Por: Nicolás Centurión. 24/05/2023
En un continente convulso, donde la coyuntura no da tregua y las emergencias obturan el análisis, el caso Lava Jato sigue pariendo consecuencias. En Uruguay, el caso pasó sin pena ni gloria. No hubo grandes construcciones donde se pudieran desarrollar tramas de corrupción y sobornos, pero este pequeño país siempre esconde grandes infiernos por destapar: Uruguay era la guarida del lavado de Odebrecht.
La trama
El caso Odebrecht se destapó tras una investigación de corrupción de Petrobras en Brasil, llamada Lava Jato, que desembocó en la detención de Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa que lleva su nombre, en la que se descubrió que había un “departamento de sobornos” desde donde se dieron recursos a funcionarios en varios países a cambio de contratos para obras públicas.
El escándalo se destapó a fines de 2016, cuando Odebrecht se declaró culpable ante la Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, de haber pagado sobornos a funcionarios de al menos 12 países. La constructora aceptó pagar multas por unos 3,500 millones de dólares por su sistema de sobornos que incluyó a una docena de países latinoamericanos, así como también Mozambique y Angola.
Lava Jato o la causa Odebrecht trajo mucha cola en su momento ya que implicaba a muchos altos funcionarios de gobiernos varios, entre ellos del ala progresista. Entonces la prensa hegemónica concitó toda su atención allí. Uno de los mayores golpeados fue el actual presidente de Brasil, Lula Da Silva.
Nuevos (viejos) involucrados
La lista de involucrados en esta ingeniería de lavado se amplió recientemente y ahora cuenta en su haber con el empresario y economista Eduardo Ache. Este fue imputado por la causa Lava Jato en Perú y está investigado por lavado de activos y blanqueo de capitales en la causa que indaga el pago de millonarias coimas a ex y actuales funcionarios de gobiernos de la región por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Por este delito Ache enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión.
Ache actualmente es asesor económico del senador Guido Manini Ríos, líder del partido ultraderechista Cabildo Abierto, y fue designado por el gobierno para dirimir controversias en el Puerto de Montevideo y representante de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) en la Comisión Organizadora del Mundial de Fútbol 2030.
Vale recordar que venimos de antecedentes como el FIFAgate o el escándalos en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que implicaron a varios uruguayos. El mundial 2030 es otro apetecible banquete para blanquear.
Ache no es outsider ni un novato en la política y cuenta con varios antecedentes. En 1994 fue candidato a Vicepresidente por el Partido Colorado en la fórmula Pacheco – Ache. Pacheco Areco fue presidente de la República entre 1968-1972, en un gobierno inundado de autoritarismo, represión, persecución, censura y muertos. La antesala del golpe de Estado de 1973.
Ache militó en el Partido Colorado y llegó a ser Senador, pero también fue presidente de la estatal hidrobargurífera ANCAP en el gobierno del Partido Nacional de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), padre del actual mandatario.
Además fue presidente del Club Nacional de Football en dos ocasiones. Ache tiene un vínculo muy cercano con Alejandro Balbi, otro dirigente del club Nacional y a su vez, abogado del narcotraficante Sebastián Marset, quien mantuvo una reunión clave con la exvicecanciller para acceder al pasaporte que finalmente liberó a Marset. Dicha funcionaria es nada más y nada menos que Carolina Ache, sobrina de Eduardo Ache.
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La causa contra el economista Ache está a cargo de la fiscal peruana Geovana Mori Gómez, responsable del segundo despacho del equipo especial de fiscales del caso LavaJato y figura en la carpeta fiscal con el número 09-2021. La Fiscalía peruana también investiga en la misma causa a otras dos ciudadanas uruguayas (María Gazzo y Mercedes Araujo) que cumplían funciones administrativas para Ache.
Según la Fiscalía de Perú, Ache participó de la maniobra de facilitación de la apertura de las cuentas para el pago de coimas a través de la filial uruguaya de la Banca Privada de Andorra (BPA) y obtenía ganancias de 1% del total de los giros realizados.
Ache fue hasta el año 2011 presidente de la filial del Banco Andorra en Uruguay. El 31 de marzo de 2011, el Banco Central (BCU) retiró la licencia a BPA para operar en Uruguay, después de que la entidad comunicara su liquidación. Sin embargo, siguió operando bajo otra denominación, Noswey SA Asesores de Inversión, en la misma dirección del BPA en el World Trade Center de Montevideo, hasta el año 2014.
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Fotografía: Question digital