Por: Laura de Grado. 12/09/2024
“Han encerrado en cárceles que llaman hogares a las mujeres afganas”, ha denunciado Gloria Poyatos, integrante del Comité de Apoyo a Juezas Afganas de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, tras la reciente ratificación de una nueva ley por parte del régimen talibán que prohíbe la voz de las mujeres en público y refuerza la opresión sistemática que enfrentan en Afganistán.
En una entrevista con Efeminista, Poyatos ha expresado que esta ley formaliza una serie de restricciones que, aunque ahora están escritas, ya se venían aplicando desde la toma de poder por parte de los talibanes en 2021.
El 23 de agosto, el Gobierno talibán ratificó una ley que refuerza la interpretación más estricta de la ley islámica en Afganistán. La “Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio” hace obligatorio el uso del hiyab para las mujeres, prohíbe que sus voces se escuchen en público, e impone una serie de restricciones adicionales que limitan aún más sus libertades.
“Lo que hemos oído esta semana ya lo venían aplicando de facto; ahora lo han plasmado por escrito, pero desde su llegada han dictado cientos de decretos que reprimen y limitan los derechos humanos de toda la población, pero más específicamente de las mujeres y de las niñas”, afirma Poyatos.
Esta legislación es la más reciente de una serie de medidas que han eliminado gradualmente los derechos de las mujeres en Afganistán desde que los talibanes retomaron el poder en agosto de 2021. Entre las restricciones impuestas, destaca la prohibición de que las mujeres estudien más allá de los siete años, el requerimiento de cubrirse completamente con el burka, y la imposibilidad de desplazarse sin la compañía de un tutor masculino. Además, las mujeres tienen prohibido trabajar, poseer dinero o recibir asistencia médica adecuada durante el parto y el posparto, recuerda Poyatos.
Una “guerra silenciosa” contras las mujeres y niñas afganas
“Las mujeres afganas son como bienes al servicio de los hombres”, dice Poyatos, y añade que “no hay derechos humanos para las mujeres, ni derechos civiles para nadie”.
Poyatos también critica duramente la pasividad de la comunidad internacional frente a lo que ella describe como una “guerra silenciosa” contra las mujeres y niñas afganas.
“En el mundo se está lidiando otra guerra, pero esta es silenciosa y se está lidiando contra las mujeres y las niñas afganas bajo la mirada nodina de un planeta. Esto debiera escandalizar la moral del llamado mundo civilizado”, lamenta.
La magistrada recuerda que Afganistán, hace tan solo tres años, contaba con un sistema jurídico avanzado, comparable al de los países occidentales. La rápida erosión de los derechos humanos en el país, según Poyatos, debería ser una advertencia para el resto del mundo.
“Debiéramos actuar ya para evitar que esto vuelva a pasar en otros lugares y, sobre todo, atajar esa situación para devolver los derechos humanos a las mujeres y niñas afganas”, reitera.
Pese a las dificultades, la Asociación Internacional de Mujeres Juezas ha logrado sacar legalmente a 200 juezas afganas y sus familias del país, un total de 1.000 personas, algo que, aclara Poyatos, ha sido posibles gracias al trabajo en red de un grupo de siete juezas, no a ningún país ni estado.
Una ola de reacciones internacionales
La nueva ley ha generado una ola de condenas a nivel internacional. El gobierno chileno, a través de su canciller, Alberto van Klaveren, expresó su rechazo a la legislación talibán, calificándola como un intento de “silenciar a la mitad de la población” afgana. “Defendemos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas”, afirmó Van Klaveren en redes sociales.
Por su parte, la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, también condenó las medidas talibanas, asegurando que “Australia apoya a las mujeres y niñas de Afganistán y sus derechos humanos”. Wong añadió en X que la nueva ley es un paso más en la continua represión que sufren las mujeres en el país.
Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también expresó su rechazo total a la nueva ley talibana. En su cuenta de X, Albares condenó la “vulneración de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas” que esta normativa representa.
También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha expresado su profunda preocupación ante la reciente promulgación del texto. A través de su Misión de Asistencia en Afganistán (UNAMA), ha reiterado a las autoridades de facto que Afganistán, como Estado, sigue siendo parte de siete instrumentos internacionales clave de derechos humanos.
“Es una visión angustiante para el futuro de Afganistán, donde los inspectores morales tienen poderes discrecionales para amenazar y detener a cualquier persona en base a listas amplias y a veces vagas de infracciones”, dijo la Representante Especial del Secretario General y jefa de UNAMA, Roza Otunbayeva.
Un “apartheid de género”
Dentro de Afganistán, las activistas continúan denunciando lo que describen como un “apartheid de género”. El Movimiento de Mujeres por la Paz y la Libertad, una de las principales organizaciones de mujeres en el país, ha llamado a la comunidad internacional a detener la implementación de la ley.
El movimiento Purple Saturdays, formado por mujeres afganas tras la llegada al poder de los talibanes, ha advertido que la cartera de Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio se ha convertido en un “súper ministerio” con el poder de violar los derechos humanos con impunidad.
“La nueva ley ha paralizado la vida de las afganas“, afirmó una activista en un vídeo compartido en redes sociales, en el que aparece completamente cubierta por un velo.
“Estamos cansadas de estas duras restricciones de los talibanes. ¿A dónde van a ir ahora las mujeres?“, se preguntó.
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Fotografía: Efeminista. Mujeres afganas vestidas con burka caminan por una carretera en Kandahar, Afganistán. EFE/QUDRATULLAH RAZWAN