Por: La Pluma. 06/08/2018
Hace pocos días se conocieron algunos acuerdos entre organizaciones indígenas y empresas mineras que ocupan el territorio ancestral Shuar en las cordilleras de El Cóndor y Kutukú (1).
Un análisis de los tres documentos nos muestra lo que las empresas mineras son capaces de hacer para acceder a los minerales que se encuentran en los territorios indígenas. Estos documentos son: una carta de intención de donaciones de la compañía Lowell enviada a la comunidad shuar de Yawi, y los acuerdos entre la presidencia de la FICSH con la china Explorcobres SA -EXSA- y la canadiense Aurania. Los ofrecimientos que hacen las empresas son un insulto y podrían ser una trampa para el pueblo Shuar.
La empresa Lowell, cuya propietaria es la canadiense Equinox Gold, envió una carta de intención fechada el 7 de mayo de 2017 al síndico de la Comunidad Yawi en la que se ofrece a la comunidad de Yawi una “donación” de 3.319,19 dólares mensuales. Bajo el suelo del proyecto minero Warintz, aledaño a la comunidad de Yawi, habría más de 2 millones de libras de cobre y más de 130 millones de libras de molibdeno (2), con cuya venta la EquinoxGold obtendría por sobre los 2.200 millones de dólares. Considerando esto, la “donación” mensual de Lowell a la comunidad de Yawi resulta una burla porque la extracción de los minerales en esa zona implicaría arrasar con la tierra, los bosques y el agua, y parte del territorio shuar, el mismo que es inconmensurable y al que no se le puede poner precio alguno.
El segundo documento es el “Convenio específico de cooperación para la socialización sobre desarrollo y calidad de vida en las comunidades shuar del área de influencia del proyecto minero Panantza-San Carlos”. Este acuerdo firmado con el presidente de la FICSH y la minera china EXSA (3) el 20 de mayo de 2018, se ejecutará en la parroquia San Carlos de Limón, en Morona Santiago, y tiene como objeto realizar talleres sobre desarrollo y calidad de vida a cambio un pago único de EXSA de 93.945,60 dólares (incluido el IVA). Según el acuerdo, las actividades planificadas bajo este convenio estarán bajo supervisión del departamento de Asuntos Corporativos de la empresa EXSA, la misma que aprobará los contenidos, programas y también los lugares donde se darán los talleres. Otras obligaciones de la organización indígena incluyen el permitir a los socializadores permanecer 3 meses en las comunidades, e incluir un taller de socialización sobre minería a gran escala. La FICSH estará obligada a presentar las listas de participantes con sus firmas, las memorias y fotografías de todos los talleres. Además, tendrá que dar a EXSA toda la información que requiera hasta 3 años después de terminado el convenio y la misma podrá ser usada por la compañía inclusive como publicidad. Llama la atención que entre las cláusulas de terminación del contrato -y por ende la posible devolución del dinero por parte de la FICSH- están las acciones de grupos ambientalistas o indígenas y actos que “limiten, perturben, suspendan o imposibiliten el normal desarrollo de las actividades mineras de EXSA”.
Es evidente que la empresa busca utilizar este acuerdo con la FICSH para garantizar una socialización favorable a la minería a gran escala, como es el proyecto minero Panatza-San Carlos, así como poder acceder a datos personales de los pobladores de San Carlos de Limón, imágenes de sus rostros, lugares donde viven, y hasta quizás identificar a quienes manifiesten dudas o rechazo. Sorprende sobre manera que con una de las cláusulas de este acuerdo la compañía pretenda frenar el acceso a información por parte de las comunidades sobre los impactos ambientales de la minería, expresiones de solidaridad por parte de otras organizaciones indígenas, y cualquier reclamo o acción de protesta.
La empresa minera china EXSA podría estar incurriendo en una ilegalidad al negociar y tomar decisiones de manera bilateral con la FICSH para actividades que son responsabilidad del Estado como son los procesos de participación y consulta, competencia que es indelegable a cualquier instancia privada. No debemos olvidar que esta zona del proyecto Panantza-San Carlos es territorio indígena Shuar y que se estaría violando el derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada que busque el consentimiento de las comunidades indígenas que van a ser afectadas.
El tercer documento, sin fecha y en papel membretado de la FICSH, se titula: “Federación Interprovincial de Centros Shuar FICSH muy pronto firmará Alianza de cooperación con Aurania -Aurania renueva el paquete de concesión completa en Ecuador y participa en debentes convertibles de USD 2 millones con el presidente” que se refiere al Proyecto “Ciudades Perdidas – CUTUCU SHIAMI”. El texto de este documento es una traducción textual de la página web de Aurania y al final se añade un párrafo de la nota de prensa de la empresa publicada el 5 de abril de 2018 (4). El texto en español de este párrafo fue recortado después de la coma y se omitió el nombre del presidente de la compañía Keith Barron, quedando así: “La Compañía suscribirá una obligación convertible sin garantía de US $ 2.0 millones con su Presidente y Director Ejecutivo, […]”. De esta manera queda confuso con cuál presidente va a firmar Aurania el acuerdo monetario de dos millones de dólares.
En verdad lo que la empresa Aurania quería informar con la nota de prensa publicada en su web es que se llegó a un acuerdo con SU presidente, Keith Barron, para recibir un préstamo de 2 millones de dólares y poder mantener en sus manos las 207.000 hectáreas adjudicadas por el gobierno ecuatoriano a su subsidiaria Ecuasolidus S.A. Lastimosamente la FICSH podría estar cayendo en un engaño de la compañía Aurania ya que el documento analizado se presenta como si fuese a entregar 2 millones a los Shuar (5).
En el informe de 2008 del Representante Especial de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, Prof. John Ruggie, se destaca que la explotación minera es el sector que provoca más denuncias y quejas sobre violaciones de derechos humanos, por tanto, podríamos decir que las empresas mineras son versadas en la vulneración de derechos. Luego de analizar los tres documentos vemos que también son expertas en asumir compromisos que resultan en una burla y un engaño a los pueblos indígenas. Por desgracia, hay organizaciones indígenas que se dejan engañar.
En los últimos días, se ha desatado una situación de enfrentamientos al interior del Pueblo Shuar, inclusive llegándose a desconocerse y pedir la destitución del actual presidente de la FICSH. Esta situación sin duda ha sido estimulada por la injerencia de las empresas mineras en territorio Shuar. Una solución a las divisiones y problemas ocurridos sería la salida inmediata de las empresas mineras por ser las verdaderas causantes del conflicto.
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Fotografía: La Pluma
