Por: NicaLeaks. 16/06/2018
*Las semejanzas con Venezuela
Lo que comenzó como una protesta por las reformas tributarias a la seguridad social del Estado nicaragüense, se transformó en una afrenta ultraviolenta por intentar un golpe de Estado al gobierno de Daniel Ortega.
No es una casualidad que haya sucedido esa transformación en el seno de las protestas violentas en Nicaragua, pues el análisis convida a señalar que el guión de revolución de color, inaugurado por Gene Sharp y actualizado en los últimos tiempos, se está aplicando en el país centroamericano de la misma forma que se dio en Venezuela entre abril y julio de 2017.
Claro que el contexto nicaragüense actualiza los mismos métodos usados en distintos puntos del planeta. Y las verosimilitudes con respecto a lo que sucede en Nicaragua y lo que fue en Venezuela el año pasado refieren que en ambos países se forjaron escenarios distintos.
Origen y mutación del golpe de color nicaragüense
Todo comenzó con unas protestas en el marco de las reformas tributarias a la seguridad social hechas por el Estado, capitaneada por el Consejo Superior de la Empresa Privada. Al principio las manifestaciones reclamaban la derogación de aquellas enmiendas, en franco apoyo a la agenda empresarial contraria al gobierno de Daniel Ortega.
De un día a otro, bajo los recursos de trancas viales y barricadas cerca de edificios gubernamentales, vinieron los heridos y los primeros muertos endosados a Ortega y las fuerzas de seguridad estatales. El Instituto de Seguridad Social y el Estado nicaragüense cedieron ante las demandas, pero ya el curso de las acciones violentas en la calle parecía irreversible.
Y, de hecho, fue así. En comparación con Venezuela, donde las protestas comenzaron supuestamente por las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que luego fueron modificadas, Nicaragua se ha sumido en la violencia aún cuando las demandas de la oposición fueron escuchadas e incluso acatadas hasta cierto punto.
Los líderes de la oposición de ambos países, que tienen los mismos financistas y estrategas en Estados Unidos y toda su burocracia ligada a las corporaciones, no buscaron una salida negociada a los conflictos sino que abiertamente escalaron sus discursos y acciones hacia una oleada de violencia instrumentada para presionar al Estado a entregar el poder (por las malas).Por ello mismo, lo que sucede en Nicaragua en estos momentos se analiza como un golpe de Estado en curso.
Esta revolución de color, o golpe de color como lo llama el analista ucraniano Rotislav Itschenko, pasó a una fase armada en el momento en que la tensión en las calles comenzaron a escalar. Las tensiones en los presentes acontecimientos en el país centroamericano tomaron un carácter paramilitar en este tipo de golpe.
La mano estadounidense
El financiamiento de instituciones íntimamente conectadas al establishment político de los Estados Unidos a organizaciones de la llamada “sociedad civil” y ONGs de Nicaragua es conocido de antaño. La denominada Nica Act aprobada por el Congreso estadounidense, y propulsada por Ileana Ros-Lehtinen y Albio Sires (del lobby anticubano y antivenezolano de la Florida), da rienda suelta a que el presupuesto de Washington se asigne a grupos supuestamente no partidistas en el país centroamericano.
Nada más, en 2016, la USAID entregó 31 millones de dólares a los antisandinistas en ONG y otros grupos para “desarrollar las capacidades para la defensa de la sociedad civil”. Ese dinero pudo haber sido usado para “promocionar foros y actividades académicas, pero también para dar asesoramiento en cómo enfrentar a las fuerzas de seguridad y hacer uso de bandas criminales con una presencia notoria en el país”.
La misma USAID condena las supuestas “atrocidades” hechas por el gobierno de Ortega contra su pueblo, y la Casa Blanca decidió restringir el visado a ciudadanos nicaragüenses como medida de presión diplomática y también rechazó las muertes homologándolas todas al jefe del Estado.
