Por: Norberto Soto Sánchez. Psicólogo y Maestro en Educación por la UAS. Doctorante de la UPN Ajusco. Interesado en temas de violencia política en educación superior.
El jueves 13 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina, fue interpelado por una periodista sobre el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La comunicadora le preguntó al mandatario si no habrá algún diálogo entre el gobierno federal, el estatal y las autoridades de la institución educativa, para atender el conflicto que en dicha universidad existe desde hace ocho meses, el cual la tiene sin “rector titular” debido a que Jesús Madueña Molina, quien ocupaba formalmente el cargo, fue removido por un juez a finales del año pasado ya que enfrenta múltiples procesos legales por hechos que presuntamente tienen que ver con un desfalco a la UAS que asciende a más de 700 millones de pesos.
La inquietud de la periodista derivó de que hace algunos días se anunció que un juez impuso a Madueña Molina una multa de dos millones de pesos como garantía económica por desobedecer la medida cautelar que le mantiene separado de sus funciones como rector. La justificación del juez tiene que ver con que el acusado se presentó como rector titular el viernes 7 junio al tercer informe de actividades de la administración de rectoría que él inició en 2021. En la invitación al evento se lee su nombre y el término “rector titular”. Así, a secas.
El asunto no acaba ahí. En todas las manifestaciones multitudinarias que las autoridades de la UAS han impulsado para ejercer presión política en las calles y que los procesos judiciales no vayan hasta sus últimas consecuencias, Madueña se presenta como rector titular. Por si esto fuera poco el acusado no ha dejado de cobrar como rector en ningún momento desde que fue removido del cargo, percibiendo mensualmente nada más y nada menos que $162 mil 666.64 pesos. Y aun así él y los seguidores del cacicazgo universitario del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda ─del que Madueña forma parte y que controla a la UAS desde hace 20 años- dicen que todo se trata de una persecución política en contra suya por ser los “defensores de la autonomía universitaria”.
A la pregunta de la periodista, el presidente se limitó a responder que se concertaría una nueva reunión entre las partes mencionadas para que haya una reconciliación “pero sin tolerar la corrupción”. Cabe mencionar que ya hubo una reunión de ese tipo a mediados de marzo. Fue un encuentro a puerta cerrada donde no hubo ninguna representación de trabajadores académicos y administrativos que hemos sido despedidos y perseguidos políticamente por negarnos a hacer activismo político para el cacique y empresario Melesio Cuén y su partido personal, el Partido Sinaloense.
En ese sentido, la “reconciliación” de la que habla Andrés Manuel no contempla a quienes hemos visto nuestros derechos laborales y humanos pisoteados por la corrupción, la antidemocracia y la violencia que ejerce el cacicazgo en comento en la universidad. Y hay que decirlo, muchos y muchas de nosotros, como trabajadores o extrabajadores UAS despedidos, no estamos interesados en reconciliarnos con quienes no solo nos han agredido a nosotros, sino también a nuestras familias, a razón de la batalla que hemos emprendido por defender nuestros derechos, por democratizar a la UAS y por terminar con la situación de superexplotación laboral que prevalece en esta institución educativa y que se relaciona íntimamente con la maquinaria clientelar del Partido Sinaloense ─de lo cual hablaré en un próximo artículo-.
Buscar “reconciliación” es algo fuera de lugar. Desviar millones de pesos de recursos públicos es un crimen que se comete contra la universidad, contra el conjunto de la sociedad, y afecta particularmente a las clases populares. Lo que debe haber es justicia: castigo a los responsables tanto de los hechos de corrupción como de las agresiones contra adversarios políticos, reparación del daño a la institución, reinstalación a despedidas y despedidos por razones políticas, pago de salarios caídos y una disculpa pública de parte de las autoridades de la UAS tanto por el desfalco como por la persecución política que se ha desencadenado contra el conjunto de trabajadores, docentes y estudiantes democráticos, así como garantía de no repetición, lo cual necesariamente debe pasar por la democratización de la institución.
Eso no se logrará sin presión de los sectores democráticos de la comunidad universitaria, los cuales, de manera independiente a todos los partidos políticos y a los tres niveles de gobierno, deberán apostar a la masividad del movimiento y a impulsar grandes acciones colectivas organizadas y potencializadas a través de procesos asamblearios de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos y de intendencia. La historia de las luchas estudiantiles corrobora esto.
