Por: Cecilia Balderas. Revolución tres punto cero. 24/01/2016
320 solicitudes de juicio político duermen el “sueño de los justos” en San Lázaro desde hace más de una década.
(21 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunciaron que desde la misma Cámara de Diputados se fomenta la impunidad entre funcionarios públicos, al retrasar el trámite de 320 solicitudes de juicio político, entre ellas, las presentadas contra el extitular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, por las inconsistencias en el caso Ayotzinapa y contra el priista Javier Duarte, gobernador de Veracruz, por las repetidas violaciones a derechos humanos suscitadas en la entidad.
Omar Ortega Álvarez recordó que el 27 de octubre del año pasado, presentó un punto de acuerdo para solicitar al Secretario General de Cámara, Mauricio Farah Gebara, los expedientes existentes sobre solicitudes de juicios políticos; sin embargo, no fue sino hasta el 29 de noviembre –después de poco más de un mes- que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó pedir a la misma instancia enviar a comisiones los expedientes.
La petición de Ortega se centró en solicitar, además de la información, la instalación de la subcomisión de examen previo de juicio político, misma que debe ser conformada por legisladores de la Comisión de Gobernación y de Justicia de la Cámara de Diputados, esta legislatura presidida por los priistas Mercedes Guillén Vicente y Álvaro Ibarra Hinojosa, respectivamente.
El pasado tres de diciembre, Farah Gebara remitió a la Comisión de Gobernación, un documento en el que le informó que quedaban a su disposición los más de 300 expedientes; sin embargo, Ortega detalló que la Comisión de Gobernación, hasta el momento, no ha ido por los expedientes ni ha conformado la subcomisión.
Decenas de solicitudes de juicio político permanecen en la congeladora desde por lo menos hace 12 años, desde que la LIX Legislatura estaba en funciones.
“Nos encontramos en el limbo. Primero, era la Junta de Coordinación Política la que no remitía la instrucción al Secretario General; después, el Secretario General envió el documento a la Comisión de Gobernación y ahora es esta la que no recoge los archivos”, dijo el legislador perredista y criticó que estas solicitudes “sigan durmiendo el sueño de los justos” y que se dilaten los procedimientos para que precluyan los asuntos.
Largo camino…
Una vez que las dos comisiones encabezadas por los priistas se dignen a formar la subcomisión de examen previo, esta tendrá que sesionar y en su caso aprobar los resolutivos que deberán ponerse a discusión del pleno de ambas comisiones.
Si la mayoría de sus integrantes los aprueban, los dictámenes son remitidos a la Comisión Jurisdiccional para que esta solicite la instalación de la Comisión Instructora y después, el pleno de la Cámara de Diputados podrá analizar si cada uno de los juicios procede o no.
Rafael Hernández Soriano, también diputado del sol azteca, recordó que los artículos 109 y 110 de la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, establece que la Cámara es formalmente un juzgado de procedimiento; es decir, si en ella no se inicia el procedimiento para la integración de los expedientes, simplemente está cooptando la aplicación de la justicia.
“Servidores públicos que están señalados en 320 expedientes a partir del 2003 han sido cobijados por la impunidad de esta Cámara…el transcurso del tiempo, a quien protege, es a los corruptos que están señalados en los expedientes y a los funcionarios que han sido omisos”, argumentó el también secretario de la Comisión de Gobernación.
Aunque cualquier ciudadano puede presentar una solicitud de juicio político, por ley está obligado a aportar pruebas que sostengan sus señalamientos. Una vez que estas son presentadas, tiene tres días para ratificarlas y cuando lo hace, la Secretaría General de Cámara está obligada a enviar el expediente a comisiones.
En este caso, los perredistas señalan responsabilidades de funcionarios y legisladores de varias legislaturas, pues desde 2003, no fue remitido un solo expediente. Los funcionarios pueden ser enjuiciados o sometidos a procedimiento durante su encargo, o hasta un año después de dejarlo.
“Hay muchos charales y peces gordos que ya fueron cobijados por la impunidad, por omisión de esta Cámara, pero hay otros que están todavía vivos…es importante que se eche a andar la maquinaria jurídica de esta Cámara de Diputados”, subrayó Hernández.
Fuente: http://revoluciontrespuntocero.com/320-solicitudes-de-juicio-politico-duermen-el-sueno-de-los-justos-en-san-lazaro-desde-hace-mas-de-una-decada/
Fotografía: milednl.
