Por: Maxim Edwards. Global voices. 28/08/2019
La situación en Moscú sigue tensa tras la reanudación de las protestas; miles de personas han tomado las calles y plazas de la capital rusa en los últimos meses para oponerse a la negativa de la comisión electoral de inscribir a los candidatos de la oposición en las elecciones locales de septiembre. En la última manifestación, el 3 de agosto, se detuvo a más de mil personas y hubo violencia policial contra los manifestantes. Durante la semana siguiente, las autoridades rusas iniciaron un caso de lavado de dinero contra el político opositor Alexey Navalny y congelaron cuentas bancarias asociadas con su Fundación Anticorrupción (lugar de trabajo de varios destacados candidatos de la oposición). Se han sacado los guantes de seda, si es que alguna vez los tuvieron puestos.
Hay muchos indicadores de que esta represión ha llegado al ciberspacio.
Algunas personas que estuvieron en el centro de Moscú el 27 de julio y el 3 de agosto afirman haber tenido dificultades para estar en línea, y se quejaron de que internet móvil tenía muy mala calidad o no estaba disponible. Mientras historias similares aumentaban, se volvió claro que no era un fallo sino un intento de las autoridades para sacar parte del caudal fuera de línea mientras duren las protestas.
La decisión irritó a un moscovita que preferió quedarse en casa esa tarde en vez de ir a una protesta:
El 5 de agosto, Mikhail Klimarev, experto en derechos digitales que trabaja para la ONG Internet Protection Society, declaró que estaba seguro de que la decisión venía de arriba; el 3 de agosto, dos de los cuatro mayores proveedores de servicios móviles de la ciudad cambiaron a funciones GSM, que solamente permite llamadas y mensajes de texto pero no acceso a internet. El mapa interactivo de Internet Protection Society de las estaciones de base afectadas por el bloqueo de internet muestra un área de unos 13 kilómetros cuadrados afectada en el centro de Moscú. Esta zona norte del centro de Moscú fue donde se celebró la protesta del 3 de agosto.
A partir de la una de la tarde, una hora antes del inicio programado de la protesta en Moscú, los usuarios comenzaron a informar sobre cortes de internet en esta zona de Moscú. NetBlocks, ONG que supervisa la gobernabilidad digital, encontró interrupciones “anómalas” en la conectividad a internet vía Rostelekom, el mayor proveedor de servicios de internet y telefonía de Rusia, en un patrón que identificó como generalmente consistente con un cierre deliberado.
Los comentarios de los proveedores rusos de servicios de internet y telefonía plantean más preguntas. El 6 de agosto, el proveedor de servicios móviles Megafon dijo a Radio Svoboda, el servicio en ruso de RFE/RL, que los problemas de conectividad eran resultado de que muchos utilizaran la red (Megafon dio la misma explicación al periódico independiente Novaya Gazeta cuando informó sobre problemas de conectividad similares durante las protestas del 27 de julio).
Klimarev dijo a Radio Svoboda que la explicación de Megafon era inviable, pues en otras partes de la ciudad, donde la administración local había organizado un gran festival de kebab el mismo día de las protestas, no había problemas de conectividad a pesar del gran número de asistentes. También es importante mencionar que las explicaciones de las redes contradicen los informes de las autoridades, dado que la policía rusa sigue insistiendo en que sólo 1500 personas asistieron a la protesta del 3 de agosto (según estimaciones independientes, el número de manifestantes fue el triple).
Los comentaristas sobre el “apagón” a menudo parecen sorprendidos por la relativa facilidad con que se obliga a a una parte de la ciudad a desconectarse; no es difícil, dado que los proveedores de servicios en Rusia no pueden darse el lujo de no cumplir con esas peticiones. En más, aunque las redes móviles están obligadas a brindar a los usuarios los servicios por los que pagan, incluido el acceso a internet móvil, las autoridades rusas tienen competencia legal para anularlo. Estos poderes se encuentran en los artículos 11 y 12 de la ley rusa sobre estados de emergencia, así como en el artículo 64 de la ley federal rusa sobre comunicaciones. Esta norma afirma que si las redes móviles reciben una carta de los organismos encargados de la aplicación de la ley en que les exige recortar sus servicios por “actividades operativas” o de seguridad pública, están obligadas a cumplirla.
El contenido de estas cartas no suele ser público. Sin embargo, el 6 de agosto, el servicio ruso de la BBC informó que había obtenido una copia de una carta enviada a los empleados de un centro de llamadas de una de las redes móviles más grandes de Moscú. “Queridos colegas, en los distritos de Presnensky y Basmanny, en el centro de Moscú, algunas estaciones de base han sido desactivadas a petición de las autoridades”, decía la carta. A continuación, dio instrucciones detalladas sobre cómo responder a las quejas y consultas de los clientes, e instruyó a los empleados para que dijeran simplemente que “no había habido dificultades en la prestación de servicios por parte de la empresa”.
Aunque es la primera vez que se observa un apagón deiInternet impuesto por el Estado en Moscú, no es la primera vez en Rusia. Esa dudosa distinción corresponde a Ingusetia, república de la región rusa del Cáucaso Norte. Desde octubre de 2018, Inguhetia ha protestado contra la decisión de transferir parte de las tierras de la república a la vecina Chechenia. Los asistentes a las primeras protestas en octubre también encontraron que tres importantes proveedores de servicios móviles habían cerrado su acceso a internet durante dos semanas; durante las protestas de marzo de este año surgieron nuevos informes al respecto. Sin embargo, internet móvil 2G seguía accesible en Ingusetia, aunque su lentitud habría impedido el uso generalizado de los medios sociales para que los participantes en la protesta se comunicaran.
Pero algunos manifestantes de Ingusetia están luchando contra su papel como sujetos de prueba para futuros apagones en internet. Murad Khabziyev estuvo entre los manifestantes en Magas, capital de Ingusetia, que intentó denunciar a los tribunales por el apagón de principios de octubre. Aunque el caso de Khabziyev fue finalmente desestimado, proporcionó una idea de la burocracia de tales cierres de internet. Aslan Kokoyev, jefe local de Roskomnadzor, el organismo ruso de control de las comunicaciones estatales, sostuvo en noviembre de 2018 que el cierre había sido perfectamente legal, ya que los tres grandes proveedores de servicios implicados habían recibido una carta de una “autoridad”, según lo dispuesto por la ley rusa sobre comunicaciones.
El 3 de agosto, la ONG rusa de defensa de los derechos humanos Agora anunció que exigiría una investigación oficial sobre la eliminación del acceso a internet en Moscú el 3 de agosto. Tal vez deban darse prisa; en noviembre entrará en vigor el controvertido proyecto de ley de “internet soberana” de Rusia. Esto podría facilitar aún más a las autoridades la tarea de apagar internet con apenas pulsar un botón.
Hay más protestas en el horizonte de la capital rusa; si las autoridades creen que su estrategia ha funcionado, se podrían repetir los misteriosos bloqueos de internet. Y el tiempo dirá si los desconectados siguen decididos.
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Fotografía: Global voices
