Por: Mauro Jarquín. 05/09/2016
La coyuntura política actual de Reforma Educativa ha sido objeto de múltiples análisis y debates, en los cuales se han expresado las desventajas sustantivas y las dificultades procedimentales de aplicar una reforma en el sentido actualmente planteado. Desde luego, también se escuchan voces oficialistas que mantienen el argumento esencial de mejorar la calidad educativa[1], sin explicar concretamente qué se entiende por calidad, o si esta pasa de manera forzosa por golpear políticamente a una fracción importante –disidente- (CNTE) del sindicato magisterial oficial (SNTE).
Otro punto de controversia ha sido la funcionalidad de las evaluaciones, indudablemente más políticas que pedagógicas, y con ello la unilateralidad del proceso de toma de decisiones en su conjunto, en materia educativa. Por su parte, los medios de comunicación tienden a centralizar el conflicto entre una serie de agentes muy particulares, como el INEE[2], la CNTE, Mexicanos Primero, el Secretario de Educación Pública, entre otros.
Sin embargo, el problema educativo de nuestro país ha sido el punto de confluencia de múltiples proyectos políticos, encarnados también en grupos y asociaciones de distinta índole, de las cuales, los de carácter confesional se sitúan entre los más activos. A propósito de lo anterior, debemos tomar en cuenta que, en el actual proceso de Reforma, no se ha puesto la debida atención a un agente político que, pese a su bajo perfil en materia mediática, se encuentra en el núcleo del conflicto educativo.
Nos referimos, en concreto, a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) la cual ha trabajado de forma cercana, en materia educativa, con entidades de carácter empresarial como la COPARMEX[3] y Mexicanos Primero. Además, su participación directa en el INEE y su histórica capacidad organizativa en zonas tan importantes como Monterrey y algunas partes del Bajío nacional, sitúan a la Unión como un actor que vale la pena seguir de cerca. Su incidencia en el actual proceso educativo es una más en su larga historia.
La UNPF se creó en 1917 por un grupo de abogados católicos, que buscaban tener incidencia en la pugna política contra el laicismo en la educación, el cual, amparado por el Estado y plasmado en la Constitución de 1917, se interpretaba como una amenaza de gran importancia para la libre enseñanza escolar. La libertad de la enseñanza fue una bandera que la Iglesia Católica defendió durante gran parte del siglo XIX, misma que sería recuperada por la UNPF para defender una educación que ellos consideraban –consideran-, fomenta una vida humana con valores cristianos.
Uno de los periodos más álgidos de activismo político de la Unión se dio a partir de 1934, año en el cual entró en vigor la educación socialista auspiciada por el Estado. El Cardenismo y su retórica populista con tintes socialistas, se presentó, en este sentido, como un terreno fértil para que las premisas de la encíclica Quadragesimo anno (1931), promulgada por Pio XI, -en la cual se condenaba al socialismo-comunismo y se hacía explícita la incompatibilidad entre éstos y el catolicismo- se llevaran a la práctica. La Unión fue un actor de suma importancia para la Iglesia Católica y su activismo en contra de la socialización de valores anti-cristianos a través de la escuela pública.
Los enfrentamientos más crudos se llevaron a cabo entre integrantes de la Unión y creyentes católicos y profesores, quienes eran los encargados de llevar a cabo la acción pedagógica socialista. El resultado de esto fue terrible: una cantidad importante de docentes fueron asesinados, o mutilados; algunas profesoras fueron violadas y otras más resultaron despojadas de sus pertenencias. Es importante recordar que, a la sazón, una gran parte del magisterio sentía simpatía por el ideario socialista e incluso el mismo Partido Comunista encontró en los mentores una base fuerte con la cual trabajar políticamente.
A raíz de la resistencia que la Iglesia Católica y la Unión mostraron ante el laicismo primero, y la educación socialista después, se les comenzó a nombrar como “reaccionarios”. Este epíteto los acompañaría el resto del siglo XX, reforzándose más todavía a finales de los años 50 con la negativa que tanto la Iglesia como la Unión mostrarían ante la creación de la Conaliteg[4] y la supuesta homogeneización de los contenidos escolares.
A raíz de la discusión sobre los libros de texto gratuitos, la Unión fomentó un programa político para sumar padres –que no madres- de familia a su causa. Para ello se creó el Movimiento Familiar Cristiano, con el cual se intentaba fundar asociaciones de padres de familia en las escuelas, y afiliar a estas asociaciones a la propia Unión. Con ello, la campaña anticomunista que abanderó la Unión y ciertos sectores empresariales se vio favorecida.
Los años siguientes vieron cómo la distancia entre el Ejecutivo y la Unión se hacía cada vez más amplia en lo referente a los contenidos y formas de socialización escolar. En el sexenio de Echeverría, la Unión, acusó constantemente al mandatario de tendencias socializantes y de intentar “robar la inocencia a los niños” a través de la nueva Ley Federal de Educación, en la cual se incluía la impartición de la educación sexual.
La Unión seguía intentando evitar que todo aquello parecido a laicismo o “socialismo” se hiciera presente en la educación pública; entre tanto, importantes sectores de la población y de la burocracia gubernamental seguían refiriéndose a ellos como “reaccionarios”. El ideal de construir en la tierra una escuela que enseñara a los niños a vivir con valores cristianos se mantuvo como el móvil aparente de las disputas entre el poder público y el radicalismo católico de la Unión.
Lo anterior cambiaría de forma sustancial con el Salinismo, periodo en el cual se evidenció un acercamiento profundo entre el poder público y la Iglesia Católica; los “reaccionarios” pasarían a ser un grupo político cercano, y con una participación política progresiva. La modificación a los artículos 3° y 130 mostraban una actitud distinta del Ejecutivo con respecto a la Unión y a la Iglesia, al tiempo en el cual distintos grupos empresariales convergían en la dirección política y económica de nuestro país, compactados en un bloque en el poder del cual el Alto Clero mexicano se presentaba como un elemento de cohesión.
