Por: Tlachinollan. 09/04/2025
Las imágenes de cientos de zapatos, ropa, mochilas, pintauñas, cepillos de dientes y otras prendas encontradas en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, deja una cauda de dolor en un México ensangrentado y aterrorizado por el crimen organizado. Las fosas clandestinas están sembradas en las planicies, regadas con la sangre de personas desaparecidas. El terror que las madres buscadoras han desenterrado no tiene nombre. La irracionalidad y la bestialidad se ha instalado en nuestra sociedad. Lo perverso es la complicidad de las autoridades, su inacción, su silencio, su permisividad. Han dejado que la vida humana sea triturada, exterminada, cremada.
Teuchitlán es el epicentro del horror, el laboratorio de la muerte, el infierno que reduce a cenizas los sueños de los jóvenes. Es el poder macabro que extermina a la población pobre. La violencia es parte del proceso de acumulación y despojo para la obtención de la ganancia crasa. Forma parte del pacto de impunidad con el estado donde el crimen organizado coexiste dentro de las instituciones gubernamentales para empoderarse y obtener dividendos con el trabajo sucio que realizan. Queda claro que los métodos de exterminio forman parte del entramado social que tiene como eje devastador los intereses oscuros de la economía criminal.
En México la violencia es un negocio redituable, no solo por las acciones delictivas que se multiplican en nuestra sociedad, sino porque se ha transformado en un mecanismo de dominación y acumulación. La violencia fortalece estructuras de poder y redistribuye el control territorial. ¿Cómo sociedad qué podemos hacer ante una realidad que nos apabulla? ¿Cómo dar la batalla como ciudadanos ante estructuras corroídas por la corrupción y frente a un sistema de justicia burocrático y mercantilista que no está construido para proteger los derechos de las víctimas? ¿Habrá voluntad política para desmontar este aparato delincuencial y frenar la violencia?¿Llegaremos a saber quienes son los responsables de esta violencia?
La violencia extrema y las desapariciones no pueden entenderse como hechos aislados y fortuitos. Forman parte de las redes de macrocriminalidad en las que convergen estructuras criminales, estatales y empresariales que se coluden para violar los derechos humanos y trivializar la vida de las personas. En este marco delincuencial el mismo estado facilita estas acciones o simplemente las ignora. Lo que importa en este sistema es el dinero, fuera de este fetiche todo es sacrificable. La vida queda subordinada a la ganancia, tiene valor en cuanto asegura acumulación económica. Los grupos criminales forman parte de este engranaje como generadores de violencia que se transforma en la fuerza más productiva. Por lo mismo, la violencia es consustancial al proceso de acumulación y de exacción económica.
En Guerrero la violencia es el principal negocio con el que han lucrado caciques, generales, gobernadores, diputados, presidentes municipales y empresarios. Usar la violencia para despojar de riquezas naturales, controlar territorios, someter a la población, extraer madera, minerales, agua, es el método más efectivo para enriquecerse y erigirse como un personaje poderoso y siniestro. Utilizaron la violencia para acallar voces disidentes, para perseguir y desaparecer a quienes empuñaban las armas; exterminaban a poblaciones que apoyaban a la guerrilla; masacraban a trabajadores que exigían mejores precios de sus productos, a campesinos que salían a denunciar las tropelías de los caciques desalmados, a indígenas que simpatizaban con la guerrilla. A normalistas que emplazaban a los gobernadores para atender su pliego de demandas; a maestros democráticos que en todo momento han increpado al poder y se han organizado de manera independiente para luchar por sus derechos laborales.
En nuestro estado la violencia se ha agravado por la inacción de las autoridades, la inoperancia de la fiscalía, la ineficiencia, corrupción y colusión de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado. Esta descomposición social ha propiciado que la delincuencia se expanda al grado de convertirse en un poder fáctico que controla territorios y cuenta con empresas que generan empleos, buscando la forma de monopolizar los negocios más redituables, como la cerveza, el refresco, la venta de carne y los productos básicos. Maximizan sus utilidades. Para evitar que haya competencia se tornan más violentos, destruyen a sus enemigos y generan terror entre la población. Para que la empresa fructifique tiene que reclutar a jóvenes como carne de cañón. Esto sucede en las 8 regiones de nuestro estado, donde cada organización criminal tiene sus formas de reclutamiento, sus centros de entrenamiento, capacitación y dotación de armamento. Cuentan con fosas clandestinas y prácticas de exterminio dentro de sus territorios.
