Jorge Salazar García. 13/11/2018
Allá por los últimos días de este mes, algunos ciudadanos víctimas de la aplicación distorsionada de Ley, exigirán al gobernador Yunes Linares atienda los casos más rezagados o nunca atendidos durante su administración. Paralelamente, intentarán entregar los expedientes al gobernador entrante de MORENA, cuando AMLO venga a Veracruz (2 de diciembre) y declare al Estado afectado por una crisis humanitaria. Se espera de Cuitláhuac un tratamiento justo a los asuntos que le presente la gente. Él no ignora su deambular por oficinas, tribunales y juzgados buscando esa Justicia negada por los funcionarios Yunistas. Sí el nuevo gobernador es un convencido de la cuarta transformación; entonces es posible desempeñe un gobierno cercano a la gente, con humildad, sin prepotencias, donde la Justicia prevalezca sobre criterios legalistas. Es a él a quien, por ser el máximo representante político del Estado, le corresponde asumir la responsabilidad por los daños causados desde las instituciones. Por su parte, el licenciado Yunes podría reivindicar un poco su mal gobierno focalizando debidamente los expedientes durante la entrega recepción.
Habría que recordar desde cuándo la manera antidemocrática de ejercer el Poder viene provocando el desastre humanitario actual. Tal origen puede encontrarse en la alianza (1982-1988) del poder político con el económico, cuando las instituciones se sometieron a un pequeño grupo de grandes empresarios a quienes la JUSTICIA SOCIAL les importó un carajo. Eso fue evidenciado por Salinas, cuando en un arrebato de sinceridad dijo que “NI VEIA NI OIA” a quienes exigían justicia. Incluso, su propio candidato intentó interceder por ese pueblo con “ hambre y de sed de JUSTICIA”…, “agraviado por los abusos y excesos del PODER”[1]. Otra prueba más de ese secuestro de las instituciones la dio Vicente Fox cuando expresó que su administración era un gobierno “de los empresario y para los empresarios” a los cuales sirvió eficientemente durante su sexenio. Posteriormente Felipe Calderón es encumbrado para contener el descontento generalizado; saca el ejército a las calles, simula confrontar a un desenfrenado crimen organizado y convierte el territorio en panteón y llena de terror y dolor el corazón de miles de mexicanos. El clímax de la IMPUNIDAD se alcanza con la cleptocracia de Peña Nieto. Durante su gestión se practicó una política de criminalización contra todo reclamo de justicia y de encubrimiento a delincuentes.
Después de haber transcurrido 5 sexenios de neoliberalismo, quedan pocos mexicanos que no haya sido objeto de abusos. Por esta causa, ahora que el presidente electo ha prometido NO utilizar la fuerza policiaca o militar para reprimir a quien pide JUSTICIA, miles irán saliendo a las calles para ser vistos y escuchados. Ojalá y los colaboradores del nuevo gobierno estatal se pongan la pilas y actúen con sensibilidad y honestidad; de lo contrario, la desesperanza regresarán al alma de quienes no desean tener más alternativa que el olvido. Por supuesto, atenderlos debidamente no será fácil debido a que las estructuras que protegen los intereses económicos particulares están intactas y algunos de sus aliados estarán incluidos en la administración naciente. Estos gatopardistas no tendrán reparo en mentir para conseguir sus propósitos ($) y destruir la confianza depositada en el proyecto de la 4º transformación.
De cualquier modo, deben recordarse las cuatro obligaciones asumidas por México con AGA[2] que son: ejercer un gobierno con transparencia, combatir la corrupción, evitar la interferencia de intereses económicos en el ejercicio de políticas públicas y permitir una fuerte participación de la sociedad civil.
Demandar que así sea, es coadyuvar a la implementación de formas democráticas y auténticas en el arte de gobernar.
[1] Discurso de Luis Donaldo Colosio, pronunciado el 6 de marzo en el monumento de la Revolución.
[2] Alianza para el Gobierno Abierto https://www.sinembargo.mx/06-11-2018/3493933
