Por: Fabiola Chambi. 15/09/2024
Se cumple una década de la masacre de Ayotzinapa sin que los responsables hayan enfrentado la justicia. La inacción de los gobiernos en develar la verdad hace pensar en un pacto de silencio para encubrir la responsabilidad de un Ejército cada vez más intocable.
En la agonía de su mandato, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reconoce que el caso Ayotzinapa sigue siendo su asignatura pendiente e incluso ofrece recompensas para quienes den información mientras aún esté en el poder. Pero su discurso choca con el muro de una década de mentiras, manipulación e impunidad.
Las familias de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, municipio del estado de Guerrero, el fatídico 26 de septiembre de 2014, ya no quieren saber de promesas. Solo buscan la verdad, aunque no vendrá desde el gobierno. Mario Gonzáles, padre de César Manuel Gonzáles Hernández, está convencido: “El presidente se volvió mentiroso y estuvo del lado del Ejército, los defendía a capa y espada”.
Don Mario, como le dicen todos, recuerda que las líneas de investigaciones avanzaban hasta 2022, pero cuando comenzaron a señalar el nivel de involucramiento de las Fuerzas Armadas “se cayó todo”. En un desolador informe para las madres y padres, el 8 de julio de 2024, el presidente López Obrador exculpó al Ejército argumentando que mas bien existe un “afán de venganza de personas o instancias del extranjero para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano”.
Los intentos de expertos y organismos internacionales por avanzar en las indagaciones sobre el Ejército fueron vanos, a pesar de que incluso documentaron encubrimiento masivo, torturas a sospechosos y manipulación de las pruebas. En un momento clave, el Estado blindó a los militares. La relación cada vez más cercana del Ejército con el Gobierno se evidenció cuando comenzaron a asumir tareas antes desempeñadas por civiles, como por ejemplo construir megaproyectos, administrar programas de bienestar y recaudar ingresos aduaneros, entre otros.
Tyler Mattiace, investigador para México de Human Rights Watch, explica que “cuando la investigación tocó intereses del Gobierno y tocó a personas poderosas, el apoyo gubernamental desapareció”. Por eso evalúa la situación como decepcionante porque “es una muestra de lo complicado que es desenredar o entender las redes de corrupción, criminalidad e impunidad que existen en México y que involucran a actores de la delincuencia, al Ejército, al Gobierno federal y gobiernos locales”.
Forzados a aceptar “verdades”
Con los años, el recuento de los hechos ha fortalecido una radiografía del terror. Todas las preguntas sin respuestas son heridas abiertas para las víctimas que aún resisten en pie.
Mattiace considera importante entender lo que se busca con el caso Ayotzinapa. “Si mañana aparecen los 43 estudiantes vivos en el Zócalo, las investigaciones deben seguir porque no se trata solamente de dónde estaban ni qué les pasó, sino de quiénes estaban involucrados en los diferentes niveles. Ahí claramente las preguntas son: ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto sintió la necesidad de encubrir la verdad e inventar una verdad falsa? ¿Qué intereses fueron afectados con la posibilidad de una investigación verdadera? Y lo mismo para este gobierno”.
La denominada “verdad histórica” presentada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, luego de una investigación de la Procuraduría General de la República, apuntó a los policías municipales de Iguala como los responsables de entregar a los estudiantes al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron al confundirlos con sicarios de la banda rival Los Rojos. Según esa versión, incineraron sus cuerpos en el basurero municipal para posteriormente lanzarlos al río San Juan de Cocula, en el mismo estado de Guerrero. Esta historia oficial que quiso dar por cerrado el caso se desmoronó fácilmente con pruebas de peritos, investigadores independientes y reporteros locales, que fueron saliendo a la luz.
En una reciente revelación del diario El Universal se conoció puntualmente que el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hoy en Israel prófugo de la justicia, responsabilizó a Peña Nieto de “armar la verdad histórica”. En un cuestionario de 70 preguntas dirigido a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Zerón admite que tanto él como el exprocurador Jesús Murillo Karam recibieron instrucciones del ejecutivo para dar esta versión a los medios.
En 2022, el Gobierno mexicano ya se había pronunciado sobre el caso para concluir que fue un “crimen de Estado” con responsabilidad del más alto nivel. Pero aún ante estas nuevas luces, López Obrador jugó hábilmente con sus palabras: “Si la Fiscalía considera que se puede y se debe, hay elementos para llamar a declarar al expresidente Peña, depende de la Fiscalía hacerlo, nada más que se me hace del señor Zerón muy truculento el que ahora esté echándole la culpa al presidente Peña”, dijo.
El quiebre entre el presidente de las promesas y las familias esperanzadas es definitivo. López Obrador buscó ponerle llave al caso con la entrega de un archivo militar con 15 documentos, cuando en realidad las familias reclaman 800 folios que podrían ser claves. Si bien hay procesos abiertos y militares implicados, el estancamiento en la investigación es real y doloroso. Sin interlocutores válidos e independientes, no hay forma de que avance.
Las piezas no terminan de encajar. Sea con uno u otro presidente, los hechos dejan claro que administrar verdades a conveniencia fue más bien su objetivo. “Aunque nos hayan querido engañar aún está la lucha por encontrar la verdad, no tenemos otra. No podemos renunciar a nuestros hijos, tenemos dignidad y con los compañeros hemos coincidido en que debemos continuar, sin importar qué nos pase a nosotros”, señala don Mario.