A su vez debe exigirse mesas de diálogo públicas donde las víctimas del cacicazgo cuenista tengan voz y se pueda llegar a resoluciones justas y expeditas que garanticen reparación al daño que las autoridades de la UAS han cometido en su afán de sostener a la universidad-partido (simbiosis UAS-PAS).
Como bien lo dijo el profesor Inocencio Castillo a mediados del año 2021 “los caciques del PAS siguen matando maestros en la UAS” (https://acortar.link/b8sPUv). Se trata del cacicazgo universitario más violento que existe en México en la actualidad. Melesio Cuén y su séquito caciquil tienen las manos manchadas de sangre. No hay “reconciliación” posible y mucho menos justa con esa casta. Cualquier plática a puerta cerrada deja abierta la posibilidad de que se les dé un poco de impunidad, lo que significará una subsecuente embestida represiva en contra de la comunidad universitaria que se les ha opuesto. Más ahora que el cacique logró llegar a una diputación federal plurinominal por el PRI, a través de la cual fungirá en San Lázaro como un tribuno al servicio de los intereses antidemocráticos de las castas doradas universitarias del país.
Razones para la independencia política y para desconfiar de las autoridades de gobierno así como de los partidos políticos del régimen
Hay otras tres cuestiones que no hay que olvidar y que le indican a quienes estamos interesados en la democratización de la UAS ─y en general de las universidades del país- que no podemos confiar en las autoridades de ninguno de los tres niveles de gobierno: el primero de ellos es que Cuén aún tiene buena relación con el exsecretario de gobernación Adán Augusto López, la cual pueden brindarle a él y a los suyos canales de negociación a espaldas de la comunidad universitaria y de la opinión pública.
El segundo es el apoyo que el Morena y el Partido del Trabajo de hecho le dan a castas universitarias del país; ejemplo de ello está el grupo de Alfredo Femat en la Universidad Autónoma de Zacatecas, cobijado por el PT; o las diputaciones federales que el cacicazgo universitario de la familia Sosa Castelán en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha conseguido gracias al mismo partido; así como la alianza que en el reciente proceso electoral el morenismo estableció con la universidad-partido de Jalisco, me refiero al partido Hagamos.
Por último, el que Claudia Sheinbaum haya nombrado coordinador del equipo de transición al exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente es un pésimo indicador: no olvidemos que dicho personaje fue uno de los impulsores del proyecto de privatización de la Máxima Casa de Estudios del país a finales de los 90’s del siglo pasado, mismo que logró impedirse gracias a la heroica huelga 1999-2000 y particularmente a la loable, determinada y abnegada intervención que en ella tuvieron las llamadas corrientes políticas ultras del movimiento universitario a las cuales se les criminalizó, persiguió y reprimió brutalmente. Juan Ramón de la Fuente, como rector UNAM, se encargó de facilitar la operación policíaca en distintos planteles de la universidad desde mediados de diciembre del 99 para reprimir a la huelga. El operativo tuvo su punto de clímax con la toma policiaco-militar de C.U el 6 de febrero (https://acortar.link/9TtZAM), misma que llevó a la cárcel a cientos de estudiantes acusados, entre otros delitos, de terrorismo y de peligrosidad social. Integrantes del CGH Vive (iniciales de Consejo General de Huelga) han recopilado, desde 2019 al presente, cuando menos 50 testimonios de tortura cometida contra huelguistas durante las represiones del 11 de diciembre de 1999, del 1 y 6 de febrero del 2000 (https://acortar.link/XIhPJz).
Por estas razones la democratización de las universidades no puede ser confiada a las autoridades de gobierno, ni a legisladores, ni a ningún partido político del régimen burgués. El movimiento universitario sinaloense necesita inspirarse en el espíritu democrático del movimiento de Córdoba, Argentina que redactó el Manifiesto Liminar de 1918 (https://acortar.link/2qdl5d), en la combatividad y el cuestionamiento anticapitalista del movimiento universitario-popular UAS de 1970-1972 (https://acortar.link/x0Nybt), y en la determinación de lxs ultras de la Huelga UNAM 1999-2000 (https://acortar.link/jjreoc). La victoria es posible. ¡Sursum versus!
Fotografía: cnn
