Por: MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. El Salto. 18/09/2018
La obsolescencia de los productos es uno de los recursos de los que se sirve la sociedad de consumo para que no cese el ciclo de compra y descarte. Analizamos iniciativas que, desde las instituciones y la sociedad civil, intentan contrarrestar este sistema perverso y de consecuencias ambientales catastróficas.
Obsolescencia, según Wikipedia, es la caída en desuso de las máquinas, equipos y tecnologías motivada NO por un mal funcionamiento de éstos, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones. En 1954, Brook Stevens, diseñador industrial estadounidense, acuñó el término dotándolo de contenido: “instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario”.
Hace algunos años esta palabra era prácticamente desconocida para la mayoría de los consumidores, pero poco a poco se ha ido instalando en la conciencia colectiva, ya nadie pregunta obsoles ¿qué?, hoy se empieza a ser consciente de que el objetivo de la obsolescencia es exclusivamente el lucro económico, lucro que no solo no tiene en cuenta las necesidades de los consumidores, sino tampoco las repercusiones medioambientales de la producción y, mucho menos, las consecuencias desde el punto de vista de acumulación de residuos, con la contaminación que conllevan.
En la época en la que estamos instalados, la de “usar y tirar”, las reparaciones de productos han sido mínimas, porque, según se deducía de la publicidad era mucho más barato comprar un producto nuevo que arreglar el viejo. En esta afirmación no se tienen en cuenta otros costes no incluidos en el precio, como la contaminación medioambiental necesaria para la fabricación de nuevos productos, la acumulación de residuos eléctricos y electrónicos que se producen y su impacto en el planeta. La crisis económica en la que estamos inmersos ha conseguido que se replantee el “usar y tirar”, ya que a pesar de que han desaparecido los pequeños talleres que reparaban electrodomésticos y aparatos electrónicos, un fuerte movimiento está empezando a instalarse en la sociedad, por un lado como reacción al consumo desenfrenado practicado en otras épocas y por otro lado porque iniciativas, incluso desde la sociedad civil, están apostando por este tipo de trabajos que minoran (aunque sea a pequeña escala) el alto índice de paro existente en España. En definitiva, se está empezando a actuar de forma diferente.
Los consumidores están empezando a exigir más información por parte de los fabricantes para poder ejercer su derecho a un consumo responsable y, al mismo tiempo, se ha iniciado una presión importante hacia los gobiernos para exigir leyes que garanticen que las empresas no producen con criterios de obsolescencia.
Según el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) –órgano de representación institucional tripartito, en el que están presentes empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, expertos y universidades–, en su Dictamen CCMI/112, cabe distinguir varias formas de obsolescencia:
- La obsolescencia programada propiamente dicha, consistente en prever una duración de vida reducida del producto, si fuera necesario mediante la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato llegue al final de su vida útil después de un cierto número de utilizaciones.
- La obsolescencia indirecta, derivada, generalmente, de la imposibilidad de reparar un producto por falta de piezas de recambio adecuadas o por resultar imposible la reparación (por ejemplo, en el caso de las baterías soldadas al aparato electrónico).
- La obsolescencia por incompatibilidad, como es el caso, por ejemplo, de un programa informático que deja de funcionar al actualizarse el sistema operativo.
- La obsolescencia psicológica, derivada de las campañas de marketing de las empresas, encaminadas a hacer que los consumidores perciban como obsoletos los productos existentes. No serviría de nada obligar a un fabricante de tabletas electrónicas a producir objetos cuya vida útil sea de diez años, si nuestros patrones de consumo hacen que deseemos sustituirlas cada dos años.
El CESE es taxativo: aboga por la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculan para provocar el fin de la vida útil del apartado y más adelante el CESE recomienda a las empresas que faciliten la reparación de sus productos.
También en España hubo iniciativas, incluso anteriores al Dictamen del CESE europeo, en concreto:
El Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial español (CERSE) órgano consultivo cuatripartito, con representación de empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y comunidades autónomas/municipios, aprobó en mayo del 2011 el Informe sobre Consumo Socialmente Responsable (elaborado en el marco del mismo). En él se establece la Definición de Consumo Responsable y Definición de la RSE en el sector consumo, especificándose “por RSE en el sector del consumo entendemos el papel de una empresa en el consumo responsable o sostenible, surge de los productos y servicios que ofrece, su ciclo de vida y cadena de valor y de la naturaleza de la información que proporciona a los consumidores y usuarios”, igualmente más adelante ese informe señala que es necesario “Ofrecer a los consumidores productos a través de: el ecodiseño de los productos y envases, de modo que integren aspectos ambientales que mejoren el comportamiento ambiental del producto a lo largo de todo su ciclo de vida”.
Francia se ha situado a la cabeza de los países que han iniciado una lucha contra la obsolescencia programada. El parlamento francés aprobó, en el marco de la Ley de Transición Energética, en 2014, castigar con penas de hasta dos años de prisión y multas de 300.000 € a las empresas que, con la excusa de las leyes de mercado y la supervivencia empresarial, violen las leyes de defensa del consumidor. Se establece en la norma la existencia de la obsolescencia programada, explicando que en ella se incluyen técnicas que introduzcan defectos, debilidades, paradas programadas, obstáculos para su reparación y limitaciones técnicas. Esta ley también incluyó medidas para luchar contra el despilfarro, y la reducción de residuos en origen.
Esperemos que de forma clara, en el marco del nuevo Ministerio de Transición Energética y Medio Ambiente y en colaboración con el resto de Ministerios que pueden aportar valor a la norma, se establezcan normas parecidas en nuestro país.
Mientras tanto, la sociedad civil va lanzando iniciativas para paliar de alguna manera las consecuencias adversas de la obsolescencia de los productos, por ejemplo Fundación FENISS a través del sello ISSOP (Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada), o Amigos de la Tierra, que puso en marcha una web para luchar contra la obsolescencia. Igualmente se han desarrollado diferentes campañas de sensibilización sobre este tema por parte de otras organizaciones como Ecologistas en Acción, Economistas sin Fronteras, AERESS, OCU, CECU y ASGECO.
Poco a poco en los ciudadanos se instala la conciencia sobre esta práctica y desde los gobiernos e instituciones europeas se plantean normas y leyes que avanzan en la línea de evitar que se siga produciendo con esos criterios. Avanzamos, muy lentamente, pero avanzamos.
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Fotografía: manuelfloresv
