Por: Guillermo Cartagena. 27/03/2025
En un nuevo episodio de persecución protagonizada por el Gobierno de Nayib Bukele en contra de defensores de derechos humanos, el activista Fidel Zavala fue capturado junto a líderes comunitarios de La Floresta. Se les acusa de ser miembros de una supuesta “red de estafadores” que comercializaron terrenos privados y de formar parte de una “asociación ilícita” bajo el argumento de que UNIDECH no tiene personería jurídica. Tras las capturas y allanamientos de esta semana, organismos nacionales e internacionales han exigido la liberación de los activistas y han señalado que estas acciones penales demuestran que las instituciones del Estado salvadoreño, controladas por la familia Bukele, criminalizan a las personas organizadas que denuncian las violaciones a los derechos humanos.
l defensor de derechos humanos, Fidel Antonio Zavala —quien demandó formalmente al viceministro de Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a otros dos directores de cárceles, por cometer torturas, corrupción, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes—, fue capturado por la Policía y la Fiscalía, la tarde del 25 de febrero, mientras se encontraba en las oficinas de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), de la que es vocero.
La Fiscalía informó que Zavala será procesado judicialmente junto a líderes comunitarios de la Hacienda La Floresta, ubicada en el distrito de San Juan Opico, por pertenecer a una supuesta “red de estafadores”. Tras las capturas y los allanamientos a las oficinas y viviendas de los defensores y líderes comunitarios, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) señaló públicamente que este es un caso fabricado por el Gobierno de Nayib Bukele con el objetivo de criminalizar y perseguir a quienes se organizan para denunciar violaciones a derechos humanos, arbitrariedades y torturas cometidas por los agentes y funcionarios del Estado salvadoreño. El mismo Zavala dijo, a periodistas que presenciaron su captura, que le estaban inventando delitos para callarlo. Esos “delitos inventados”, según explicó antes de subir esposado a un vehículo policial, son: agrupaciones ilícitas, hacerse pasar por abogado y comercialización ilegal de terrenos en La Floresta.
“Consideramos que este acto de la Fiscalía y del gobierno de facto de Bukele, en San Juan Opico, no es más que una acción que se suma a toda la lógica de persecución política impulsada por el gobierno, que además tiene la intención de intimidar y tratar de acallar las voces de quienes están al frente de las denuncias de los graves retrocesos democráticos y políticos que ahora sufre nuestro país”, expresó Marisela Ramírez, integrante del equipo de conducción del BRP.
Antes y después de los allanamientos, una veintena de personas fueron detenidas en la comunidad, incluida una mujer embarazada. Entre ellas, Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas, líderes de la comunidad La Floresta, quienes fueron los primeros capturados, el pasado 9 de febrero, y son acusados por el supuesto delito de comercializar ilegalmente lotificaciones o parcelas, además de limitación ilegal a la libre circulación y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía también publicó, en su cuenta de X, que tanto Zavala como los líderes comunitarios pertenecían a una “asociación ilícita”, debido a que UNIDECH no tiene personería jurídica. Tras esa publicación, dirigentes de la organización aclararon que esta acusación contradice el artículo 7 de la Constitución de la República que establece que cualquier habitante de El Salvador tiene “el derecho a asociarse libremente para cualquier objeto lícito”.
“Tener una organización de HECHO no la convierte en ser asociación ilícita porque las funciones no era cometer ningún delito, esto es una prueba de criminalizar la lucha social y la libertad de asociarse, somos miles de movimientos que existen en El Salvador que no están legalmente inscritos porque el mismo Gobierno de Bukele impide el funcionamiento o su inscripción por la persecución política que ejerce”, publicó el UNIDECH.
Contexto del caso La Floresta
El conflicto en La Floresta inició en mayo de 2024, cuando los señores Óscar Armando Góchez López y Lourdes Góchez llegaron a la comunidad alegando que esos terrenos eran suyos y que los habitantes de la comunidad estaban invadiendo su propiedad. Luego, sin una orden judicial, comenzaron a derribar las casas de varias familias que tenían más de 12 años de vivir en esas tierras.
Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC y quien también enfrentó un allanamiento en su vivienda, explicó que la acción de los supuestos dueños de las tierras fue arbitraria e ilegal porque en los artículos 2246 y 2247 del Código Civil está contemplada la prescripción adquisitiva ordinaria que les otorga el derecho de posesión a los habitantes por haber residido por más de 10 años y sin interrupción en ese lugar.
