Por: Patricia Manrique. 05/04/2025
María Antonia tiene 77 años y a su edad, enferma y comida por la ansiedad, no le quedó otra, hace ya dos años y tras ser desahuciada una primera vez, que ocupar su propia casa junto con su hijo David, de 53 y en paro. Si le hubieran dicho años atrás que un día sería ‘ocupa’, probablemente no se lo hubiera creído. Pero el derecho de uso de la casa en la que conviven en Sancibrián, en el municipio de Santa Cruz de Bezana, esa que ha sido su espacio vital por más de tres décadas, es todo lo que le ha quedado tras una vida entera trajinando. Si trabajas de modistilla en casa, cuidas y crías tres hijos y atiendes a un marido como poco desagradecido —Juan Francisco Jano Merino, su marido y padre de David, es el impulsor del desahucio—, no te queda más que una exigua pensión de menos de 700 euros. Con eso, y los precios actuales del alquiler, no llega para pagar un techo a precio de mercado y comer los dos.
Los desahucios son un caso extremo de violencia económica de este sistema que no se arredra ante la vulnerabilidad que supone la alianza de la edad con la enfermedad: María Antonia no debería estar viviendo esta situación dramática. Y esto desde un punto de vista, qué duda cabe, ético, pero en una sociedad que pisotea la ética sin rubor, que coloca la propiedad por delante de la vida, tampoco debería vivirlo desde el punto de vista legal, ya que España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por el que se garantiza el derecho a la vivienda y se prohíben, de manera general, los desahucios sin “alternativa habitacional”.
Este pacto permite, además, solicitar la intervención de la ONU a las personas cuyo derecho a la vivienda haya sido vulnerado y hayan agotado todos los mecanismos internos en España, como es el caso de María Antonia y David, cuya petición de vivienda social al Gobierno de Cantabria permanece en espera desde 2023 sin que el Juzgado —inhumano, quede bien claro— haya admitido ninguno de sus recursos al desahucio. La ONU ha exigido la suspensión hasta que se conceda a los residentes una vivienda social alternativa
Ambos están viviendo una situación de indefensión en un entorno hostil a varios niveles, algo que, según señalan varios estudios sobre la psicología del desahuciado, provoca un fuerte impacto emocional, siendo el estrés postraumático una constante en todos los casos estudiados, con episodios recurrentes de miedo y angustia (flashbacks, pesadillas), pérdida de autoestima, cambio de hábitos de alimentación, sueño o relaciones sociales y una fuerte pérdida de confianza en las instituciones y el sistema.
La única suerte de María Antonia y David, con tener muy poca ahora mismo, es que no están solos. El pasado lunes la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que es un colectivo y un disparador de solidaridad, reunió desde la noche anterior a gente tan diversa como generosa y entre todos, pese a tener delante a dotaciones de Guardia Civil y antidisturbios vestidos para violentarles, físicamente incluso, lograron paralizar el desahucio. Gracias a las PAH, los desahucios no se viven en soledad y en silencio, y probablemente gracias a ellas y ellos han bajado el número de suicidios por desesperación, aunque no olvidamos casos como el de las hermanas de la calle Burgos de Santander.
Pero sin parque de vivienda social y sin mecanismos de atención a las víctimas de desahucios, aquí seguimos, asistiendo cada cierto tiempo al drama de las María Antonias y los David que el sistema se lleva por delante. Nos vemos en estas, para mayor escarnio, de la mano de una clase política a menudo tan charlatana como incompetente, y empeñada en mirar al lado que más les conviene, cuando no en lanzar bulos funcionales para su inacción: aunque los desahucios se dispararon un 70,2% el pasado año —un total de 257 frente a los 151 de 2023— y el principal motivo fue el impago del alquiler —207 casos, un aumento del 68,3% respecto a 2024—, el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), tira de argumentario para hacernos creer que el problema son las ocupaciones, cuando el mismo informe del poder judicial detalla que hubo tan solo 19 demandas por este delito en todo el año pasado.
Los desahucios son un caso extremo de violencia económica de este sistema que no se arredra ante la vulnerabilidad que supone la alianza de la edad con la enfermedad
Despreciando los datos objetivos, se niega a buscar soluciones al problema, como sería el control de los precios de alquiler y/o la limitación de las viviendas turísticas que han inflado las rentas, y la creación de un parque de vivienda social que evite que casos como el de María Antonia resulten tan traumáticos. “Da igual una o mil”, ha dicho en relación a los datos: lo que le importa a él es “la sensación” ciudadana, esa que él trata de manipular, y siempre que juegue a favor de sus postulados, claro.
Como ya ha señalado el director de este periódico, Laro García, frente al “una vivienda ocupada es mucho” que entona el consejero, la realidad es que “un solo desahucio nos parece demasiado” y no olvidamos que Cantabria es el territorio peninsular que ha experimentado mayor aumento de pisos turísticos desde la pandemia, de modo que se ha hecho inviable conseguir un alojamiento estable en las zonas más turísticas de la comunidad, donde el 80% de la oferta es de temporada y tiene precios desorbitados.
El desahucio de María Antonia y David fue paralizado, pero volverán a pasar por la misma situación si el Gobierno de Cantabria no lo remedia ofreciéndoles una alternativa habitacional que realmente lo sea. Me refiero con ello a que los seres humanos “habitamos”, que es mucho más que ocupar habitaciones: nos implicamos en todo un universo de referencias vitales que nos rodean y hacen que la vida sea plenamente humana y digna de ser vivida. Y eso, a María Antonia, que tiene 77 años, que llevaba 30 en esa casa, se lo van a arrancar, algo que no debería pasarse por alto a la hora de buscar una vivienda que, a poder ser, no la desarraigue del resto de su vida también.
Para el consejero, la propiedad privada es sagrada, para la filósofa Simone Weil, en cambio, “es sagrado el bien y lo que está relacionado con el bien”, que se manifiesta en cierta fe última que tenemos en que los demás no nos harán mal. Cuando así ocurre, cuando se viola esa inocencia íntima, surge el sentimiento de injusticia. Espero —y sé y agradezco que la PAH estará ahí velando para que así sea— que no desahucien esa parte profunda, inocente, del corazón de María Antonia y con ella toda su fe en que aún exista algo de bien en el mundo. Intenten ser más competentes, señoras y señores políticos y, sobre todo, dejen, por favor, de ser tan jodidamente inhumanos.
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Fotografía: Briega
