Por: M. Marcos. 20/08/2023
Las cinco mayores economías de la región están lideradas por mandatarios progresistas. ¿Cómo lograron el ascenso y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan ante el empuje internacional de la extrema derecha?
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Un antiguo guerrillero con camisa blanca y sin corbata apretando la mano de una lideresa negra en Colombia. Un exlíder estudiantil de brazos tatuados, pelo revuelto y entrecejo fruncido en Chile. Un maestro rural subido a un caballo sacudiendo su sombrero chotano en Perú. Un ícono de camisetas y proclamas sindicales que emerge desde la cárcel en Brasil. Podría ser el escenario de un teatro, pero es el más reciente paisaje político que dibuja América Latina. Una mezcolanza de personajes, elegidos democráticamente, que recitan libretos de izquierda. Para la mayoría, asomarse al otro lado del telón fue un ensayo de largo aliento. Entre el público, críticos escépticos manosean tomates, dispuestos al sabotaje. La función recién acaba de comenzar. ¿Hacia dónde avanza esta nueva representación de las izquierdas?
Desde 2018, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México, seguido por la victoria de Alberto Fernández en Argentina (2019); Luis Arce en Bolivia (2020); Pedro Castillo –ahora en prisión preventiva– en Perú (2021); Xiomara Castro en Honduras (2021); y los más recientes: Gabriel Boric en Chile (2021); Gustavo Petro en Colombia (2022); y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil (2022), tiñeron de rojo el mapa de América Latina. La falta de sincronía entre ellos expone una amplía gama carmesí. “Yo no hablaría de un giro a la izquierda. Hubo un giro a la izquierda en torno a los años 2000, cuando Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Lula da Silva. Yo lo leo más como un desgaste de la derecha”, señala el escritor e investigador uruguayo Raúl Zibechi sobre esta nueva ola progresista que atraviesa la cartografía latinoamericana de punta a punta.
Aunar la amalgama de fuerzas que se enumeran como izquierdistas pareciera una tarea colosal. Para Yan Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, Colombia, los retos varían en función del contexto: “En Chile es redactar una nueva Constitución. En Colombia hay desafios específicos sobre cómo puede esta izquierda, marginada históricamente, lograr gobernar y acoplarse a unas instituciones a las que nunca había podido acceder. En Brasil tienen que ver con la persistencia del bolsonarismo”.
Acto I: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Que las cinco mayores economías de la región: México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile, estén lideradas por mandatarios progresistas no es fortuito. Su entrada poco tiene que ver con aquella marea rosa socialista de principios del siglo XXI. “En la primera década del siglo había un contexto económico muy favorable para América Latina”, dice Basset, apelando al auge de los commodities y los hidrocarburos, en especial el petróleo, que permitieron generar recursos estatales para sacar a muchas personas de la pobreza.
Al contrario, en los últimos tres años, las desigualdades estructurales, la desconfianza institucional y las múltiples problemáticas sociales que estaban enquistadas salieron a flote con la pandemia de COVID-19, un terreno fértil para las movilizaciones sociales que se sucedieron en la región. “La pandemia dejó expuestos los sistemas sociales en América Latina: los sistemas de redistribución y de protección social que no han sido efectivos”, apunta Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario.
El deterioro de las garantías sociales, que hizo mella en la población más joven y empobrecida – mujeres, indígenas, campesinos y afros–, así como el descontento con las clases políticas tradicionales o el incremento de la pobreza incentivaron los estallidos sociales en Chile, Ecuador y Colombia, lo que permitió ascender a otros modelos de gobiernos. “Los jóvenes y las jóvenes de los sectores populares directamente no tienen futuro, no tienen posibilidades de un desempeño de vida ascendente como tuvieron sus padres cuando funcionaba la industria”, insiste Zibechi.
La polarización social se radicalizó con las movilizaciones “efecto de la crisis global del neoliberalismo y la globalización”, en opinión del uruguayo. Y se sumó a la brutal respuesta de la derecha para aplacar las protestas en Santiago, Cali o Bogotá, que dejaron decenas de manifestantes muertos, miles de heridos y decenas de desaparecidos durante las históricas revueltas en el país andino.
La represión policial contra la ciudadanía en resistencia motivó también la llegada de nuevos ejecutivos progresistas en países donde nunca antes había gobernado la izquierda, que lograron capitalizar politicamente esa rabia contenida. Colombia, donde casi el 10% de la población se reconoce como afrodescendiente, jamás había tenido una vicepresidenta negra. Nunca antes una mujer indígena había llegado a un ministerio en Brasil ni Chile había visto paridad política en los pasillos de La Moneda. “Los progresismos se encargaron de convencer al sector más activo del movimiento social de que la vía institucional es mejor”, demostrándole a los sectores organizados que “la vía institucional no solo está abierta, sino que es la correcta”, explica Zibechi.
