Por: Martín Pastor. Alai. 06/07/2018
Las élites de Ecuador presentan falsamente la inversión extranjera directa (IED) como la única vía posible para resolver los problemas del país.
Los políticos, medios de comunicación y élites antinacionales parecen haber encontrado la solución para todos los problemas del Ecuador: la inversión extranjera directa (IED). El discurso repetido promociona a la IED como uno los ejes centrales de la supuesta reactivación económica.
Sin embargo, escondido tras esta falsa promesa se encuentra el retorno de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y axiomas neoliberales ortodoxos como la liberalización y desregularización de la economía. Esto significará más privilegios y ganancias a las transnacionales y los grupos de poder de siempre, en contra de la soberanía nacional y el bienestar material de la mayoría de ecuatorianos.
Es importante aclarar que existe mala y buena inversión extranjera directa. Lastimosamente en Ecuador, debido al tamaño de su mercado, el único tipo de inversión que tiende a llegar es la negativa. Desde el 2002 al 2017, el 40 % de toda la IEDcorresponde a la explotación minera y petrolera.
Esta fórmula es negativa para el país ya que no genera cadenas productivas; la maquinaria, los materiales e incluso la mano de obra son importados, lo cual deja poco o nada al Ecuador. Y por otro lado, refuerza un modelo en el que las naciones periféricas son explotadas por sus recursos naturales con alto costo para la naturaleza y sociedad.
El enfoque ha sido el de vender al país al mejor postor, con poca o nula importancia de los efectos en la población y su futuro. Así fue que la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Creación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal (Trole 3) fue aprobada, sustentada por este engaño en el que más IED y un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos resolverán los problemas.
Pero para la Embajada de Estados Unidos, la inversión y un TLC no llegará sin que antes el Ecuador haga lo que ellos quieren. Con su titular, Todd Chapman, han vuelto a inmiscuirse en la política ecuatoriana. La postura estadounidense ha sido la de condicionar al país; infiltrándose y manipulando la seguridad nacional, política exterior y macroeconómica.
Chapman ha sido claro que para lograr el añorado TLC, que busca Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior, los inversionistas angloamericanos necesitan una “protección adicional”, traducido a: deben reinstaurar los TBI.
Ahora conocidos como Convenios (CBI), estos son acuerdos los suscriben dos Estados para proteger la inversión extranjera privada y los intereses de las empresas involucradas. En palabras de Campana, “son básicos e importantes para lograr nuevas inversiones. Sin TBI difícilmente lograremos atraer inversión privada directa”. Una postura que resume la visión ortodoxa, sumisa y antinacional del actual gobierno y funcionarios.
Lo que el Ministro ignora es que en 2017 la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa) los resultados de una auditoria a 27 TBI firmados entre 1968 y 2002.
La conclusión del informe final fue contundente: los TBI “no han sido determinantes en la atracción de la inversión extranjera al país”. A pesar de que Ecuador era de los países de la región con más tratados firmados, también es de los que menos IED recibió. Y con los dos países que más invierten en Ecuador, México (1.491 millones) y Brasil (1.037 millones), no se ha ratificado un instrumento de esta índole.
Mientras tanto, Estados Unidos, país con el que sí se tenía un TBI, entre 2002 y 2017 se registra una desinversión que ronda los 400 millones de dólares. En otras palabras, aún con un TBI con los norteamericanos, la inversión nunca llegó.
Lo que sí causó es que hasta abril del 2017, el Estado ecuatoriano se vea obligado a desembolsar 1.498 millones de dólares para el pago de laudos. De los cuales, el 90 % ha ido a Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble Energy, entre otras y casi 156 millones a árbitros y bufetes de abogados. ¿Entonces por qué firmar un TBI?
La respuesta se encuentra en el lobby de las transnacionales al Departamento de Estado en Washington. La impunidad y ambigüedad legal que les brinda un instrumento como este es un incentivo para presionar a los políticos estadunidenses, que a su vez presionan al gobierno ecuatoriano.
Otra razón es que aún quedan 10 demandas en casos pendientes con un monto aproximado en pugna de 12 000 millones de dólares. Algo que debe preocupar a los ecuatorianos ya que más del 62 % de los fallos emanados desde el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Banco Mundial, han sido a favor de los intereses de las transnacionales.
