertes maternas no lo ven con la misma relevancia que un antibiótico. Es un insumo de salud que en nuestra región no tiene un costo político muy alto”, ha explicado.
“Hay dos o tres países en la región que hace meses que no tienen condones y no pasa nada, ni siquiera sale en los diarios”, ha acotado.
Abortos clandestinos o embarazos no deseados
Esta reducción en el uso de anticonceptivos podría tener graves consecuencias para las mujeres latinoamericanas, han dicho desde la ONU.
“Habrá, por lo menos, 5 millones de nacidos no planificados más, 800.000 abortos que se pudieron haber evitado si las mujeres hubieran accedido a los anticonceptivos. También 40.000 muertes infantiles que se podían haber evitado y 4.000 muertes maternas”, ha precisado Tobar.
Estos números pueden aumentar si se prolonga el confinamiento y las interrupciones de los servicios.
Catalina Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos, ha explicado que algunas de estas cifras se deben a que las mujeres no dejan de recurrir a los servicios, pese a que los países no los garantizan de manera segura en este momento.
“Lo que va a pasar es que vamos a encontrar casos de mujeres que van a buscar abortos inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. Van a mandar a las mujeres a buscar servicios de salud en la clandestinidad. Estos servicios son mayoritariamente necesitados por niñas y adolescentes que sufren violencia sexual y cuando no los garantizan se está cometiendo discriminación contra ellas“, ha detallado.
La especialista ha mencionado que el aborto, por ejemplo, es un tema que “aún le pesa a muchos servidores de salud” de la región, incluso en los países donde es legal su acceso. “Hemos visto que cuando una mujer llega a pedir el servicio este se deniega. Le dicen que eso no lo van a hacer en ese momento porque no es esencial”.
La respuesta de los Estados
Todos los organismos de Derechos Humanos y los especialistas consultados por Efeminista consideran que los países deben empezar a tomar en serio esta situación.
ONU Mujeres ha hecho un llamado especial a considerar a los servicios de salud sexual y reproductiva como esenciales durante la pandemia y a responder a las víctimas de violencia de forma diferenciada. Es decir, que exista un protocolo de actuación para niñas, adolescentes y mujeres de acuerdo a sus necesidades y capacidades.
Por su parte, la OEA ha planteado a los gobiernos que consideren el uso de los móviles para entregar determinados servicios de salud sexual y reproductiva.
Mientras que el Centro de Derechos Reproductivos ha recomendado que las autoridades trabajen con organizaciones y redes de mujeres para activar los servicios de atención en el área rural. “Así logramos democratizar y que la atención no se quede solo en las grandes ciudades”. Además, los insta a generar campañas públicas sobre los servicios de salud que están disponibles para las mujeres.
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Fotografía: efeminista.
