Por: María Silvia Guillén. Abogada y defensora de derechos humanos. 12/04/2023
La comunidad Santa Marta, en el municipio de Victoria, departamento de Cabañas, es una repoblación de exiliados del conflicto armado en El Salvador, quienes buscando escapar de la represión gubernamental se refugiaron en Mesa Grande, Honduras. Entre 1987 y 1992 regresaron a refundar su comunidad.
La Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) es una organización no gubernamental sin fines de lucro, creada con el objetivo impulsar el desarrollo integral de Santa Marta y comunidades aledañas; es la responsable de la gestión de fondos en la cooperación internacional para proyectos de salud, educación, vivienda, infraestructura comunitaria. Está radicada en Guacotecti, Cabañas.
Los pobladores de la comunidad han sufrido todo tipo de atropellos a su vida e integridad personal y a sus derechos económicos, sociales y ambientales:
- Sufrieron represión antes y durante el conflicto armado, que fue la razón por la que se exiliaron;
- Al regresar, con el apoyo de iglesias, organizaciones y embajadas de países europeos, Canadá y Estados Unidos, compraron los terrenos donde se asentó la comunidad y construyeron infraestructura necesaria para el desarrollo social y económico de su población. No obstante, en una de esas compraventas la comunidad fue estafada y años después apareció quien dijo ser la verdadera dueña; la comunidad entera empezó, entonces, la defensa de su territorio, dijeron: “hasta morir si es necesario”, en varios años de lucha por el reconocimiento legal de lo que legítimamente es suyo;
- La comunidad se ubica en un departamento donde hay yacimientos de minerales preciosos y esa realidad ha traído consigo una pesadilla legal, política, económica y social. Los terratenientes de la zona, las autoridades municipales y departamentales, así como el gobierno central, interesados en el gran negocio, autorizaron a una empresa canadiense para la exploración minera, sin tener en cuenta las consecuencias que la minería traería a los territorios y a los pueblos en los que se desarrolla, y el impacto en la vida y la salud de las personas, en los mantos acuíferos y en el agua que es fuente de la vida. Como siempre, se privilegió el lucro sobre los derechos humanos de la población.
Ante esta realidad se inició una lucha tenaz para evitar el desarrollo de los proyectos mineros, liderada por la comunidad Santa Marta y ADES, una lucha que trascendió el departamento de Cabañas y se convirtió en un rechazo a nivel nacional ante la conciencia del impacto que esa actividad tendría en las fuentes de agua, de suyo ya contaminadas y con escaso caudal. Una lucha a nivel nacional, bajo el fuerte liderazgo comunitario.
Las consecuencias fueron personas asesinadas, desaparecidas, torturadas; ¿cómo olvidar el caso de Marcelo Rivera, quien se convirtió en el símbolo de la lucha por la vida contra el poderoso mercado transnacional? Pero hubo otras víctimas mortales, mujeres y hombres valientes, como Dora Sorto y Ramiro Rivera, que ofrendaron su vida en el altar de la dignidad.
La tenacidad y la necedad por la defensa de la vida dio resultado, pues la empresa canadiense finalmente no obtuvo el permiso de explotación. No fue fácil, fue una tarea de años, donde se juntaron esfuerzos nacionales e internacionales, a ese grupo de personas valientes e insobornables. Así se logró la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, por Decreto Legislativo No. 639 del 29-03-2017. No obstante, siempre se dijo que, mientras no se incorporara la prohibición al texto de la Constitución, la amenaza de su reactivación estaba latente o que -incluso- la ley prohibitiva podría eser revertida.
Entre los graves problemas que se han tenido está el hecho de enfrentarse a la demanda presentada por la transnacional canadiense-australiana Pacific Rim/Ocena Gold. Sin embargo, se logró una resolución favorable para el Estado salvadoreño en octubre de 2016 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Esto libró al país de pagar 250 millones de dólares, monto que la empresa minera exigía como “indemnización” por habérsele negado el permiso de explotación de la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas.