En este sentido, parece irreal que la discusión sobre la restauración de los TBI se realiza a pesar de que la Constitución de 2008 en su artículo 422 prohíbe la sesión de jurisdicción del Estado a instancias de arbitraje internacional en el caso de Tratados internacionales. Pero esto no ha impedido que el gobierno trabaje en contra de la ley y por ende, de los ecuatorianos.
Con la Trole 3 lograron ‘legalizar’ nuevamente a los TBI, al “reconocer la legalidad y aplicabilidad de los tratados o convenios de protección de inversiones como un medio indispensable para el fomento y protección de inversiones extranjeras…”.
Un acto inconstitucional y jurídicamente equívoco ya que ninguna ley puede estar sobre la Constitución. Algo para lo que ya existe un plan, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, explicó que habrá una propuesta de la bancada gobiernista de Alianza País para una enmienda constitucional.
Un ejemplo del poder de las élites antinacionales e internacionales, y cómo, los políticos ecuatorianos están dispuestos a traicionar y modificar la Carta Magna siguiendo órdenes de intereses privados y de la Embajada de Estados Unidos. Una materialización del entreguismo completo de la soberanía nacional y el rumbo económico del país.
Pero esto no es todo, ya que una vez reinstaurados los TBI se procederá a un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Esta liberalización de la economía no brindará nuevas oportunidades para los productores y pequeños/medianos empresarios ecuatorianos, como ofrecen los funcionarios del gobierno y cámaras empresariales.
Como país, el Ecuador no está en capacidad productiva de ofertar a los Estados Unidos más que una reducida lista de bienes: camarón, atún, cacao, flores, y banano; productos que a su vez los explotan una élite económica. En contraste, Estados Unidos tiene mucho que vender y ofrecer a Ecuador. Esta disparidad entre ambos mercados causará un desequilibrio en la balanza comercial.
Las importaciones continuarán incrementando, mientras que las exportaciones no podrán igualar el ratio de crecimiento. Algo que ya ha sucedido en un país vecino, como es el caso colombiano.
En un informe del Centro de Trabajo (Cedetrabajo) de Colombia, se detalla que desde la firma del TLC con EE.UU entre 2012 a 2016, las exportaciones han caído un 54,1 %. En términos de balanza comercial con ese país, Colombia pasó de tener un superávit comercial de 8.244 millones de dólares a un déficit de 1.414 millones.
Mientras que según el Grupo Proindustria gracias al TLC, el aparato productivo nacional se deterioró por su incapacidad de diversificar exportaciones. En 2012 las exportaciones no tradicionales hacia Estados Unidos desde Colombia, analizadas por volumen (en peso), representaban el 4,1 % de las totales y para 2016 el 4 %. Es decir que con el TLC, no cambió nada para las pequeñas y medianas empresas.
Pero el agro es el más afectado, ya que con cifras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se observa que Colombia incrementó sus exportaciones agropecuarias en un 16% entre 2012 y 2015 pero a la vez sus importaciones en este sector crecieron en 120%, arrasando con pequeños productores.
Una realidad similar sería sumamente perjudicial para una economía pequeña, agrícola y sin soberanía monetaria como la del Ecuador. La salida indiscriminada de dólares, acentuada con la permisibilidad legal otorgada nuevamente con la Trole 3, pondría en peligro la dolarización. Y a su vez, destruiría la naciente industria nacional, con ello llevándose puestos de trabajo y pequeñas y medianas empresas. Mientras que la ‘gran minga agropecuaria’ quedaría decimada.
Pero esto no le importa al gobierno que ignora todas las señales y advertencias de economistas y expertos en el tema. La desinstitucionalización del Estado ha generado que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Nacional se conviertan en brazos ejecutores del Ministerio de Comercio Exterior. El precio ha sido la pérdida de soberanía nacional, la institucionalidad, y el futuro de los ecuatorianos.
Si el gobierno en verdad quisiera una IED positiva, buscaría aquella que genere cadenas productivas y en su proceso de creación de renta, genere capital para otras empresas locales, campesinado y dinamismo económico interno. Pero la postura plutocrática de Moreno muestra los intereses reales detrás del poder, una falsa promesa que beneficia los que más tienen.
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Fotografía: Alai
