Por: Leopoldo Maldonado. 01/06/2025
#TelevisaLeaks debe ser un punto de inflexión. No se trata sólo de castigar a los responsables, sino de desmantelar de una vez por todas el viejo pacto entre poder y medios. Un pacto que ha silenciado verdades, destruido carreras, manipulado elecciones
Las revelaciones conocidas como TelevisaLeaks no deberían sorprender a nadie que haya observado de cerca la vida pública mexicana en las últimas décadas. El escándalo desatado por los documentos obtenidos por Aristegui Noticias —cinco terabytes de evidencia que detallan cómo la unidad “Palomar” de Televisa operaba una maquinaria de estigmatización, desinformación y manipulación— representa uno de los episodios más graves y documentados de ataque sistemático contra la libertad de expresión y el derecho a la información en México.
El caso es claro: periodistas, funcionarios públicos, magistrados y actores incómodos para ciertos sectores del poder fueron blanco de campañas orquestadas desde el corazón del principal consorcio mediático del país. Según las filtraciones, este aparato de propaganda fue coordinado por Javier Tejado Dondé —alto ejecutivo de Televisa— y contó con recursos públicos, funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y operadores de redes sociales que difundían contenido manipulado a través de cuentas como “Conspiracción” y “Todos Somos Morena”.
Lo que este caso evidencia es la continuidad de una relación histórica de complicidad entre los medios de comunicación concesionados y el poder político. Desde el siglo XX, los grandes conglomerados como Televisa han sido parte activa del sistema de control político de la narrativa en México. Durante décadas, las noticias en televisión no fueron un ejercicio periodístico sino un servicio al régimen. A cambio, recibían concesiones, publicidad oficial y un lugar privilegiado en la economía nacional.
El artículo 6º de la Constitución mexicana consagra el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, veraz y oportuna. Pero en la práctica, ese derecho ha sido sistemáticamente pisoteado por una estructura mediática hiperconcentrada y profundamente dependiente de los recursos públicos. El caso TelevisaLeaks lo confirma: se utilizan fondos del erario y bienes de la Nación (espectro radioeléctrico), no para informar a la ciudadanía, sino para confundirla; no para enriquecer el debate público, sino para distorsionarlo; no para fortalecer la democracia, sino para sabotearla.
Que un medio concesionado —es decir, que utiliza un bien público como el espectro radioeléctrico— haya estado implicado en campañas de desinformación, es una violación directa de las obligaciones que el Estado tiene para garantizar una comunicación libre, ética y plural. Pero más grave aún es que no existen, al día de hoy, mecanismos de regulación y vigilancia que puedan prevenir o sancionar este tipo de prácticas con eficacia.
La concentración mediática en México es un gran pendiente de la agenda nacional. La falta de pluralidad informativa favorece la manipulación del discurso público y convierte a medios como Televisa en actores de poder más que en contrapesos del mismo. En lugar de servir como plataformas para el debate informado, terminan operando como brazos de campañas políticas, escudos de intereses privados y armas de guerra sucia.
Lo que TelevisaLeaks desnuda, en el fondo, es un modelo de medios de comunicación fundado sobre la opacidad y la manipulación. Es un modelo forjado durante el régimen autoritario del PRI, que ha sobrevivido al PAN y ahora a Morena. Es un arreglo político-económico que ni en el llamado “régimen de la transición” (2000-2018) algún proyecto político pudo ni quiso remover. Es el lastre que sirvió para justificar discursivamente el montaje del aparato propagandístico del nuevo régimen pero que, en los hechos, mantiene intactas las relaciones con los grandes corporativos de medios.
Ejemplo de ello es que pese a dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenan al Congreso de la Unión a regular adecuadamente la publicidad oficial, ningún partido político ha dicho “esta boca es mía”. O qué decir del “decretazo 2.0” de abril de 2020, mediante el cual AMLO le redujo tiempos fiscales a los concesionarios de radio y TV. Mientras el financiamiento público a medios siga sin reglas claras ni criterios transparentes, las concesiones sigan otorgándose con criterios políticos, y los periodistas sigan siendo criminalizados por investigar a los poderosos, este modelo seguirá vivo.
Es urgente que las instituciones actúen, y en ese sentido, es indispensable que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales e internacionales para proteger el derecho a la información que en este caso es evidentemente socavado.
Sin embargo el silencio desde el Ejecutivo –que será próximamente facultado para dar concesiones del espectro radioeléctrico- es un adelanto de lo que viene: componendas e impunidad. Por eso la propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no soporta la mínima prueba de razonabilidad ante hechos como los revelados. De hecho, confirma la necesidad de un ente regulador autónomo, lejano a la discrecionalidad política del Ejecutivo, y sobre todo, con “dientes” para sancionar.
#TelevisaLeaks debe ser un punto de inflexión. No se trata sólo de castigar a los responsables, sino de desmantelar de una vez por todas el viejo pacto entre poder y medios. Un pacto que ha silenciado verdades, destruido carreras, manipulado elecciones. La democracia no puede sostenerse sobre un sistema informativo corrompido y, hoy que se discute el modelo de telecomunicaciones y radiodifusión, #TelevisaLeaks debe ser motivo de debates profundos.
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Fotografía: Poplab