Lo anterior dice de una comunidad organizada y aguerrida en la defensa de sus derechos humanos, que con el apoyo de la ADES, ha tenido logros importantes que han hecho de ella una demostración de que se pueden generar condiciones de vida diferentes para la población, donde impera la solidaridad, el respeto a las infancias, las adolescencias, pero también a las mujeres y a las personas mayores. Es impresionante el acompañamiento a las viudas, a las y los huérfanos, en una lógica de que “si yo tengo, todas y todos tenemos”.
Sin duda, “es otro mundo”, que no es del agrado de muchos, en especial de aquellos que consideran que Cabañas es un departamento donde la compra y venta de todo, y de la forma que sea, es la constante; y donde la ausencia de institucionalidad es evidente y la poca que hay, está y ha estado, al servicio del poder económico y político.
La lucha comunitaria ha sido por la vida, por la naturaleza y el medio ambiente, por mantener su estilo de vivir su comunidad, por el respeto a sus derechos humanos; una lucha cotidiana, constante y sin tregua. Más aún cuando con la llegada del gobierno de turno hay claras e incontrovertibles evidencias que de nuevo se busca sobreponer el mercado ante la vida y la salud de los pobladores; se evidencia una grave amenaza sobre la población salvadoreña de todo el país, dado que hay evidencias incuestionables de la intención de reactivar la minería en El Salvador:
Esas claras evidencias se manifiestan, así:
- En mayo de 2021 el presidente de la República incorporó a El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, IFG, que -según su página web- “apoya a los países comprometidos con el aprovechamiento de la minería para el desarrollo sostenible”.
- Personeros de IFG visitaron El Salvador en 2021 “como parte de una asistencia técnica para coadyuvar al desarrollo económico mediante el aprovechamiento del potencial minero que posee el país”, según publicaron algunos medios de comunicación.
- En octubre del 2021 se aprobó la nueva Ley de Creación de la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas, cuerpo legal en el que se dejan explícitas las competencias para la concesión de exploración y explotación de recursos minerales.
- El presupuesto estatal de 2023 incluye una partida de 4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar la ley que prohíbe la minería metálica”. lo cual es una señal más clara de que la prohibición de la minería podría ser revertida.
- Personas desconocidas, que se presentan como asesores peruanos, han llegado a algunas comunidades de Cabañas, principalmente del municipio de San Isidro, con la pretensión de comprar o alquilar terrenos en cuyo subsuelo yacen minerales preciosos.
- Se ha tenido información que alcaldes de la zona han recibido indicaciones de tener una actitud colaborativa con la reactivación de la minería.
Todas estas acciones gubernamentales dejan en evidencia la intención de reactivar la explotación minera en nuestro país. Ante esas preocupantes señales, Santa Marta y ADES empezaron a reorganizar la resistencia comunitaria en Cabañas, a alertar al país sobre la nueva amenaza minera y a buscar diálogo con la UCA, la Iglesia Católica y otros actores para exigir conjuntamente que se mantenga la prohibición de la minería metálica.
Es en este contexto, que el pasado 11 de enero, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC), apoyados por militares, capturaron a tres líderes de la comunidad Santa Marta y a dos representantes de ADES. Se les acusa de privar de libertad y luego asesinar a una persona en 1989, en el tramo final de la guerra civil de El Salvador.
¿Será que con esta acción el Estado quiere enviar un mensaje de que tiene interés en hacer justicia a las víctimas de los crímenes cometidos durante el conflicto armado? No. Nada más alejado de la verdad. Esto no es más que otro atropello a la dignidad de las víctimas, ya que, buscando esta justificación para capturar a las personas, los funcionarios no han hecho más que irrespetar de nuevo la seriedad de la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Durante la actual gestión gubernamental las instituciones se han esforzado por profundizar la impunidad y dar garantías de que los criminales no tendrán castigo; algunos ejemplos emblemáticos:
- Se debilitó, por no decir que se desmontó, el proceso judicial de los crímenes cometidos por las fuerzas armadas en el caserío el Mozote y lugares aledaños, en Morazán; que era quizá el único caso judicial que estaba siendo seriamente tratado por un juez valiente y que daba visos de estar buscando la verdad de lo ocurrido en la masacre más sangrienta y atroz de América Latina.
- Se han negado a revisar y estudiar el proyecto de ley que abriría la puerta a la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado y sus familiares.