Lejos quedó también, según Jaramillo, el fantasma del “castrochavismo” que serpenteaba por la región. Los ciudadanos perdieron el miedo al mito comunista, a los discursos populistas de izquierdas, y las urnas ofrecieron una segunda oportunidad a los progresismos latinoamericanos, más cercanos –en el caso de Boric o Petro– a los movimientos estudiantiles, los feminismos o el ecologismo. Zibechi ahonda: “Se debe a que vienen de trayectorias distintas, tienen una práctica democrática. No se pliegan a gobiernos autoritarios por más que puedan empatizar con sus discursos. Tienen una trayectoria completamente distinta a la de Daniel Ortega o Nicolás Maduro”, como lo demuestran las críticas públicas del presidente chileno o el colombiano a su homólogo venezolano.
Acto II: Gobernar entre la polarización
Gobernar en sociedades tan divididas, con una oposición derechista o ultraderechista esperando el momento de atacar, sin mayorías en los Congresos y Parlamentos, es una tarea quimérica para los nuevos mandatarios. Si la izquerda quiere transcender, opina Jaramillo, debe aliarse con los sectores de centro y evitar los discuros radicales: “Es la gran lección que deja el caso venezolano”. A diferencia de México, donde la izquierda moderada de Morena, presidida por Andrés Manuel López Obrador, gobierna en solitario y se ha convertido en el partido hegemónico, los “gobiernos del cambio” necesitaron apoyos fuera de sus bases. Una cosa es unir afectos para ganar, otra aprobar reformas y gobernar sosteniendo un amplio abanico de fuerzas políticas. Esto le sucede al mandatario colombiano y sus estancadas reformas: laboral y sanitaria. “Petro se acercó a unos sectores del centro con los que no tienen necesariamente muchas compatibilidades ideológicas”, resume Jaramillo.
La polarización de las instituciones es el reflejo de la sociedad, “la única salida es hacer un diálogo que incluya a muchos sectores y sacarlos un poco de los extremos”, señala el analista colombiano. “Entre más se radicalice el Gobierno y más se vaya al extremo, es menos probable que haya legitimidad en esas medidas en una sociedad tan polarizada”, concluye.
En Brasil, Lula se alzó con poco más de dos millones de votos de diferencia frente al ultraderechista Jair Bolsorano: “Vivimos un presidencialismo de coalición”, expresa Rafael Castilho, sociólogo brasileño. Lula mantuvo alianzas incluso con las iglesias evangélicas, con militares y derechistas del anterior gobierno, con el fin de arrebatarle la presidencia al expresidente. El desafío para el líder del Partido de los Trabajadores pasa, según Castilho, por aislar a la extrema derecha y restaurar el centro democrático. “Esta debería ser la tarea: conquistar más apoyo en el centro de la política, cambiar las correlaciones de fuerzas y tener más espacio en la sociedad, no solamente en el Congreso, también en la sociedad”, sintetiza el sociólogo.
El problema es lograr que estas nuevas izquierdas progresistas no defrauden a la ciudadanía y el fiasco no sea el impulso para un giro derechista en la región durante los próximos años, como podría pasar en Argentina, con elecciones generales a finales de este 2023. El escritor uruguayo se muestra pesimista, y apunta a la estructura del Estado como un obstáculo para materializar cambios progresistas. Zibechi señala que los Estados actuales son “cada vez más elitistas y más derechizados”, incluso el sistema de justicia. Los mensajes de esperanza de campaña chocan con las altas expectativas ciudadanas. “Me parece inevitable que vayan deteriorándose y perdiendo popularidad porque propusieron cosas que saben que no pueden cumplir”, reitera.
La falta de consensos regionales entre líderes que se enumeran de izquierdas denotan también una crisis postergada desde hace décadas. Zibechi cree que “no hay una masa crítica de gobiernos que estén dispuestos a la integración”. Recientemente, Lula fungió de líder para dirigir una integración “sur-sur”, intentando revivir organismos estancados como Mercosur o Unasur y mejorar las relaciones regionales e internacionales. En esta línea profundiza Jaramillo: “La integración hoy debe partir de la base de que no hay consensos y que los Estados están en desacuerdo, pero lo que lo que se está reviviendo y me parece que es como inatajable es el diálogo político”, como el reconocimiento de estos gobiernos de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Basset opina que el contexto marca las diferencias con los socialismos de hace 20 años: “Ya no hay tanta fe en la integración regional, en procesos de globalización. El contexto no se presta tanto a esos proyectos de integración como lo hizo entonces, pese a la cercanía política que puedan tener los gobiernos de la región”.