En Guerrero hay 4 mil 385 víctimas de desaparición, de acuerdo con cifras oficiales, desaparece una persona cada día, sin embargo, hay una cifra negra que no se reporta, que es el 30 por ciento. Además 3 de cada 10 personas desaparecidas no son reportadas por miedo a sufrir otra desaparición. Lo patético es el desmantelamiento de la fiscalía especializada en desaparición forzada que solo cuenta con 2 elementos policíacos, con 2 ministerios públicos y no tienen vehículos. Existe una comisión de búsqueda en la que el titular tuvo que renunciar al mes porque no contaba con el apoyo de las autoridades. Ahora el nuevo titular no cuenta con el apoyo de los colectivos porque no lo conocen. Hay retrocesos porque al gobierno no le interesan los colectivos ni las víctimas de desapariciones forzadas. Son un actor incómodo al que han ignorado e invisibilizado.
Un tema que preocupa a los colectivos es el centro de resguardo que dista mucho de ser un centro de identificación forense. Las autoridades no han sido transparentes en el manejo de los recursos y tratan de evadir su responsabilidad sobre la crisis forense que se complejiza más en la medida que se incrementa el número de personas desaparecidas.
La única opción que los colectivos vislumbran es la aprobación de la ley en materia de desaparición de personas del estado de Guerrero. Para los familiares de personas desaparecidas no existe la desaparición de personas cometida por particulares porque siempre influye el estado por su acción u omisión, por el contubernio y los moches que hay. Por eso apelan a la independencia de la comisión de búsqueda, de la comisión de atención a víctimas, de servicios periciales, del semefo para que estén del lado de las víctimas y no sean rehenes de los grupos políticos, que defienden intereses ajenos a las demandas más sentidas de los colectivos.
El colectivo de Lupita Rodríguez tiene registradas 300 hallazgos y los restos óseos que han encontrado los han llevado a la ciudad de México, porque en el estado solo los almacenan en los Semefos y en los centros de resguardo. Lo que menos quieren las familias es que se guarden los restos porque es una forma de postergar la identificación de los fragmentos óseos, que es un asunto de extrema urgencia.
El panorama de Guerrero es desolador. Las autoridades siguen sin interesarse en las búsquedas de las personas desaparecidas, son como siempre los colectivos los que están impulsando estas jornadas en medio de múltiples carencias y dificultades que presentan las instituciones involucradas. Las búsquedas son muy laboriosas porque tienen que ubicar bien los puntos y escarbar varios metros. Es un trabajo meticuloso, requiere paciencia y persistencia. Solo los familiares han logrado resultados positivos. Hay ocasiones que encuentran cuerpos, pero en la mayoría son fragmentos óseos que con ayuda de especialistas logran su recolección adecuada.
El lunes 17 de marzo el colectivo Lupita Rodríguez inició una búsqueda en un punto cercano a Coyuca y encontramos tres cuerpos completos, uno tenía dos meses, otro tenía entre 8 y 9 meses y el tercero tenía más de un año. Además encontraron 3 costillas y el hueso atlas. Encontraron también fragmentos óseos en otra zona. Este 2025 cuentan ya con 5 hallazgos. Lo malo es que su trabajo depende mucho de la búsqueda federal, porque ahí son más ágiles para la identificación forense que no rebasa los 3 meses, en cambio cuando se trabaja con el fuero común, los restos que se encuentran se quedan en los semefos, no se hace la identificación, sino que se van a resguardo a los panteones forenses. Los colectivos de Guerrero no quieren centros de resguardo, sino un lugar donde se puedan identificar los restos óseos. Saben que un centro de identificación humana cuesta 160 millones como el de Tijuana, porque requiere un área de odontología, otra de medicina forense, criminalística forense y todas las demás áreas que intervienen en la identificación. Siguen construyendo el proyecto, saben que hay errores y que requieren del apoyo de servicios periciales y personal de semefo. Esperan culminar la propuesta y entrar a la etapa de la negociación. Su lucha es larga, no sólo para hacer las búsquedas y encontrar cuerpos o fragmentos, sino para ser escuchados por las autoridades. De lograr incidir en el congreso y de colocar este tema de la creación de un centro de identificación forense, como un tema central en la agenda pública del estado.
Como guerrerense ¿qué tenemos que hacer? Para los colectivos del estado tienen clara su ruta: seguir buscando a sus desaparecidos y luchar para que en el estado pueda crearse este centro de identificación. Están conscientes que no cuentan con el apoyo de la gobernadora, sin embargo, han logrado cosas imposibles. Saben que solo los familiares son los que pueden romper los muros de un poder impune, que encubre a los perpetradores y que se colude con los grupos del crimen organizado. Su lucha es titánica porque es dar la batalla contra las redes de la macrocriminalidad, desmontar las estructuras delincuenciales y desenmascarar los centros de reclutamiento y exterminio que existen en el estado por el gran número de jóvenes desaparecidos y la expansión de las redes criminales que tiene como rehenes a personas que están destinadas a matar o a morir en el intento.
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Fotografía: Tlachinollan
