Por: Jorge Elbaum. 31/10/2022
El último 12 de octubre, con cuatro días de antelación al XX Congreso del Partido Comunista chino, la administración de Joe Biden difundió su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, por su sigla en inglés). El documento es una actualización de la doctrina trazada en 2017, durante el gobierno de Donald Trump, en la que se plantea por primera vez el fin de la posguerra fría y, a la vez, se postula el concepto de hegemonía imperfecta, eufemismo con el que se pretende disimular la caída relativa del poder estadounidense a nivel global.
El documento de 48 páginas difundido por la Casa Blanca esboza un retorno solapado a la doctrina de la contención estratégica, ideada por George Kennan luego de la Segunda Guerra Mundial, orientada a aislar a la Unión Soviética de la mayor cantidad de países posible del resto del mundo. Esa configuración, desarrollada desde 1947 por el gobierno de Harry Truman, se autoasignó el rol de gendarme global y motivó en América Latina y el Caribe la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, para evitar la propagación de experiencias políticas como la cubana. En la nueva doctrina, la administración de Biden busca impedir la multipolaridad planteada por la emergencia de China como potencia económica global, y la resistencia de la Federación Rusa a ser amenazada en su seguridad por parte de la OTAN.
La estrategia estadounidense se difundió intencionadamente antes del XX Congreso con la intención de restarle protagonismo a Xi Jinping, titular del Partido Comunista chino, que condujo las deliberaciones del cónclave desde el 16 al 22 de octubre en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en Beijing. En las sesiones participaron 2.296 integrantes. Dichos congresistas votaron a los 200 miembros del Comité Central y reeligieron a Xi para un periodo de cinco años. A su vez, los miembros del Comité Central fueron los encargados de designar a los 25 miembros del Buró Político y a los nueve del Comité Ejecutivo, el órgano decisorio más encumbrado de la República Popular.
Las orientaciones de política exterior estadounidense –en la presente NSS y en las precedentes– son definidas por programas de seguridad nacional y configuradas desde una perspectiva de contención, conflicto y competencia. Como contrapartida, las políticas internacionales de Beijing, planteadas en los diferentes congresos partidarios, se sustentan en los conceptos articulados de cooperación y complementariedad. Mientras Washington habla de un necesario enfrentamiento a las “potencias autocráticas”, Beijing postula una modernización capaz de “emprender una nueva expedición de construcción integral de un país socialista moderno [con la] formación concreta de los modos de producción y de vida ecológicos, limitando las emisiones de carbono y configurando un entorno ecológico para cumplir el objetivo de construir una China bella”.
En agosto, Beijing –a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi– anunció la condonación de 23 préstamos otorgados a países de África en los últimos años. En el período que va de 2000 a 2019, el gobierno chino ha perdonado un total de 3.400 millones de dólares que fueron invertidos en obras de infraestructura. El anuncio fue hecho en el Foro de Cooperación China-África (FOCAC), en Beijing. Esa es una de las razones por la que la NSS califica a la República Popular como el “desafío geopolítico más importante” que puede llegar a reconfigurar el mundo, en el marco de patrones diferentes a los planteados/exigidos por Washington.
Beijing –dice textualmente el documento firmado por Biden– “es el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional, y cuenta cada vez más con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo”. Para evitar que China participe de esa reconfiguración global, Washington lo ubica en el grupo de actores malignos que buscan establecer contactos, nexos y alianzas con otros países. En ese marco, el documento plantea dos tipos de desafíos: (a) los estratégicos, que postulan como enemigos a Rusia y China, y (b) los transversales o transfronterizos, ejemplificados por los problemas ambientales, los pandémicos, la inseguridad alimentaria, el terrorismo y la inflación estructural. Para el primer desafío, Washington dispone de un presupuesto de defensa de 800.000 millones de dólares, que casi triplican los recursos gastados por Beijing.
Geopolítica de guerra
El documento difundido por el Departamento de Estado cuenta con un párrafo revelador respecto a este paradigma: “La competencia estratégica es global, pero evitaremos la tentación de ver el mundo únicamente a través de una lente competitiva y comprometeremos a los países en sus propios términos”. Esto se relaciona en forma directa con otro de los capítulos orientativos de la Estrategia: la apelación a “invertir en las fuentes y herramientas subyacentes del poder y de influencia estadounidenses”, lo que Joseph Nye definió como poder blando, a ser desarrollado a través de dispositivos de influencia cognitiva.