A inicios de 2025, la comunidad se organizó y comenzó los procesos civiles y judiciales para que se respetaran sus derechos de posesión de la tierra. Mientras realizaban mediciones del terreno que servirían para los procedimientos que estaban en trámite, la Policía llegó al lugar para detener, sin aclarar los motivos, a los líderes comunitarios Medardo Rodríguez y Alejandra Cañas.
En una publicación en redes sociales, la Fiscalía aseguró que “los imputados tenían en su posesión armas blancas y cuando observaron la presencia de las autoridades iniciaron los ataques, por lo que también se les atribuye el delito de resistencia agresiva”. Sin embargo, UNIDEHC, que ha acompañado con asesoría legal a la comunidad, desmintió a la Fiscalía a través de un video del momento de la captura en el que se puede observar que no hubo ningún ataque de parte de los habitantes.
El BRP informó que luego de la audiencia inicial en contra de los dos líderes comunitarios que fueron capturados inicialmente, el Juzgado de Paz de San Juan Opico los liberó del delito de resistencia agresiva, pero en la misma audiencia inicial de este 26 de febrero ordenó que queden detenidos provisionalmente porque seguirán procesados por supuestamente cometer los delitos de amenazas con agravación especial, comercialización irregular de parcelas o lotificaciones y limitación ilegal a la libertad de circulación.
El caso de Fidel Zavala
En horas de la mañana del 25 de febrero, el mismo día de su detención y un día antes de la audiencia inicial contra los dos líderes comunitarios, Zavala llegó a la oficina central de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con el objetivo de presentar un escrito por las vulneraciones a los derechos de los habitantes de La Floresta y las capturas arbitrarias de los líderes.
Horas más tarde, cuando Zavala ya había regresado a las oficinas de UNIDECH, agentes de la Policía y miembros de la Fiscalía llegaron para hacer un allanamiento y capturarlo.
Esta no es la primera vez que Zavala es detenido. Estuvo en prisión durante 13 meses, desde febrero del año 2022, por un caso de estafa hasta que fue declarado inocente y liberado. Desde que salió de la cárcel ha denunciado las torturas y malos tratos que pudo observar en el interior de los centros penitenciarios en los que estuvo, donde miles de personas llegaron como parte de las redadas masivas por el régimen de excepción —que sigue vigente desde marzo de 2022—. Por las arbitrariedades que atestiguó fue, en julio de 2024, a la Fiscalía para demandar al director general de Centros Penales, Osiris Luna, y a los otros dos directores de cárceles.
En simultáneo al allanamiento de las oficinas de UNIDEHC, las autoridades ejecutaron el mismo procedimiento en la casa de Zavala y en la casa de la abogada Ivania Cruz, quien se encontraba fuera del país en ese momento denunciando ante organismos internacionales las violaciones a derechos humanos que ha documentado.
De acuerdo con la abogada Cruz, los allanamientos finalizaron a las 04:00 de la madrugada. Aseguró que en el procedimiento, las autoridades incautaron algunos objetos y herramientas de trabajo del equipo de UNIDEHC que no tienen relación con el caso. De su casa incautaron una caja fuerte con documentos privados de su hermano que tampoco tienen relación con el caso y de la casa de Zavala no se llevaron nada. El BPR agregó que la Fiscalía se llevó $500 de las oficinas de UNIDECH que habían sido recolectados para pagar notarios y otros trámites.
Rechazo a la criminalización de defensores
Por los allanamientos y capturas, organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron para respaldar a los defensores, exigir su liberación y denunciar que el Gobierno de Bukele ha emprendido una persecución política en contra de activistas de derechos humanos.
Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, calificó estas acciones como represivas y aseveró que son el resultado de “la creciente impopularidad del régimen del clan Bukele”, producto de la reactivación de la minería metálica, una medida desaprobada por 61 de cada 100 salvadoreños, según una encuesta de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
Cristosal publicó en sus redes sociales un comunicado en el que insta a las autoridades policiales, fiscales y judiciales a abstenerse de someter a las personas detenidas “a condiciones de detención inhumanas, incomunicación y a que respeten su derecho a la defensa y al debido proceso judicial, especialmente en un contexto donde tales garantías han sido vulneradas de manera generalizada durante el régimen de excepción”.
La organización hizo énfasis en el caso específico de Zavala, para que se “evite colocarlo bajo la custodia de los funcionarios que él mismo ha denunciado como responsables de torturas y muertes de personas privadas de libertad”.
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Fotografía: Gato encerrado.
