Jorge Salazar García. 19/08/2019
Rosario Robles al fin pisó la cárcel; las rejas la estuvieron esperando desde el caso ahumada, por lo menos. Y no es que se haga leña del árbol caído, pero debe reconfortar este ejercicio de legalidad encaminado a recuperar el Estado de Derecho, convertido en chueco por una pandilla de insaciables saqueadores. La exsecretaria[1] de SEDESOL, aliada de Salinas, se mantuvo impune hasta la salida del títere Peña Nieto quién emitió aquella frase exculpatoria “Rosario, no te preocupes” (2013) para protegerla de las acusaciones de haber dado uso distinto al dinero destinado a los pobres. Tal defensa, naturalmente, no fue gratuita; induce a pensar que la señora Robles actuó acatando las órdenes de su jefe. Hoy, permanezca o no en la cárcel, el hecho de procesarla exhibe la voluntad política de hacer realidad el apotegma de José María Iglesias (presidente en 1867) “Al margen de la Ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Personalmente no creo que Rosario sea encerrada por mucho tiempo; por dos razones: La primera es la existencia de un poder judicial corrupto el cual utiliza las leyes para AMPARAR y liberar a los grandes criminales; la segunda es la posibilidad de negociar su salida con el actual régimen a cambio de información y devolución de una parte de lo robado. Ojalá aquella afirmación de AMLO sobre la insuficiencia de cárceles y juzgados para procesar a todos los corruptos (#AristeguiNoticias, 22/11/18) sea sólo una estratagema para calmar a los meros padrinos mientras consolida el Poder. Maquiavelo, en el Príncipe, aconseja mostrarse piadoso, pero también se debe estar dispuesto a irse al otro extremo cuando se crea necesario. Lo es ahora; no puede reconstruirse una casa dejando sin castigo a quienes la destrozaron y teniéndolos adentro.
Debido al estercolero político dejado por la implementación de las políticas neoliberales, por cualquier lado sale pus y todas las hebras de la madeja conducen hacia su artífice: Carlos Salinas de Gortari. En este sentido puede especularse sobre la existencia de un acuerdo Peña-AMLO, resumido en esta oración: “te juzgo, te exonero y te exilio a cambio de datos relevantes para procesar a Salinas, Fox, Calderón y Zedillo”. ¿Será esa la razón por la cual Peña Nieto anda ya en el extranjero, preparando su nuevo hábitat? No debe olvidarse que 30 millones de mexicanos esperan sean juzgados saqueadores y asesinos. Por congruencia política y salud de la Nación, esos capataces deben ser indiciados y confiscárseles los bienes hurtados. Si mantenerlos en celdas no es posible, entonces deben ser desterrados del País que nunca amaron. Por supuesto, no será fácil; en más de un siglo de la Historia nacional ningún presidente ha sido enjuiciado por los delitos cometidos durante su gestión. Lo normal era que el nuevo ungido cubriera las transgresiones del anterior, las cuales, acumuladas, multiplicaron sin medida el dolor y la injusticia en México. Esta afirmación no es una presunción, esta sustentada en el dictamen formulado por el Tribunal Permanente de los Pueblos (http://www.tppmexico.org). En éste se responsabiliza a los expresidentes por la hecatombe humana provocada por sus administraciones. En dicho documento se asienta lo siguiente:
”El desvío de poder hacia acciones criminales se realizó con el propósito de “satisfacer o beneficiar a intereses privados locales o extranjeros en detrimento del interés público…” (p.28).
Además, refiriéndose específicamente a Peña Nieto asentó:
“El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el límite por el gobierno que por entrega, omisión o impotencia va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos…”.
Tamaño latrocinio no debe quedar impune. Su castigo implica re establecer el Estado de Derecho y la soberanía popular. La libertad y la Justicia son derechos fundamentales irrenunciables, por ellos se debe luchar permanentemente, no mendigar.
Extraña coincidencia en el destino de Rosario: un nieto (Peña) la defiende y otro nieto (Santiago[2]) la acusa.
[1] Caricatura del monero de la revista el chamuco “Rapé”
[2] Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
