Por: Tomás Straka. Nueva Sociedad. 13/10/2017
Maduro logró sortear la ola de protestas. Pero ahora se enfrenta a problemas económicos graves y a una deuda que debe pagar. Su última apuesta es el abandono del dólar como referencia para la cotización de la cesta petrolera y su sustitución por el yuan.
Tras superar el último ciclo de protestas que tuvieron en vilo a Venezuela entre abril y julio, el gobierno de Nicolás Maduro enfrenta enormes dificultades económicas y una creciente presión internacional. Pero ninguna de ellas alcanzan para acabar con un régimen, menos con uno al que le quedan algunas cartas bajo la manga y que viene de triunfar sobre una rebelión. Sin embargo, tanto los problemas económicos como la presión externa podrían combinarse para socavar la unidad del bloque gubernamental que las manifestaciones de calle no lograron. Eso agudizaría las tensiones sociales que ya existen. Que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) haya perdido protagonismo y aceptado participar en las venideras elecciones bajo las reglas del gobierno, representa un éxito para Maduro. Pero con una inflación que ya en agosto era del 248% y una devaluación de casi el 70% sólo en el último mes, el panorama sigue siendo complicado. Ante ello, el gobierno busca oxígeno en aliados extranjeros como China y Rusia. El abandono del dólar como referencia para la cotización de la cesta petrolera y su sustitución por el yuan, puede ser sólo el inicio de una contraofensiva mucho más amplia para consolidarse en el poder.
Una prueba de lo que esto representa son los 3,5 millardos de dólares que el gobierno venezolano, en especial la petrolera estatal PDVSA, debe pagar a los tenedores de sus bonos en el mes de noviembre. Si algo ha demostrado la administración chavista es su escrupuloso compromiso con los acreedores. En septiembre se manifestaron problemas con los desembolsos, corriéndose la voz de que finalmente se caería en default. Al final, fueron liquidados, demostrándose que el gobierno está dispuesto a hacer casi cualquier sacrificio para evitar la morosidad, cosa que fue vista con cierto alivio en los mercados. Esos sacrificios se le endosan finalmente a la población. Todo esto hace pensar en la sostenibilidad del modelo autoproclamado como «socialista» a mediano plazo, incluso con el férreo apoyo militar que hasta el momento a demostrado tener. Aunque regímenes como cubano y o el de Zimbabwe lograron mantenerse en el poder en situaciones incluso peores, en los dos casos adelantaron reformas económicas e incluso políticas de algún tipo. Robert Mugabe dolarizó su país, resolviendo lo peor de la crisis de hiperinflación y escasez, e incorporó a la oposición a su régimen.
En cuanto lo político, tal vez el hecho de que no se haya disuelto –al menos no aún- a la Asamblea Nacional en manos opositoras permitiendo su coexistencia, incluso en el mismo edificio, con la Asamblea Nacional Constituyente en manos chavistas, y cierta pluralidad en las elecciones regionales, indique que se esté barajando un modelo como el de Zimbabue. De las elecciones podrán salir gobernadores opositores con cuotas de poder pero proclamados por una autoridad electoral que esa misma oposición ha denunciado parcializada por el gobierno, y con la espada de Damocles de una Constituyente con poderes supraconstitucionales que en cualquier momento pueda destituirlos o cambiar drásticamente sus funciones. Abandonar los espacios en las regiones sería un error que haría del participar en los comicios un mal menor. Pero también es cierto que si no hay un cambio sustancial en la correlación de poder o en las estrategias de la MUD, tanto los gobernadores opositores electos como los parlamentarios que siguen en sus curules, corren el riesgo de tener un papel como el de la oposición zimbabuense. Es decir, de socios menores, o en el peor de los casos, el de los partidos del Frente Nacional de la República Democrática Alemana, es decir, de simples comparsas. Hay que recordar que ya en 2015 la oposición obtuvo un rutilante éxito electoral y eso no ha sido capaz de impulsar una transición.
Con respecto a las reformas económicas, la trama de intereses que se hay en Venezuela las pone cuesta arriba. Dentro del marco del férreo control cambiario –para ciertos rubros el cambio oficial es de diez bolívares por dólar–, el cambio paralelo se ha desplomado a alrededor de veinte mil bolívares. El mejor negocio del mundo es tener la manera de acceder a estos dólares a diez bolívares, porque basta vender uno de ellos a veinte mil, para comprar otros dos mil dólares a diez. No obstante, las sanciones internacionales apuntan a cortar el chorro de petrodólares que le entra al Estado, dueño absoluto de la industria, espina dorsal de este sistema y, según muchos, de las lealtades tejidas en torno suyo. La orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 25 de agosto, prohíbe a ciudadanos o empresas norteamericanas hacer transacciones en bonos del gobierno venezolano y de PDVSA, con lo que dinamita una de sus fuentes fundamentales de financiamiento. Pero hay más. También se le impide a Citgo, la refinadora de petróleo y expendedora de gasolina propiedad de PDVSA, la repatriación de sus dividendos. Citgo es la encargada de adquirir la mayor parte de los setecientos mil barriles de petróleo que Venezuela vende diariamente a EEUU. El otro millón (o un poco menos) de barriles que produce se envía a China, que los pagó por adelantado en un fondo de desarrollo que ya está casi vacío. Éste se reparte en convenios como Petrocaribe, en los que se cobra a largo plazo o en servicios y especie, o se manda a compradores menores. Es decir, para el flujo de caja Venezuela depende como nunca del denostado «imperio».
La respuesta ha sido la cotizar el petróleo en yuanes y la de impulsar el uso de esta moneda para las otras transacciones internacionales. En lo que parece ser un primer paso de liberalización, se ha anunciado que en dos regiones operen las casas de bolsa con ellos. Pero es difícil que esta «yuanización» tenga un efecto como los de la dolarización de Zimbabwe y la que parcialmente se aplicó en Cuba; entre otras cosas porque todo el que compre un yuan saldrá corriendo a cambiarlo por lo que pueda en dólares. Tal vez se logren honrar los pagos de noviembre, pero ya los del 2018 parecen ser más difíciles de cumplir. A ello hay que sumar otro conjunto de sanciones directas a figuras del régimen y sus familias, que coartan su capacidad de acción internacional y que pueden hacer temer a otros por sus destinos y sus bienes. Si no se resuelve de algún modo este aspecto económico, no parecerá posible replicar algo como lo de Mugabe, incluso con la connivencia de algunos opositores. El modo en que Maduro logre (o no) sortear esto, definirá en bueno medida el futuro de su régimen y el de todo el país.
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Fotografía: Nueva Sociedad