El hecho de que no exista una masa crítica de ejecutivos dispuestos a la integración, también repercute en temas como la migración regional. A principios de siglo, explica la analista Lorena Mena, había un interés por encontrar soluciones desde el punto de vista regional para los temas migratorios. “El problema que vemos ahora es que es muy complicado que exista un enfoque de este tipo para abordar la migración”, opina Mena, directora de Continente Móvil, una organización especializada en la investigación y el análisis de fenómenos migratorios. De hecho, las posturas en cuanto a cómo contener estos flujos difieren de cada país, pese a que se presupone que estos nuevos líderes progresistas enfocarían la migración desde una perspectiva de derechos humanos.
Chile o México continúan recurriendo a la militarización de sus fronteras para frenar la migración, con discursos –“un caso bastante preocupante”, dice Boric– que estigmatizan y criminalizan a las personas migrantes. “Tienen un enfoque de atender la migración como un tema de seguridad nacional y eso se ve reflejado precisamente en estas prácticas de contener o controlar las migraciones a través de estas figuras, como pueden ser militares”, explica la analista.
Por su parte, Estados Unidos continúa externalizando sus fronteras y llevándolas cada vez más a puntos más lejanos de su territorio. Lo hace a través, por ejemplo, de los nuevos centros migratorios en Colombia y Guatemala. Mena concluye: “Está estirando su muro, su frontera, para que otros países sean los actores que contengan a las poblaciones migrantes”.
Acto III: Erradicar la pobreza
Las limitaciones en materia económica son otras de las piedras en el camino. América Latina está atravesada por desigualdades monetarias muy fuertes, que se traducen en pobreza sistemática. Esto afecta más a las mujeres por su papel secundario en el mercado laboral. “Cuando participan lo hacen en trabajos más precarios, dedicando menos horas, menos salarios”, dice la economista feminista Mercedes D’Alessandro. Esto deriva en una mayor brecha de ingresos, mayor precarización. Argentina, Chile o Colombia entendieron esto y están intentando proponer una agenda económica con enfoque de género, pero como señala D’Alessandro, “sin instituciones que entiendan esto como un problema, sin mujeres en los espacios de toma de decisiones y en el Gobierno es muy difícil que veamos políticas públicas feministas”.
En una región de 201 millones de personas en situación de pobreza y 82 millones de personas en extrema pobreza, cerrar el círculo vicioso de la inequidad estructural se antoja como un reto imposible de lograr en un solo ciclo y en un contexto de crisis mundial por la inflación galopante debido a la guerra en Ucrania. ¿Cómo hacerlo, además, en un contexto de crisis climática? Zibechi es contundente: “Mientras se siga abandonando la tierra, no hay alternativas”.
En América Latina y Caribe, 140 millones de personas trabajan en condición de informalidad. Cerrar esa brecha requiere, según la economista, inversiones sociales que garanticen empleos de calidad, pero también un cambio cultural en cuanto a la recaudación de impuestos y su inversión en pro del bienestar social. La corrupción endémica en la región expone una lucha que no todos pueden pelear. “Son las mismas estructuras de poder las que favorecen esa corrupción”, señala la economista Claudia Inés Pardo. La cuestión, para ella, es cómo controlar esa corrupción y garantizar que los fondos sean invertidos “en desarrollo social efectivo, que garantice empleos de calidad y menos subsidios”. Si la primera ola izquierdista gozó de las bonanzas del extractivismo de sus recursos naturales para motivar a la clase media, esta nueva bancada mucho más progresista socialmente está en desventaja. “El sello de los progresistas es la redistribución y que el Estado intervenga en el mercado de manera muy selectiva, pero sistemática. No con intervenciones agresivas como el caso de Venezuela”, dice Jaramillo. Demostrar que se puede intervenir en materia de educación, servicios públicos, salud sin ahuyentar la inversión extranjera es el desafío.
A diferencia de AMLO, Boric y Petro se alzaron con discursos a favor de la protección medioambiental, contra el extractivismo y a favor de una transición energética de sus economías. Necesitan ahora una alternativa a esas economías para no asfixiar a sus ciudadanos: “Tienes que potencializar a esas poblaciones vulnerables de comunidades rurales o indígenas que viven donde se encuentran estos recursos, para que ellos puedan tener otras posibilidades económicas”, argumenta Pardo. La transición energética, para que funcione, debe hacerse de una forma muy sistematizada, “no de la noche a la mañana”.
Zibechi se muestra más pesimista: “Hay un tema estructural que hace al modelo de acumulación de capital depredar a los territorios, expropiar a los campesinos y a los pueblos para apropiarse de los bienes comunes”. Según el pensador, se necesitaría un cambio de sistema “y no hay nada que vislumbre que vaya a cambiar”.
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Fotografía: La marea