Por: Javier Suazo. 27/02/2023
“Hay tiempos para planificar y tiempos para actuar; hoy llegó la hora de actuar y resolver problemas” (Fidel Castro)
Las promesas de campaña política necesitan de un instrumento de planificación estratégica para validar cuales se pueden concretar y a que costo. En el caso de Honduras, la presidenta electa, Xiomara Castro, presentó a la colectividad nacional un documento denominado Plan de Gobierno Bicentenario 2022-2026, que en realidad es su propuesta de discurso político, que necesita de un Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026 para analizar, evaluar e incorporar las propuestas que pueden llevarse a la práctica.
Los líderes políticos como Mel Zelaya, no deben por qué saber esto, y más bien asumen que la propuesta política de la presidenta es el Plan de Gobierno, sin profundizar en el diagnóstico de la realidad económica, social, ambiental y cultural que se enfrenta y magnitud de los problemas a superar. Sucedió igual con Evo Morales, pero la ventaja es que “Lucho” Arce tenia claridad sobre el modelo de desarrollo a ejecutarse, y Álvaro García Linera los pasos a seguirse con un horizonte de largo plazo.
En el caso de Xiomara Castro, la claridad política viene de Mel Zelaya, pero no lo que respecta al modelo de desarrollo a ejecutarse. El socialismo democrático se valora como un concepto, una política de Estado y una estrategia, pero muy pocos en el Gobierno saben cómo avanzar, especialmente en el tema económico. Un ejemplo son los esfuerzos del Gobierno por llegar a un acuerdo de mediano plazo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita tener acceso a mayores recursos de fuentes multilaterales de crédito y la colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales pagando tasas de interés bajas.
Como se sabe, el FMI exige varios cambios previos en las políticas económicas para avanzar en la concreción de este acuerdo, que ya llevan más de tres (3) reuniones oficiales entre funcionarios del Gobierno y la institución financiera. Uno de ellos ya se cumplió, caso de la instauración de un “cadáver” presupuestario, o sea la vigencia del Presupuesto Base “O” en la administración pública, que en el caso de Honduras será muy difícil de implementar por el fuerte sesgo político de las decisiones y la falta de una contabilidad de costos unitarios en el Gobierno. La vigencia de este instrumento puede además afectar el gasto de inversión, al destinarse mayores recursos al pago del servicio de la deuda.
El segundo y más importante es la aprobación por el Congreso de la República de una ley de justicia tributaria que elimine exoneraciones fiscales a empresas, en su mayoría ligadas a zonas francas, e incorpore a una mayor masa de contribuyentes al fisco ampliando la base tributaria para poder garantizar el pago del servicio de la deuda externa.
Esta ley será enviada próximamente al Congreso de la República por la Ministra de Finanzas, Ricci Moncada, pero el sector privado exige un diálogo amplio para demostrar que ellos no son los malos de la película, también hay ONG e Iglesias. En el hemiciclo legislativo no hay mucha receptividad a la propuesta, aduciendo diputados de la oposición política que los mayores recursos captados por el Gobierno servirán para alcanzar los objetivos políticos del Partido Liberal y Refundación (LIBRE), comprando diputados, alcaldes y aumentando la entrega de bonos a la población pobre a condición que en las próximas elecciones voten por ellos, tal como sucedió en el Gobierno (s) de Juan Orlando Hernández (JOH).
La preocupación del expresidente Manual Zelaya es que los costos del aprendizaje gubernamental sean muy altos en un país cuyo periodo de gobierno es de cuatro (4) años, dos de los cuales se destinan a cumplir parte de las propuestas de campaña y “lidiar” con problemas de gran magnitud como la pobreza, desempleo, inseguridad alimentaria, deterioro ambiental, violencia y corrupción, y el resto a campaña política.