- El hecho de que el presidente de la República niegue públicamente que hubo una guerra civil en El Salvador y que está dejó miles de personas asesinadas, violadas, secuestradas, torturadas y desparecidas, dice también del poco respeto que se les guarda y de la burla irreverente que se hace de una dura realidad que el pueblo salvadoreño no quisiera repetir.
Venir, entonces, a aducir que se captura a un grupo de luchadores sociales, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos de toda la población, por un crimen cometido dentro del marco del conflicto armado es una aberración vergonzosa, peligrosa y falaz; es nada más un intento de engañar a la población.
De lo que se trata, sin duda alguna, es de poner un alto a la sola posibilidad de que, de nuevo en Cabañas, concretamente en la comunidad Santa Marta y en ADES, se alerte a la población y se genere una estrategia de lucha contra la amenaza a la vida de todo el pueblo ante la inminencia de la reactivación de proyectos mineros en El Salvador.
Pareciera que, a criterio de los intereses oscuros que existen en nuestro país, Santa Marta y ADES tienen por lo menos dos pecados capitales:
- Han demostrado a El Salvador entero que su forma de vivir en comunidad, de compartir, de tener como norma de vida la solidaridad, de ir adelante en todo lo que sea favorable a sus habitantes, y librar sus luchas hasta ganarlas, abre una posibilidad real de que “otro mundo sí es posible”.
- Su conducción de la lucha contra la minería les ha vuelto peligrosos, pues son inclaudicables en su respeto al agua, al aire que se respira, al medio ambiente, a la naturaleza, a la vida del pueblo salvadoreño.
Sí, indudablemente, esa Comunidad y su Asociación se han vuelto peligrosos para quienes tienen como prioridad principal el mercado, el lucro y la ganancia, sobre la vida y los derechos humanos del pueblo salvadoreño. Debemos tener claro que perder en esta lucha, contra la explotación minera, será una pérdida para todo El Salvador.
Esta es la verdadera razón de las capturas: no quieren resistencia en el camino para reactivar la explotación minera. En esta cruzada nos estamos jugando principalmente el Río Lempa, columna vertebral de la vida o la muerte para el país.
La falacia que se ha montado ha quedado demostrada en el proceso judicial que se les sigue a las personas detenidas, el cual es carente de toda prueba; el caso es de una debilidad jurídica vergonzosa; se ha llegado al colmo de no poder demostrar siquiera, la existencia del delito que dicen que cometieron, en consecuencia, no hay forma de probar la participación de los detenidos. Si no existe plena prueba de la existencia de un delito, como consecuencia lógica, no existe responsabilidad penal para ninguna persona.
El 19 de enero el Juzgado de Paz de Victoria decretó detención provisional por seis meses y el 8 de febrero el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque denegó la petición de medidas sustitutivas a la detención y ratificó la presión preventiva, a pesar del delicado estado de salud de algunos de los detenidos que padecen enfermedades crónicas y que, además, no existe ningún riesgo de fuga.
El 14 de febrero, la defensa legal presentó un recurso de apelación ante la Cámara Penal de Cojutepeque con el propósito de anular el caso por falta de pruebas o -al menos- revertir la prisión preventiva para que los detenidos continúen el proceso en libertad. Dicho recurso no ha sido resuelto porque la Fiscalía impugnó a uno de los magistrados de la referida Cámara.
Santa Marta-ADES es uno de los más emblemáticos casos de víctimas de una realidad constitucional y judicial en El Salvador, donde se ha perdido la independencia judicial, la presunción de inocencia, las garantías del debido proceso y con ellas, el juez natural. Según opiniones de juristas y expertos en derechos humanos, hoy por hoy, las resoluciones judiciales, esas que son producto de juicios políticos, son decididas en Casa Presidencial.
Sí es importante destacar que aún hay algunos pocos jueces y juezas valientes, independientes y sometidos a la Constitución y la ley; pero lamentablemente este caso no fue revisado por ninguno de ellos.
Mi solidaridad con la Comunidad de Santa Marta, con ADES y con los compañeros detenidos injustamente. Mi reconocimiento y respeto, a tres meses de su captura.
Fotografía: diariocolatino
