Por: Pablo Hernández Jaime. CEMEES. 22/08/2020
La educación en México está en una encrucijada. La pandemia, y su mal manejo gubernamental, hacen inviable reestablecer las modalidades presencial y semipresencial. Esto es entendible. Dada la crisis sanitaria, seguir estas vías supondría un alto riesgo a la salud.
¿Qué alternativas nos quedan? La primera opción es suspender actividades; la segunda es implementar una modalidad a distancia. Está de más señalar las limitaciones de ambas alternativas. La educación a distancia no puede suplir la educación presencial. Esto es así no solo por la cercanía del alumno con su instructor. El problema no radica solo en la “calidad” de la “transmisión” de los conocimientos. El problema es que justo el proceso de enseñanza-aprendizaje no es uno de transmisión, sino de construcción colaborativa. En este sentido, niños y niñas necesitan tanto del profesor como de sus pares. Los vínculos de colaboración ayudan a que las habilidades de los distintos estudiantes se nivelen. Lo que un estudiante no puede hacer solo (todavía), muchas veces sí lo puede hacer en colectivo, y es mediante este “andamiaje” que los educandos logran apropiarse en lo individual de capacidades que, de otra forma, no podrían desempeñar o, al menos, no en un breve tiempo.
Suspender actividades podría ser una alternativa. La mayor ventaja de esta opción sería para las familias de medios y bajos recursos. Se trata de familias que no solo cuentan con pocos recursos económicos y culturales para ayudar a sus hijos e hijas con las clases y tareas; se trata de familias que, en esta crisis, muy probablemente, han visto reducidos sus ingresos e incluso han perdido su empleo, por lo que están más ocupados en sobrevivir que en atender las necesidades educativas de sus hijos e hijas. En este sentido, suspender podría aliviar una carga sobre sus espaldas.
Sin embargo, la suspensión acarrea costos que el Estado está poco dispuesto a aceptar. En primer lugar, esta decisión generaría un desfase escolar que impactaría directamente sobre algunos de los principales indicadores educativos y, además, supondría esfuerzos administrativos adicionales en los ciclos posteriores. Sin embargo, esto es lo menos trascendente. Suspender el ciclo escolar podría ser interpretado políticamente como una declaración de incapacidad para manejar la situación. Además, esta decisión obligaría al gobierno a generar una estrategia de reingreso que se haga cargo del evidente rezago generado durante la suspensión.
Otra opción, la preferida por las autoridades, es la educación a distancia. Los inconvenientes pedagógicos son claros. Con la suspensión se genera un rezago generalizado. Con la educación en línea, además del rezago, es muy probable que se amplíen las brechas en el aprovechamiento, es decir, es probable que aquellos estudiantes de estratos superiores logren resultados significativamente mayores que los de estratos inferiores. Esto es en relación con la formación escolar. Es muy probable que, ante la suspensión, los estudiantes de estratos altos emplearan su tiempo en actividades educativas, mientras sus homólogos de clase baja se dedicarían a tareas domésticas o laborales. Es difícil saber qué escenario tendría mayores costos educativos. Sin embargo, ambas los tendrán.
Las principales diferencias entre suspender clases y continuar en línea son de costo-beneficio para el gobierno. Continuar clases a distancia ahorra el desfase administrativo y el impacto sobre indicadores; además, transmite la imagen de un gobierno que se hace cargo del problema. La fórmula, sin embargo, es engañosa. Con la educación a distancia se favorece una narrativa que da por saldada la responsabilidad gubernamental, dejando la carga de los resultados a padres, madres y docentes. En este mismo sentido, continuar clases en línea no obliga a la administración a generar una estrategia de reingreso enfocada a corregir rezagos. Esto último es de particular importancia. La contingencia sanitaria tendrá consecuencias educativas en cualquier caso. El regreso a clases demanda una estrategia orientada a compensar rezagos y corregir brechas de aprovechamiento. Para eso, es necesario corregir las carencias de infraestructura y servicios básicos que tienen nuestras escuelas, así como remediar carencias administrativas y falta de maestros. Este es el piso mínimo para que el regreso a las aulas no encuentre inerme a la educación debido a la pandemia. Esto es lo que hay que exigir y lo que tenemos que ver contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021.
Pablo Hernández Jaime es maestro en ciencias sociales por El Colegio de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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Fotografía: CEMEES.
