Por: FEDERICO NACIF. 03/10/2022
Los objetivos geopolíticos de Estados Unidos suelen traducirse en grandes cruzadas civilizatorias, siempre sustentadas en leyes internas de pretendido alcance universal. Tal como describió recientemente el experto en relaciones internacionales Juan Tokatlian, mientras que en los años ‘90 se auto-asignó el papel de “cruzado internacional en materia de drogas”, después de los atentados a las Torres Gemelas de 2001 se lanzó a la lucha global “contra el terrorismo” y ahora, en medio de la actual confrontación con el eje China-Rusia, se proyecta como el “fiscal internacional en materia de corrupción”, para justificar lo que identifica como la lucha de “las democracias contra las autocracias”.
Al igual que en el pasado, la relación entre la nueva cruzada anticorrupción y la geopolítica de los recursos naturales no es un secreto. En el marco de la “Estrategia de Estados Unidos para Combatir la Corrupción” lanzada por Joe Biden en diciembre de 2021, la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado asumió la responsabilidad de la “Iniciativa de Transparencia sobre Industrias Extractivas” que, entre otras cosas, busca “combatir la corrupción en los sectores globales de gas, petróleo y minería”.
Desde luego, América Latina constituye un objetivo central para la nueva estrategia imperial. En junio de 2021, la Casa Blanca emitió un memorándum para declarar a la lucha contra la corrupción como de “interés central para la seguridad nacional”, agudizando así su tradicional intervencionismo en la región. Desde entonces, produjo la extradición del ex Presidente de Honduras y la renuncia del Presidente en Paraguay. El 25 agosto de 2022, a solo tres días del alegato del fiscal Luciani contra Cristina Fernández de Kirchner, un senador texano envió una carta al Secretario de Estado Antony Blinken solicitando que se aplique a la Vicepresidenta argentina una serie de sanciones previstas en la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras.
La disputa por el liderazgo de la transición energética está en el centro de la actual confrontación geopolítica y los países de América Latina constituyen un importante reservorio de recursos naturales críticos.
El litio sudamericano y la nueva “OTAN Metálica”
Si bien es cierto que China controla más del 70% de la fabricación mundial de baterías de litio, no menos cierto es que la producción de litio de Chile y Argentina está dominada desde hace décadas por capitales de Estados Unidos, Canadá y (más recientemente) Australia y Japón. Sin embargo, la prensa local sólo nos advierte sobre el nuevo fantasma que está recorriendo la región: el avance de grandes empresas chinas. De esta forma, se asume como propio el temor de Estados Unidos expresado por la jefa del Comando Sur, que ve amenazado su dominio actual sobre el Triángulo del Litio, advirtiendo la incipiente presencia de China y Rusia: “Están allí para socavar a Estados Unidos, están allí para socavar las democracias”.
Según el director ejecutivo de Benchmark Minerals (cuyos informes se usan en los contratos de compra-venta de litio), la influencia gubernamental de Estados Unidos “está en juego” por una simple razón: “la batería de ion-litio es ahora geopolítica”. Es que, de todos los metales que se necesitan para producir baterías, la situación del litio es la más delicada: desde 2020 los precios aumentaron un 900%, alcanzando “un punto histórico de inflexión”, lo que contrasta marcadamente con el resto de los metales críticos para las baterías.
El verdadero trasfondo político e institucional de estas declaraciones pasó algo desapercibido para los debates locales. El 14 de junio de 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación de la Asociación de Seguridad de Minerales (MSP por sus siglas en inglés), junto a la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. Bautizada por la agencia Reuters con el sugestivo rótulo de “OTAN metálica”, la nueva asociación se define principalmente por la ausencia de China y Rusia, preanunciando así la nueva estrategia norteamericana: “La actual red de suministro de minerales altamente globalizada parece destinada a dividirse en esferas de influencia políticamente polarizadas, un realineamiento tectónico con implicaciones de gran alcance”.
