Por: Santiago Navarro F. y Aldo Santiago. 29/05/2022
trabajo que involucró a 65 periodistas del mundo, pertenecientes a 20 medios de comunicación, para revelar los crímenes de la mina Fénix que extrae níquel en El Estor, Izabal, caribe guatemalteco.
De acuerdo con Nelton Rivera, miembro del equipo de investigación de Prensa Comunitaria, el trabajo de Mining Secrets surgió por la necesidad de romper el cerco mediático de lo que ocurre en la mina, propiedad de la compañía ruso-suiza Solway Invesment Group.
En medio del contexto de persecución, amenazas y hostigamiento por parte de la minera coludida con el Estado, los miembros de Prensa Comunitaria también se enfrentan ante el reto de las descalificaciones de su labor, debido a la idea, errónea para Rivera, de que sólo se es periodista si se trabaja en un medio corporativo o una empresa de comunicación.
El periodista asevera que su labor es importante porque cubre donde los medios corporativos en Guatemala no llegan. Por su parte, Simón Antonio, también integrante de Prensa Comunitaria, señala que desde el medio han querido posicionar el trabajo que se hace con la comunicación comunitaria. “Contar nuestras experiencias como lo hemos hecho a lo largo de 10 años y que ha sido desde la colaboración, ha sido desde la persistencia de las comunidades”.
Nelton Rivera enfatiza que esa es una labor a contracorriente. “Se necesita de la complicidad de otros y de otras, especialmente de otros medios hermanos, de otros medios con los que coincidimos en metodologías, en criterios, en formas de trabajo porque esto fortalece nuestro trabajo”.
También destaca que la descalificación de su labor aumenta los riesgos de quienes ejercen el periodismo comunitario pues es “evidente y latente” que el Estado no reconoce su labor y en casos, como lo ocurrido en El Estor, donde develaron la red de corrupción e impunidad entre la empresa minera y el Estado, son perseguidos.
Revelaciones
Para Rivera, el trabajo de Mining Secrets pudo confirmar denuncias que, por años, habían señalado a la empresa minera por violaciones a derechos humanos, así como la corrupción, impunidad y colusión del Estado con Solway Invesment Group.
Se pudo comprobar “la presencia de capitales trasnacionales, como empresas rusas, haciendo lo que se les antoje en el territorio con total impunidad”, sintetiza Rivera, para quien la investigación permitió reafirmar las denuncias de todas las ilegalidades que los empresarios y el Estado cometen en contra del pueblo q’eqchi que se ha opuesto por años a la operación minera.
Para Simón Antonio, la resistencia de estas comunidades ha logrado atraer la atención mundial sobre el caso. “Uno de los momentos que nos lleva a que los otros medios internacionales se interesen en esto es la criminalización contra el periodismo, porque Forbidden Stories [organización de periodistas] su trabajo es retomar las investigaciones periodísticas que han sido censuradas, entonces, cuando ellos conocen este tema pues se interesan”, relata el comunicador sobre la alianza con l@s periodistas europeos.
Según Rivera, la trasnacional Solway, en complicidad con el Estado, realiza prácticas de contrainsurgencia, similares a las ejecutadas en Guatemala durante el conflicto armado interno. “El control, la vigilancia, el acoso sistemático (…) incluso planes de asesinar dirigentes comunitarios o desplazarlos de manera forzada son prácticas que el ejército y la inteligencia del ejército guatemalteco desarrollaron por muchísimos años durante la guerra y que, nosotros decimos, en Guatemala vivimos la continuidad de la guerra, solo que sin grupos armados y sin organizaciones guerrilleras”.
La planificación de este tipo de operaciones, en las cuales se involucran elementos militares colaborando con la empresa, la vinculación de la Policía Nacional Civil, la participación de funcionarios como el ministro de gobernación y otros dentro de este tipo de operaciones son algunos de los hallazgos del trabajo de investigación.
Mediante el acceso a comunicaciones internas de la compañía minera, filtradas por un hacker, también se confirmó la contaminación al lago de Izabal que está provocando la extracción y fundición de níquel. Tal como ocurrió en 2017, cuando un derrame químico sobre el lago produjo una mancha gigantesca roja en sus aguas y que, pese a las denuncias de la población local, el Estado se mantuvo omiso.
“Lo que hizo el Estado guatemalteco durante el gobierno de Jimmy Morales fue mentir, engañar a las personas, ocultar que en efecto fue un derrame químico por la inseguridad industrial con que opera esta empresa y pues políticamente no sucedió nada. Intentaron ocultarlo”, lamenta Rivera, quien enfatiza que constantemente hay contaminación en los afluentes de agua, los cuales también suministran del líquido a las comunidades q’eqchi.
