Por: ARTICLE 19. 04/03/2018
El medio Contramuro de Michoacán fue denunciado penalmente por ataques contra el honor por parte del alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello el pasado 9 de febrero, debido a la publicación de una nota sobre el desvío de 180 millones de pesos durante su administración, retomada originalmente del medio Monitor Expresso.
La nota referida, “Edil de Zitácuaro es investigado por irregularidades de más de 180 mdp en obras de Tuxpan Michoacán”, fue publicada originalmente en el medio Monitor Expresso y retomada por Contramuro. La denuncia fue presentada 6 meses después de la republicación de la nota.
Al respecto, Azucena Silva, directora de Contramuro expresó:
Recibimos la notificación de la denuncia por la nota del desvío, sin embargo, nosotros retomamos la información que publicó Monitor Expresso. Nos parece extraño que esta situación se haya presentado a una distancia de 6 meses de publicada la nota. Como detallamos en nuestro pronunciamiento, vemos en esta denuncia un pretexto para la censura periodística.
Por su parte Jairo Cerriteño de Monitor Expresso, declara:
Cuando supimos de la notificación de la denuncia presentada contra Contramuro nos extrañó no haber recibido una notificación ya que nosotros fuimos los que hicimos y publicamos la investigación periodística. Haciendo memoria, recordamos la llamada de una señora que pedía insistentemente nuestra dirección. Pudo estar relacionado con esa denuncia ya que nunca pudo explicar con qué motivo pedía esa información.
La acción tomada por el gobierno municipal de Zitácuaro, además de faltar a su calidad de garante de la libertad de expresión, representa un método de inhibición de la práctica periodística. Denuncias penales como la que afecta hoy a Contramuro, hacen uso del derecho penal para perseguir a medios que investigan y en ese caso, difunden información.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacań, falta a su deber de garantizar y proteger los derechos fundamentales al abrir investigaciones de esta índole, cuyo único propósito es generar un efecto mordaza en periodistas y medios de comunicación.
Tal como apuntan la Relatoría Especial sobre libertad de expresión de la CIDH , en su Informe Anual 2004 sobre “Leyes de Desacato y Difamación Criminal” enfatizó su preocupación” respecto del uso de las leyes de difamación criminal, entre ellas las figuras de injuria y calumnia, con el mismo propósito del desacato. Estas figuras, se refieren, en general, a la manifestación de expresiones que afecten el honor de una persona o a la falsa imputación de delitos. En el hemisferio, la práctica ha demostrado que muchos funcionarios públicos recurren al uso de estas figuras como un mecanismo para desincentivar la crítica”.
Dichos “delitos contra el honor” aún persisten en 9 códigos penales locales entre los cuales están: Campeche, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Yucatán. De hecho hoy en día se discute en la Comisión de Justicia del Congreso de Guanajuato la derogación de estos delitos que inhiben el ejercicio crítico, desinhibido y robusto de la libertad de expresión.
Acciones legales como la emprendida por el presidente municipal de Zitácuaro, y que detonan investigaciones penales por parte de la autoridad ministerial, es un contrasentido respecto al umbral de mayor tolerancia al escrutinio público que funcionarios, actores políticos y personas con proyección pública deberían tener debido a sus actividades, mismas que son de interés público.
Debido a lo anterior, ARTICLE 19 exige al alcalde de Zitácuaro, Michoacán que desista de la querella contra el medio Contramuro y de cualquier intento de emprender acciones legales contra otros medios. Es necesario recordar que dicha acción es un contrasentido a su calidad de garante de la libertad de expresión y una manera de obstaculizar el libre flujo de información en la región, hecho que mina seriamente el derecho de los habitantes de su demarcación a estar enterados de los asuntos públicos.
Del mismo modo, hacemos un llamado al gobierno estatal de Michoacán para que promueva y garantice un ambiente idóneo para la práctica periodística. Específicamente, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán se abstenga de ejercer acción penal contra el medio de comunicación.
En este sentido, el Congreso del Estado de Michoacán debe discutir y aprobar la derogación de los delitos contra el honor debido al perjuicio que causan al ejercicio de la libertad de expresión y a la edificación de una sociedad más informada y democrática
Además, urgimos a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán para que se pronuncie y actúe en la medida de sus atribuciones.
Finalmente, exigimos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos para que conozca del caso y haga lo necesario para brindarle su apoyo al medio y sus trabajadores.
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Fotografía: Contramuro