En palabras de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se trata de “no depender excesivamente del abastecimiento de bienes críticos de países donde tenemos preocupaciones geopolíticas”. Según la ministra de Finanzas de Canadá, Chrystia Freeland, “el gran problema económico y geopolítico” del futuro no es otro que el de reformular el sistema de abastecimiento de materias primas, apuntalando las inversiones sólo en países amigos (friend-shoreing). Hasta el Pentágono se sumó a la nueva estrategia de “apoyar a los amigos” y pidió al Congreso de Estados Unidos modificar la Ley de Producción de Defensa que aún le prohíbe invertir en la producción de materias primas fuera del territorio nacional.
Estas definiciones no son sólo conceptuales. El gobierno de Joe Biden aprobó recientemente la Ley de Reducción de la Inflación, presentada por la CNN como la “mayor inversión climática de la historia americana”. Ente sus objetivos principales, promueve la compra de vehículos eléctricos producidos en territorio norteamericano (vía créditos y beneficios fiscales), que deberán incorporar baterías recargables con altos porcentajes de metales extraídos en Estados Unidos o en países “amigos”. Más específicamente, de los metales críticos que componen las baterías (litio, níquel, cobalto, manganeso), “al menos un 40% debe provenir de operaciones mineras en Estados Unidos o ser importados desde países con los que tiene firmado un Tratado de Libre Comercio (TLC). Ese porcentaje subirá a 80% a partir del 2026”.
El problema, una vez más, radica en evaluar los costos y beneficios de ser aceptados como un país “amigo” de Estados Unidos o de pasar a integrar el club de los países “enemigos”.
Sudamérica en la mira
Entre 2016 y 2019, más del 90% del litio importado a Estados Unidos provino de Chile (36%) y de la Argentina (55%).
Estados Unidos tiene tratados de libre comercio con unos 20 países, entre los cuales figuran Australia y Chile, los dos principales productores de litio del mundo. La producción de ambos países está controlada por capitales norteamericanos, pero también registran una “preocupante” participación de China. En 2018, el Estado chileno modificó los dos contratos de explotación vigentes sobre el Salar de Atacama, elevando las regalías hasta el 40%. En el caso de SQM (la mayor productora de litio en salmueras del mundo), se le permitió la venta del 23% de sus acciones a la china Tianqi. En el caso de Albemarle, empresa norteamericana que posee la segunda operación del país, es un emblema de la red global de suministros que estaría llegando a su fin: comparte con Tianqi la propiedad de Greenbushes, la mina de litio más grande del mundo, ubicada en Australia.
Sin embargo, el status legal del litio chileno como “recurso estratégico” ofrece una herramienta política imprescindible. La futura creación de una nueva empresa estatal que se asociaría en mayoría con las dos explotaciones vigentes, permitirá al gobierno de Gabriel Boric anticiparse al nuevo escenario y gestionar con cierta autonomía las crecientes tensiones geopolíticas por el control y la propiedad de las reservas nacionales.
El otro país que produce litio en gran escala y que abastece buena parte de la demanda de Estados Unidos es la Argentina. Aquí, la empresa norteamericana Livent explota el Salar del Hombre Muerto de Catamarca hace ya 25 años (con prácticas para nada “transparentes”, por cierto). El segundo proyecto en operación del país está en Jujuy, a cargo de un joint venture formado por la australiana Allkem y la japonesa Toyota Tsuyo. El claro predominio de la OTAN Metálica sobre el litio argentino, sin embargo, no está lo suficientemente apuntalado y comienza a ser cuestionado.
En primer lugar, porque la Argentina no tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Más aún, en febrero de 2022 se sumó a la iniciativa global de China “La Franja y la Ruta”, y en julio consiguió el respaldo de China para ingresar a los BRICS. Pero también porque –paradojas del sistema neoliberal– el régimen de libres concesiones mineras provinciales que rige en el país desde los años ‘90 permitió a grandes empresas chinas como Ganfeng adquirir importantes proyectos en exploración. A diferencia de Chile, la geopolítica del litio opera aquí sin ninguna mediación, agravando incluso las internas en el frente de gobierno: mientras Massa visita en Estados Unidos a Livent, tanto YPF SA como los gobiernos provinciales de Catamarca y de Jujuy suscriben acuerdos de cooperación con empresas de China. La falta de una política nacional unificada se expresa sobre todo en la flamante YPF Litio, que debe partir de cero y explorar nuevos territorios porque todos los yacimientos de litio identificados en el país se encuentran en manos privadas.