De la misma manera que lo hizo con Venezuela, financiando a la oposición y sus ONGs, junto a los grupos violentos tildándolos de “sociedad civil”, Estados Unidos se involucra cada vez más en el escenario nicaragüense. Un reforzamiento de la Nica Act más otras sanciones están en la mesa del Congreso gracias al cabildeo de los grupos de presión que tienen intereses en ver salir al sandinismo del poder.
Las primeras sanciones producto del golpe de color en curso son a individuos funcionarios nicaragüenses, no especificados aún por Estados Unidos, pero a quienes se les acusa de “violar los derechos humanos”. Es el primer paso para escalar en ese tipo de agresión económica-financiera. El manual del golpe suave actualizado está siendo usado a cabalidad.
¿Defensa civil o ejército mercenario?
Las técnicas y armas usadas en las protestas violentas de la oposición en Nicaragua guardan profundas semejanzas con las de Venezuela durante 2017. Un ejército mercenario de carácter terrorista, como lo declarara en su momento el general Vladimir Padrino López, nacía a los ojos de todos los venezolanos.
En Nicaragua ocurre de manera similar. Se trata de grupos entrenados para afrontar un choque contra las fuerzas de seguridad, producir incendios en infraestructuras gubernamentales y hasta ataques y robo a hospitales por parte de esos contingentes beligerantes.
En Venezuela, igual que en Nicaragua en este momento, la mutación de guarimberos agrupados a células mercenarias se notó con el uso de armas de fuego y caseros con alto impacto, que atacaban en los choques con las fuerzas de seguridad o en asedios. Siempre con cierta estrategia y líderes claros (mandos únicos) a la hora de confrontar.
Esos mismos grupos han instalado una especie de estado de excepción en algunas zonas nicaragüenses. Las trancas y barricadas suponen el hecho de tomar el control de un territorio para atrincherarse en signo de “resistencia” armada, con un control poblacional explícito en el chantaje, el cobro de vacunas y las amenazas violentas.
En esas zonas se han documentado muchos casos de torturas a ciudadanos que son o “parecen” sandinistas, con una clara exaltación de la muerte sobre todo lo que huela a sandinismo. Los crímenes de odio también se han evidenciado en Nicaragua, como sucedió en Venezuela.
En los territorios tomados por los grupos mercenarios no hay ley de Nicaragua que valga, e incluso utilizan aquellas zonas para resguardar la seguridad de sus militantes luego de robos de equipos y asesinatos selectivos a funcionarios de seguridad estatales.
Prospectiva en el corto plazo
En Nicaragua se contabilizan, según la Comisión de la Verdad instaurada por la Asamblea Nacional, al menos 139 personas muertas desde que el 18 de abril comenzaran las protestas. Un número elevado tomando en cuenta la población del país y las seis semanas de beligerancia en las calles. Los recursos no parecen agotarse en la escalada de la guerra asimétrica en curso.
Los canales de diálogo y negociación que maneja el gobierno de Daniel Ortega han abierto un horizonte con respecto a los designios de Estados Unidos, con respecto a la reforma del sistema electoral supervisado por la OEA. Este movimiento dado por el ejecutivo se podría entender por el peso político-electoral que tienen los sandinistas, que obtuvieron más del 70% de los votos en las pasadas elecciones presidenciales de 2017.
Ese espacio de negociación tiende un puente para resarcir la violencia, ya que el escenario de unas nuevas elecciones podría dar la ventaja a Ortega, utilizando el aval de la OEA a su favor. En medio de esa tensión, el sandinismo baraja la carta de no promover una guerra civil, como sí lo hacen la Alianza Cívica y la Conferencia Episcopal, cuyo apoyo a los grupos violentos es reconocido en toda Nicaragua.
En estos momentos, el balance de estos 52 días conlleva una tragedia de muertos y heridos por montón y una posible confrontación armada directa, ya en ciernes en estos momentos en Nicaragua.
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Fotografía: NicaLeaks