El programa –que se operativizó inicialmente durante la administración de Donald Trump– supone una forma de desglobalización, entendida como ruptura de las cadenas de valor, una mayor presencia de los Estados en la orientación productiva, la reimposición de barreras comerciales transfronterizas, la relocalización –retorno doméstico– de las empresas, y la configuración flexible de bloques ligados a Washington o Beijing, definida como desacoplamiento progresivo. Esto supone progresivos grados de desconexión, capaces de aislar tecnológicamente a China, cuidando que ese divorcio no dañe los intereses de las trasnacionales residentes en Norteamérica.
Una de las batallas más subrayadas en el documento por la NSS es la que remite a la geoeconomía y a su centro neurálgico, la ciberseguridad. El programa de la Casa Blanca se propone un mayor control de las cadenas de suministro tecnológico, sobre todo las relativas a los microprocesadores. Para ese objetivo se propone promover la innovación tecnológica, limitar la dependencia extranjera, generar articulaciones con empresas de software y sabotear la investigación científico-tecnológica desarrollada por los actores malignos.
En 2014 el director ejecutivo de Cisco Systems, John Chambers, pidió en una carta pública dirigida a Barack Obama que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) dejara de interceptar los productos de la empresa para espiar a los clientes extranjeros. En la última semana, la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio anunció la prohibición de exportar a China equipos utilizables en la configuración de semiconductores aptos para ser utilizados en aplicaciones militares.
Las referencias de la NSS respecto a Latinoamérica y el Caribe aluden a que “ninguna región impacta más directamente a Estados Unidos que el Hemisferio Occidental”, fórmula con la que denominan a las Américas. Para impedir los vínculos de los distintos países soberanos con el nuevo Eje del Mal, se postula la necesidad de dar continuidad al aislamiento de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Con ese cometido, el Comando Sur ha difundido el concepto de disuasión integrada, en el marco de la XV Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), realizada en Brasilia en julio pasado. En ese espacio se buscó imponer los valores compartidos e intereses mutuos –dispuestos de forma arbitraria y unilateral– sobre los cuales se deberán llevar a cabo las exclusiones y persecuciones de los países, partidos políticos o referentes sociales díscolos, potenciales aliados o socios de los actores malignos.
Para el secretario de defensa Lloyd Austin, la disuasión integrada exige “combinar nuestras fortalezas para lograr el máximo efecto” y coordinar “recursos y conceptos operativos entretejidos”, aptos para enfrentar las “actividades dañinas que conducen a promover sigilosamente sus objetivos coercitivos, corruptos y autoritarios, como los que promueve Rusia en la región, para que las Américas puedan permanecer estables y seguras… y neutralizar la coerción de los rivales”. Para Austin, es imprescindible priorizar la presión diplomática y los dispositivos blandos por sobre la intervención militar directa: injerencia institucional y comunicacional en vez de un Plan Cóndor de desapariciones forzadas.
El último 14 de septiembre se realizó en Quito la Conferencia Sudamericana de Defensa, de la que participaron once países. A pesar de ser un evento latinoamericano, la jefa del Comando Sur, Laura Richardson –invitada por los organizadores– tuvo un rol estelar catalogando el “avance de China como un problema de seguridad nacional”, razón por la cual “debemos trabajar juntos como un equipo, jugando en nuestras respectivas posiciones de manera armoniosa y altamente efectiva (…) Esta región es muy rica en recursos, el triángulo del litio está en esta región. China está en esta región, está para socavar a los Estados Unidos. Con toda la desinformación de Rusia Today (RT) y Sputnik Mundo… es muy preocupante”.
La NSS considera que existen en la región poderes autocráticos más pequeños, que están actuando agresivamente y que comprometen, con su accionar, la estabilidad regional y global. Entre ellos, categorizan en forma taxativa al nacionalismo y el populismo –y por ende a sus máximos referentes políticos– como los responsables de impedir un acuerdo de trabajo contra los malignos. Una alianza, subraya la NSS, que debe reconocer como propio el valor estadounidense de la “democracia, la libertad y los derechos humanos”.
A pesar de estos antecedentes, en Latinoamérica todavía pululan pensadores, pseudo-periodistas y atribulados intelectuales que se interrogan, más o menos compungidos, sobre cómo fue posible que hayan intentado asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.
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Fotografía: La pluma