La total apertura a la inversión extranjera sin control del Estado nacional pareciera contradecir incluso la nueva estrategia de la OTAN Metálica. Tal como afirma un reciente informe elaborado para el Departamento de Estado de Estados Unidos: “De los países latinoamericanos que poseen reservas de litio, la Argentina opera en el mercado más abierto a la inversión del sector privado”. Sin embargo, “la inversión de las empresas estadounidenses ni siquiera se aproxima a lo que ha invertido China en la última década”. Por ello y por el enorme potencial que aún presentan las reservas de la Argentina, se recomienda enfáticamente “fortalecer la presencia de los Estados Unidos en el país”. Quizá esto explique buena parte del “éxito” de Sergio Massa en su gira por Estados Unidos. Quizá sirva también de contexto a las declaraciones de Alberto Fernández en la New School de Nueva York, donde aseguró por primera vez que se propone “declarar al litio un bien estratégico para el desarrollo de la Argentina… siguiendo un poco lo que ha hecho Chile”.
Contradicciones del sistema. Para restringir el acceso de China a los yacimientos sudamericanos es posible que Estados Unidos deba aceptar allí un mínimo de intervención estatal. Una suerte de soberanía subordinada a la nueva OTAN Metálica que, sin embargo, no nos alejaría de la abierta injerencia norteamericana en los asuntos públicos de América Latina.
En la lista de países con alta probabilidad de integrar el club de “enemigos” de Estados Unidos se encuentra Bolivia, dueña de la mayor reserva mundial de litio. Allí, el gobierno de Evo Morales creó en 2017 la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) para poder decidir con autonomía una estrategia tecnológica, productiva y exportadora al servicio del desarrollo nacional. En noviembre de 2019, después de un largo y dificultoso proceso de aprendizaje, el golpe de Estado interrumpió drásticamente la construcción de la planta industrial de carbonato de litio.
En la actualidad, el gobierno democrático de Luis Arce se propone la difícil tarea de recuperar el tiempo perdido, pero la injerencia norteamericana pareciera haberse activado nuevamente. Pocos días antes de que YLB diera a conocer los resultados de una simple convocatoria para evaluar nuevas técnicas extractivas, el periódico El País publicó un artículo acusando de presunta corrupción al hijo del Presidente Arce por estar favoreciendo a la empresa rusa Uranium One en perjuicio de empresas norteamericanas como Energy X, una pequeña start-up texana que había desplegado un operativo mediático llamativamente costoso para su tamaño. En verdad, la amenaza imperial ya había sido previamente formulada por Joseph Bouchard, un influyente analista canadiense: “Si el gobierno de Arce aceptara la oferta rusa, Bolivia se convertiría rápidamente en un Estado paria en el escenario regional e internacional”.
Con el objetivo de defender la soberanía y la estabilidad democrática de la región, el gobierno boliviano organizó junto a CEPAL el 1er. Foro “Perspectivas de Litio desde América Latina”, donde propuso a los gobiernos de la Argentina, Chile y México la creación de una Organización de Países Productores y Exportadores de Litio (OPPEL). Más recientemente, el Presidente Arce cerró su intervención en la última Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York con una recomendación que sintetiza las urgencias del presente: “Naciones Unidas debe tomar medidas contra todos aquellos países que no respetan la soberanía y la no injerencia, y que enfrentan pueblos por el control de sus recursos naturales estratégicos. No somos fichas de tableros de ajedrez, somos pueblos que trabajan día a día para salir adelante y tenemos todo el derecho de decidir sobre nuestros recursos naturales”.
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Fotografía: El cohete a la luna