En esto último, desde ya, los partidos de oposición (Nacional y Liberal) que tienen mayoría de diputados y alcaldes, están trabajando para el próximo proceso electoral. Por el Partido Nacional, el candidato a la presidencia sería Nasry “Tito” Asfura que fue derrotado por Xiomara Castro pero que sacó 1.2 millón de votos; en el Partido Liberal, todo apunta a que Yanni Rosenthal repita en sus aspiraciones a la presidencia, pero necesita de una alianza más amplia, limando asperezas al interior del mismo Instituto político.
Las preocupaciones del expresidente Zelaya son válidas, ya que se tuvo el tiempo para planificar las acciones a ejecutarse y hoy toca su implementación. Hizo un llamado a los ministros responsables de ello, para que todo lo planificado se concretice. Incluso, la presidenta Xiomara Castro manifiesta que “la deuda, herencia y sarta de problemas no tiene límites”. Los ministros deben presentar fecha (s) exacta y monto de lo que harán en 2023.
A nuestro entender, un resumen de las acciones a ejecutarse comprenden:
a) La puesta en práctica de la agenda de competitividad del país, desagregada por regiones,
b) Un plan piloto para ejecutar el nuevo modelo de desarrollo industrial y cambio de la matriz productiva.
c) Un sistema innovador de acceso de la población a los productos básicos sin intermediación.
d) La construcción de más mercados de mayoreo liderados por los mismos productores.
e) Política y programa nacional de empleo masivo de buena calidad.
f) Fondo de tierras para apoyar mayormente a la mujer campesina.
g) La política nacional de género que incluya un análisis de distribución social de trabajo (urbano y rural).
h) Política de sector agroalimentario con megaproyectos de inversión apoyados por la cooperación internacional.
i) Transferencias monetarias condicionadas pero fortalecidas con crédito, capacitación, tierras y un programa de microproyectos productivos.
j) Plan masivo de reforestación y control de corte de madera e incendios a nivel municipal.
k) Evidencia demostrada que el plan de reducción de pérdidas y robo de energía eléctrica ha tenido resultados;
l) Gestión pública de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Empresa Energía Honduras (EEH), COVI-honduras y el Centro Cívico Gubernamental.
ll) Cumplir 220 días de clases y aumentar el acceso a la educación de los niños y adolescentes y al menos un 80% de las escuelas reconstruidas o reparadas.
m) Elegir nuevas autoridades universitarias.
n) Construir nuevos hospitales y al menos un 80% de los centros de salud reconstruidos o reparados.
o) Planes regionales y municipales contra el hambre operando.
p) Construir (avance) al menos una represa de las prometidas para la ciudad capital y solucionar el problema de inundaciones en el Valle de Sula.
q) Aprobar el reglamento que deroga la ley de empleo por hora.
r) Establecer relaciones con China.
s) Convocar al Consejo Agrícola Centroamericano para que los gobiernos de la región pidan la revisión del RD-CAFTA;
t) Aprobar la Ley Orgánica de Planificación que da vida al Sistema Nacional de Planificación y la integración de la estrategia de participación popular.
u) Aprobar la Ley de Trabajo Doméstico y Actividades de Cuidado.
v) Una estrategia efectiva de combate a la violencia y extorción.
w) Aumentos de los montos de la cooperación bilateral.
x) Cátedra Morazanica institucionalizada en colegios, escuelas y universidades.
y) Fondos de Inversión Social Locales operando.
z) Evidencia de viviendas populares construidas con fondos públicos.
Esto sería un buen año 2023, ya que 2024 es y será un año político, donde las promesas se esconden y los planes institucionales solo sirven a la Secretaria de Finanzas para justificar los gastos presupuestarios de cada institución sin evaluar el cumplimiento de metas físicas y de impacto.
Tegucigalpa, DC, 20 de febrero de 2023
Javier Suazo. Economista hondureño especializado en políticas económicas y relaciones internacionales, con estudios doctorales en ciencias economías.
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Fotografía: Rebelión