Posteriormente, el sexenio de Fox se presentó como el otro momento histórico de acercamiento sustancial entre el poder político y el púlpito. En ese periodo, grupos como la Fundación Vamos México –dirigida por Martha Sahagún- y la Unión presentaron una “Guía de Padres”, que estaba respaldada por el rótulo del sindicato oficial (SNTE). Esta guía, y el acercamiento entre el poder público y la Unión, le permitieron a ésta posicionarse políticamente como un actor importante en el proceso de deliberación en torno a la educación pública.
Haciendo un salto de algunos años, y con ello pasando por una gran insurrección popular (Oaxaca-2006), un fraude electoral (2006); una “Guerra contra el narco”, cuyo resultado ha sido la agudización de la violencia en nuestro país y una continua persecución a la ciudadanía por parte tanto de las fuerzas estatales como del crimen organizado; y muchos etcéteras, hemos llegado al presente sexenio, con Enrique Peña como titular del Ejecutivo, y con un país que es continuamente herido por un Pacto oligárquico que, supuestamente, se hizo para “impulsar su desarrollo”.
Es bien sabido que el gobierno priísta de Enrique Peña se montó sobre la “sólida base” de un Pacto político entre las “fuerzas políticas más importantes”. Dicho Pacto tenía como una de sus finalidades, generar el suficiente respaldo legislativo a los distintos proyectos de Reforma que la nueva administración tenía en mente. De igual forma es bien sabido que la Reforma Educativa era fundamental para el proyecto de nación del salinismo remasterizado, encarnado en la figura de Peña. Lo anterior se presentaba nuevamente, como una gran oportunidad de incidencia para la Unión.
En materia institucional, uno de los pilares de la presente Reforma Educativa es el INEE, creado por el gobierno de Fox, pero cuya relevancia política ha sido obtenida en el presente sexenio. El INEE está compuesto por distintos Órganos Colegiados y una Junta de Gobierno. El órgano destinado a generar directrices y dar seguimiento a las evaluaciones del INEE, denominado Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación (CONSCEE) está conformado por distintas asociaciones civiles que se caracterizan por su “interés en materia educativa”, así como también por su “experiencia y propuestas pedagógicas”.
Llama la atención que la Unión sea un miembro de este órgano, elegido por la Junta de Gobierno, la cual, dicho sea de paso, no hace público el mecanismo por el cual se decide qué organizaciones participarán en los Órganos. Por otro lado, la actual presidenta de la Unión, Consuelo Mendoza García, forma parte del Consejo Consultivo de “SUMA por la educación”, y mantiene relaciones cercanas a la COPARMEX y a Mexicanos Primero, también miembros del órgano colegiado. Por Por otro lado, todas las organizaciones mencionadas suscribieron el Pacto por México de manera abierta[5], específicamente, la agenda particular sobre educación. A lo anterior se suma la campaña que la Unión y la COPARMEX han llevado a cabo para realizar “clases extramuros” en aquellos lugares en los cuales la CNTE mantiene movilizaciones, plantones o tomas de casetas, principalmente en el estado de Guerrero. La Unión ha pasado de ser un activista histórico en la política de la educación, a ser un elemento activo de las políticas educativas.
Ahora bien, ¿Qué significa que aquellos que marcan las directrices institucionales de la educación pública nacional se encuentren más ligados al clero -más reaccionario- y al Capital que al trabajo cotidiano en el aula? Conjeturas más, conjeturas menos, lo evidente es que los otrora grupos de presión política en materia educativa, son ahora parte orgánica en el proceso de construcción de políticas…
Nuestro país se encuentra en un momento clave con respecto al porvenir de la política nacional. Como parte de su propia naturaleza, los medios de comunicación han tratado de mostrar una versión simplificada de la realidad ad infinitum. En ella, el problema educativo radica entre las fuerzas de la modernización y las de la conservación; entre aquellos que desean el progreso, y los que, por mantener sus privilegios tradicionales, prefieren el estancamiento. Si miramos de una manera más profunda, veremos que no es así.
El llamado problema educativo es la síntesis de múltiples problemáticas que en la mayoría de los casos exceden lo meramente educativo, para situarse en un nivel político. En este nivel los proyectos educativos se constituyen como construcciones simbólicas de disputa, una disputa que ya sea de forma velada o de forma evidente, se ha llevado a cabo desde hace muchos años en nuestro país. Estamos presenciando –con el permiso de Tello y Cordera- una nueva disputa por la Nación.
Los papeles de la historia parecen invertirse; los otrora “reaccionarios” son los que ahora pugnan por la modernización y el progreso, y aquellos que en tiempos pasados fueran el pilar del proyecto cultural y educativo en nuestro país, son ahora un “lastre” que no nos permite caminar serenamente hacia la senda del progreso… ¿Es lo anterior una descripción certera de la circunstancia educativa, o es un uso político más de la Historia? La historia misma nos lo dirá pronto.
Referencias
[1] Un término que se ha utilizado, al menos, desde la Reforma Educativa en el sexenio de Luis Echeverría.
[2] Instituto Nacional de Evaluación de la Educación
[3] Confederación Patronal de la República Mexicana
[4] Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos
[5] COPARMEX, “Desplegado ciudadanos Pacto por México”, [en línea]: http://www.coparmex.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=316:desplegado-ciudadanos-pacto-por-mexico&catid=24&Itemid=422, fecha de publicación: s/f, fecha de consulta: 14/07/2016