Reacciones
Para los integrantes de Prensa Comunitaria, la investigación de Mining Secrets coincide en el contexto de ataques contra la democracia en Guatemala. “Los ataques a la prensa, a la libertad de expresión están aumentando (…), prácticamente es una investigación que pone en evidencia la corrupción al mas alto nivel de gobierno, pero también la corrupción que se da desde lo local, para que una empresa trasnacional funcione con tanta impunidad”, sostiene Nelton Rivera.
Según Rivera, el gobierno ha estado atacando a la prensa que no se alinea a sus directrices y especialmente a la prensa independiente por el trabajo que está haciendo de investigación, debido a que incluso se ha difundido el caso de la “alfombra roja”, mediante el cual se señala al presidente Giammattei por recibir sobornos de empresarios rusos para la operación de un puerto en el caribe, en la región donde opera Solway.
El periodista señala que la trasnacional ha reaccionado de manera contradictoria, pues a nivel internacional declaró que la información de Mining Secrets es falsa, pese a que después reconoció que sí son documentos internos, pero “sustraídos de manera criminal”.
Acorde a Rivera, en Guatemala las declaraciones de la empresa han sido realizadas en un tono más violento, “asegurando que van a tomar medidas en contra de quienes hicieron las publicaciones”, que como en el pasado, subraya Rivera, han sido acciones para criminalizar, estigmatizar o incluso iniciar procesos penales contra periodistas.
Entre las violencias ejercidas por la minera en el pasado se encuentran los esfuerzos por acallar las denuncias de los periodistas comunitarios que laboran en la región. Entre ellos, un miembro de Prensa Comunitaria estuvo preso y otro de sus integrantes pasó dos años con una orden de detención tras denunciar la contaminación del lago de Izabal, ubicado cerca de las instalaciones mineras.
“Sabemos que el equipo de Prensa, frente a este contexto de inseguridad, en un contexto donde no hay protección para periodistas, en un contexto en donde el ministerio público mueve la justicia a favor de quienes la violan y no de quienes están sufriendo violaciones, es bastante complejo y complicado”, contextualiza Rivera.
Para ejemplificar esto, cuenta que actualmente existe una orden de detención contra otro integrante de Prensa Comunitaria. Además, también existen 11 órdenes de aprehensión contra las principales autoridades q’eqchis que se oponen a la minería. “Nosotros prevemos que puedan venir denuncias o procesos penales en contra del medio por el trabajo que estamos haciendo”
Romper el cerco
La industria extractiva opera desde hace más de 60 años en El Estor, donde también se ha identificado la presencia de tierras raras. Para la década de los noventas, la empresa fue privatizada y pasó de ser propiedad de capitales canadienses a manos de la compañía ruso-suiza entre 2010 y 2012.
En aquella época, rememora Simón Antonio, Solway reactivó la actividad extractiva, originando con ello conflictos agrarios en la zona. El periodista aclara que sólo la licencia de la minera abarca 280 km cuadrados y, mediante su expansión, ha obligado el retiro de comunidades.
“Conocemos muchas familias que han sido obligadas a irse de sus tierras, que llevan generaciones ahí y, otras, las que no se van, son circuladas por las distintas actividades de la minera o también son detenidas arbitrariamente y son enviadas a prisión”, denuncia el comunicador, quien además señala que han documentado casos de tortura contra las personas privadas de su libertad.
“El Estado ha sido cómplice de la represión a las comunidades cuando se han impuesto los proyectos mineros de esta empresa y, en la actualidad, desde 2017 para acá, las comunidades indígenas, especialmente la gremial de pescadores, han venido denunciando la contaminación del lago de Izabal”, afirma Nelton Rivera.
Simón Antonio destaca que la investigación de Mining Secrets comenzó el 24 de octubre de 2021, tan solo dos días después de la declaración de Estado de sitio en El Estor, derivado de las protestas de la población local contra las actividades contaminantes e ilegales de la minera. En ese momento, miembros de Prensa Comunitaria fueron perseguidos e incluso hubo allanamientos de sus hogares.
Es en este contexto, ante el registro de ataques contra la labor periodística, que Nelton Rivera espera que la difusión de la investigación sirva para encauzar procesos penales contra funcionarios implicados en la red de corrupción minera, así como también “que los pueblos puedan obtener justicia frente a estos operarios y empresarios trasnacionales que tanto daño están cometiendo en el país”.
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Fotografía: Avispa