Hasta ahora, los restos de dos de los 43 estudiantes han sido identificados. Uno de ellos perteneciente a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, de quien encontraron un hueso de pocos centímetros. Su padre Clemente está convencido de que “una persona puede vivir sin una parte del cuerpo”. Ese es el nivel de compromiso de las familias para no desistir.
La interminable historia de las desapariciones
Para la periodista y productora mexicana Vania Pigeonutt, Ayotzinapa es un caso emblemático que le dio la vuelta al mundo, pero también una consecuencia de la impunidad que, 50 años después, sigue permeando territorios de violencia. “Estamos hablando no solo de la época insurgente de las guerrillas, sino del México actual (…) Hay inseguridad pero también pobreza estructural en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y otros estados que comparten cómo la violencia se expande y el fenómeno se queda”.
Según cifras oficiales, en México hay más de 115.000 personas desaparecidas y la mayor parte desde 2006, un periodo que coincide con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En esta problemática sinfín, la ONU identifica como los principales retos la incapacidad institucional, la crisis forense, y la inseguridad a la que se enfrentan los defensores de derechos humanos y las personas buscadoras.
Pigeonutt, también coautora del libro “Ayotzinapa, la Travesía de las Tortugas“, conoce de cerca la realidad de las familias que han dedicado los últimos años a buscar verdad y justicia. Cuando vivía en Guerrero –hoy está radicada en Berlín– se dedicaba a cubrir crimen organizado y derechos humanos y fue una de las primeras en recibir llamadas que alertaban sobre la desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014. Este hecho impactó con fuerza su vida desde entonces.
“Una de las primeras imágenes que vimos fue a madres cargando las fotografías de sus hijos en el pecho. Ahí en medio de esa cancha emblemática de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde ya después se levantó todo un memorial. ‘Ellas nos decían ¿dónde está mi hijo? Tú me tienes que ayudar a recuperarlo’. Con una desesperación que nunca había visto en la vida. Simplemente tú no puedes hacerte a un lado ante ese dolor”, explica.
“La impunidad como regla”
Según un reciente estudio de percepción de la organización Impunidad Cero, en México no existe confianza en las autoridades ni en el proceso de denuncia. Además el 45%, casi la mitad de las personas encuestadas, considera que el nivel de impunidad se ha mantenido, mientras el 42% señala un incremento y solo el 10% ve una disminución. Un 22% apunta como principal causa a que las autoridades están coludidas con los delincuentes.
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No solo respecto a este caso, sino con todas las denuncias que involucran derechos humanos, el investigador de Human Rights Watch ve “un sistema judicial muy disfuncional y difícil como para que el mexicano promedio pueda acceder a la justicia y esperar que el Estado cumpla con sus obligaciones y responda con la verdad”.
Esa rendición de cuentas está condicionada a la voluntad política del gobierno de turno y por eso ha resultado tan maleable. Los hechos que se reportan cada día son prueba de ello. “Eso no solo aplica para México. Es una cuestión importante en muchos países de la región donde el Estado ha cometido abusos, hay presencia de crimen organizado y donde ha habido colaboración entre los criminales y el gobierno. Si no se puede ni siquiera reconocer abusos que sucedieron en el pasado es imposible una rendición de cuentas por lo que sucede en la actualidad”, dice Matiacce.
La historia de padres que buscan a sus hijos no solo sucede en México, es un drama universal. Lo entiende bien Paula Mónaco, periodista independiente de amplia trayectoria y autora del libro “Ayotzinapa, horas eternas”. Como hija de padre y madre desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina, considera que afrontar esta problemática no solo pasa por una exigencia al Estado, sino por un combate desde todos los flancos.
“Este caso llega a 10 años sin resolverse en sus puntos más fundamentales y me deja esa sensación triste y terrible de la imbatible impunidad en México y en muchos de nuestros países. Pero también otra certeza, de que la memoria de los pueblos es una apuesta larga, muchas veces cansada y también fértil. Nos volcamos a la calle a pensar, a hablar, a documentar. Aunque pareciera que Ayotzinapa no cambió nada en la historia, yo siento que sí”.
Para Mónaco, Ayotzinapa fue una suerte de ejemplo perfecto de todo lo que se puede descomponer cuando el Estado y el crimen organizado están fundidos. Su experiencia al documentar las problemáticas criminales de México, la llevan a asegurar que la “impunidad es una regla”.
“Las Fuerzas Armadas y otros actores intocables del poder político, quienes eran altos funcionarios en ese momento, firmaron documentos y dictaron órdenes, no han sido ni siquiera investigados en la mayoría de los casos. Entonces el mensaje es que la impunidad sigue siendo la regla en nuestro continente”, asegura.
Mantener los procesos de memoria respecto a las desapariciones forzadas ha ido transformando a la sociedad mexicana y latinoamericana, que hoy es más consciente de su rol y de los cambios que pueden procurar.
El muro del silencio ha marcado el sexenio del presidente López Obrador, que dejará el poder el 30 de septiembre. Cuatro días antes, y como todos los años desde 2014, los padres y madres de los desaparecidos saldrán a las calles a gritar y recordar que aún faltan 43. Porque como dice su consigna “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
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Fotografía: Connectas
