Por: Miguel González Palacios. openDemocracy. 21/10/2020
Convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030. Esa es la ambiciosa propuesta que se discutió en la Cumbre sobre Biodiversidad, el pasado 30 de septiembre, en el marco del 75 período de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esta meta, conocida como “30×30”, hace parte de una estrategia para garantizar el sostenimiento de la vida de todas las especies de la Tierra, incluyendo la humana, elaborada por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de la ONU.
De acuerdo a su último reporte, a pesar de algunos avances alentadores en materia de conservación, los ecosistemas del mundo siguen degradándose y las poblaciones de plantas y animales continúan desapareciendo de forma acelerada, por lo cual la humanidad debe emprender transformaciones urgentes para garantizar su bienestar y el del planeta frente a la que sería la sexta extinción masiva en la historia.
Firmado durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, el CDB es el primer acuerdo global que reconoció la diversidad biológica como un asunto prioritario para la humanidad, y ha sido ratificado por todos los países miembros de la ONU, con excepción de Estados Unidos. Su Secretaría General, ubicada en Montreal, hace parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y coordina el trabajo multilateral para el alcance de los compromisos en la materia.
La idea de proteger masivamente áreas del planeta se consolidó en las Metas de Aichi, acordadas en 2010 durante la reunión de los países parte del CDB en Japón, en las que se estableció el objetivo de alcanzar la conservación del 17% de las zonas terrestres y el 10% de las zonas marinas a través de declararlas áreas protegidas para 2020.
Frente a los modestos resultados en el cumplimiento de estas metas y del Acuerdo de París sobre el cambio climático, el nuevo marco sobre biodiversidad, que incluiría la meta “30×30”, será presentado oficialmente en la próxima reunión de las partes del CDB en Kunming (China) en 2021 y podría convertirse en el máximo compromiso multilateral sobre medio ambiente.
Los ecosistemas del mundo siguen degradándose y las poblaciones de plantas y animales continúan desapareciendo de forma acelerada.
Críticas a la “30×30”
No obstante, un importante grupo de ONG y expertos en medio ambiente y derechos humanos han prendido las alarmas sobre el impacto devastador que podría tener la “30×30” en las comunidades locales e indígenas que habitan actualmente las zonas que deberían convertirse en áreas protegidas y parques nacionales.
Además de señalar la eficacia reducida de este método para preservar la biodiversidad, los críticos del nuevo acuerdo temen que éste podría consolidar aún más el enfoque de “conservación fortaleza” basado en la militarización de las áreas protegidas, el cual ya ha generado serias violaciones a los derechos humanos en lugares de África y Asia.
Este ha sido el caso particularmente en el Congo, donde escuadrones de guardaparques armados, financiados por grandes ONG conservacionistas internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y organismos multilaterales como la Unión Europea y la misma ONU, han sido denunciados por la violencia sistemática que ejercen contra las poblaciones nativas que fueron desplazadas de las áreas protegidas y que tratan de sobrevivir en los márgenes de su territorio ancestral.
De hecho, una investigación bipartidista del Congreso de Estados Unidos al respecto llevó a que el gobierno de ese país anunciara recientemente la suspensión de sus aportes financieros a importantes ONG conservacionistas como WWF y la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (WCS).
La conservación en América Latina
Latinoamérica concentra la mayor biodiversidad del mundo y es una de las que más ha avanzado hacia el alcance de las metas de Aichi, con un 22% del área terrestre y 8,5% de las zonas marinas y costeras conservadas en áreas protegidas. Los gobiernos de la región también han logrado otros acuerdos importantes en la materia, como la Alianza Latinoamericana para Fortalecer Áreas Protegidas y el Pacto de Leticia, que le han dado un impulso, por lo menos en el papel, a la lucha conjunta contra la deforestación y la minería ilegal.
Sin embargo, persisten importantes diferencias entre países, y la baja conectividad de las áreas protegidas entre sí ha impedido preservar la diversidad de especies de forma efectiva. Además, a pesar de la cuarentena generalizada que hemos vivido este año a causa de la Covid-19, la deforestación sigue creciendo de forma preocupante: en Brasil se registró un aumento del 26% durante el primer semestre de 2020, mientras que en Colombia en sólo tres meses se arrasó con un número cercano a la mitad del área deforestada durante todo el año anterior.
La conservación multilateral de áreas naturales en nuestra región también se ha visto afectada por las políticas ambientales de algunos gobiernos, en particular el brasileño, como lo dejó en claro la suspensión de las contribuciones de Noruega y Alemania al Fondo Amazonía debido al desastroso desempeño ambiental de la administración Bolsonaro y su defensa de la deforestación impulsada por la agroindustria y los grandes proyectos de infraestructura.
Los territorios indígenas cubren el 22% del planeta y concentran cerca del 80% de la biodiversidad.
En Colombia, un informe de organizaciones de la sociedad civil publicado hace unos pocos días alertó sobre la poca efectividad que han tenido las operaciones militares para frenar la deforestación en los parques nacionales, pues no están apuntando a los eslabones más poderosos – estructuras criminales ligadas al narcotráfico, la tala y la minería ilegal y la agricultura extensiva – sino que, por el contrario, están afectando seriamente a las poblaciones campesinas e indígenas del país, incluído el asesinato sistemático de líderes sociales y medioambientales.
¿Hacia un nuevo paradigma de conservación?
Los territorios indígenas cubren el 22% del planeta y concentran cerca del 80% de la biodiversidad, por lo cual los esfuerzos internacionales de conservación deben orientarse a garantizar la participación y los derechos humanos de estas comunidades sobre su territorio ancestral. Una oportunidad en este sentido sería apoyar las iniciativas gestionadas por las propias comunidades, como lo es el Corredor Andes-Amazonía-Atlántico, que reúne a unos 400 grupos indígenas sudamericanos.
De hecho, las áreas manejadas colectivamente por comunidades muestran mejores indicadores de conservación que las estatales, pues se ven menos expuestas a las industrias extractivas, los asentamientos ilegales, la expansión de la agroindustria y los proyectos de infraestructura a gran escala, los cuales en muchos casos siguen siendo aprobados por los gobiernos en contravía con los objetivos de conservación.
Es por esto que la acción de los Estados por preservar la vida en este planeta no debe, en ninguna medida, sumarse a las amenazas que ya afrontan estas comunidades para su supervivencia. La persecución y estigmatización que sufren en la mayoría de países, incluso desde los más altos niveles de gobierno, en nada contribuye a la lucha contra la deforestación y desvía la atención sobre la responsabilidad de otros actores como los grandes terratenientes y los ganaderos.
Por último, los enfoques de uso compartido de la tierra han demostrado ser más efectivos que la “conservación fortaleza” frente al doble desafío de alimentar a la creciente población mundial y de preservar, al mismo tiempo, los recursos naturales sobre los que depende su existencia.
Las áreas de conservación pueden contribuir a que los cultivos sean más productivos y resilientes de formas menos costosas y nocivas, por medio del control de pestes y la polinización natural, mientras que la agricultura sostenible puede apoyar la protección de la biodiversidad almacenando carbono y ofreciendo medios de subsistencia a las comunidades que habitan y defienden las zonas protegidas.
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Fotografía: openDemocracy.
