Por: Jorge Elbaum. NODAL. 20/03/2018
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El primer ministro israelí, Biniamin Bibi Netanyahu aparece en los titulares de diversos medios de comunicación, en las últimas semanas, por la continuidad de la represión a los palestinos en Cisjordania y Gaza, las noticias sobre el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y diversos hechos de corrupción vinculados con los medios de comunicación. Los tres casos por los que la policía de investigaciones ha decidido la apertura de un expediente judicial contra el primer ministro se vinculan con sobornos, tráficos de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
La instrucción se encuentra en manos del fiscal general, Avichai Mendelblit, quien deberá orientar las tres acusaciones divulgadas hasta el día de hoy, aunque se especula que puedan emerger varias más. La primera de ellas, titulada –según la jerga policial– como el Caso 1000, remite a la recepción de obsequios por parte del productor cinematográfico Arnon Milchan y del empresario James Packer, como contrapartida de la aprobación de una ley de blanqueo, orientada a reducir la carga impositiva para aquellos israelíes radicados en el exterior que regresan a invertir en su país de origen.
La instrucción del denominado Caso 2000 se fundamenta en transacciones con el propietario de Yedioth Ahronoth, uno de los principales diarios del país, con el objeto de beneficiar la imagen y el perfil periodístico de Netanyahu. Uno de los acuerdos alcanzados en relación con el nominado Caso 2000 habría sido el compromiso del primer ministro de realizar una gestión de buenos oficios con su amigo, el magnate Sheldon Adelson para que reduzca el tiraje de su diario gratuito Israel Hayom.
La tercera de las acusaciones divulgadas, el Caso 4000, también remite al rubro comunicacional: se atribuye al primer ministro el haber intervenido para que el Shaúl Elovitch, mayor accionista del grupo Bezeq se viese favorecido por la pauta oficial, a cambio de brindar cobertura edulcorada y favorable a las medidas implementadas por el dirigente del Likud.
El deterioro institucional y moral del sistema político-social israelí ha llevado, en los últimos años, a la reclusión durante cinco años de su expresidente, Ephraim Katzav, como resultado de las acusaciones de acoso sexual y de intento de violación a una de sus secretarias. A ese escándalo se le suma la condena firme de un ex primer ministro Ehud Olmert quien purga una sentencia de 19 meses por corrupción en el centro penitenciario de Maasiyahu de Ramla, a pocos kilómetros de Tel Aviv.
La acusación a Netanyahu se inserta en un clima político que combina planes económicos neoliberales, represión sistemática a la población palestina y amenazas de expulsión de inmigrantes afrodescendientes provenientes de territorios en guerra civil como Túnez y Etiopía.
El tembladeral político que supone la investigación abierta en torno al actual primer mandatario se entrelaza con la continuidad de una política de segregación étnica y una constante represión al interior de los territorios ocupados militarmente por Israel desde 1967. A esto se suman la sistemática sustracción de tierras y recursos hídricos pertenecientes a las poblaciones palestinas ubicadas en Cisjordania, la construcción de nuevos poblados por parte de colonos israelíes y la edificación de muros y murallas destinadas a aislar y proteger a las familias de los colonos.
Esta realidad ha formateado una caótica topografía neo-feudal que segrega aldeas árabes y establece diversos pasos fronterizos y retenes de seguridad que complejizan los tránsitos y las interacciones de las familias palestinas. Los colonos, conformados mayoritariamente por religiosos fundamentalistas, se consideran a sí mismos como tributarios por derecho divino de esa tierra, y son habitualmente financiados por fondos provenientes de sectores de la derecha supremacista estadounidense, en sus diversas conformaciones de protestantes, evangélicos y/o judíos.
La sociedad israelí, crecientemente derechizada, abreva en la construcción de una legitimidad bélica amparada en la recurrencia de informes noticiosos vinculados a la existencia de grupos fundamentalistas islámicos como Al Qaeda, el ISIS (DAESH) y la Yihad islámica egipcia, cuyas acciones son retransmitidas por los medios de comunicación como una advertencia de los peligros potenciales que supone la interacción con el mundo árabe y/o islámico. La creciente confrontación del mundo sunita y chiita y las reiteradas amenazas persas que auguran la desaparición del Estado de Israel aparecen también como dispositivos de justificación de una militarización creciente.
Blindaje mediático en Medio Oriente
La utilización política de las imágenes de devastación que muestra la guerra civil de Siria y las masacres sobre el pueblo kurdo efectuadas por el gobierno turco mediante bombardeos a su población civil, son retransmitidas hasta el hartazgo, por parte de la prensa israelí. Varios investigadores sociales han asociado las operaciones del primer ministro, descriptas de corruptas, como parte de un armado institucional dispuesto para continuar con el abroquelamiento belicista y eludir las imprescindibles tratativas de paz con la Autoridad Nacional Palestina que permitan la convivencia de dos Estados para dos pueblos.
Los casos investigados por la policía israelí parecen exponer algo más que explícitas diligencias de corrupciones prebendarias, basadas en dadivas y prerrogativas personales y/o familiares. Los espurios vínculos con los medios evidencian la utilización periódica de un peligro fundamentalista islámico –hipotético, real o ficticio—necesario para regenerar un espíritu de cuerpo nacional y militar, ya de por sí arraigado en la sociedad desde el nacimiento del Estado, en 1948.
El acostumbramiento de la población a una situación de guerra permanente, la represión a la resistencia civil dentro de los territorios ocupados y el intercambio de artillería (con evidente disparidad de fuego) con las dos fuerzas en pugna dentro de la Franja de Gaza –Hamás y la Yihad Islámica—, brindan un panorama que beneficia el negocio de las armas y la seguridad, que no deja de incrementarse anualmente como el factor más dinámico de las exportaciones económicas israelíes.
El caso de Ahed Tamimi la adolescente que fue detenida en el poblado de Nabi Saleh el 19 de diciembre pasado por golpear a soldados que penetraron en su casa para reprimir a sus familiares se ha constituido en la evidencia más brutal del ejercicio de la fuerza sobre la población civil. Ahed fue encarcelada por golpear a soldados israelíes cuando éstos intentaban reprimir manifestaciones de repudio al despplazamiento de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha difundido duros cuestionamientos contra las acciones de las autoridades judiciales israelíes de ocupación que mantienen en prisión a Ahed desde hace casi tres meses. Semanas atrás, Amnistía Internacional pidió su liberación inmediata, argumentando que “la detención es un intento desesperado de intimidar a los niños palestinos que se atreven a resistir la represión de las fuerzas de ocupación”.
Por su parte, Ayelet Shaked, la Ministra de Justicia de Israel, declaró recientemente en una conferencia en el Congreso Israelí de Judaísmo y Democracia que la Corte Suprema de Justicia de su país no debiera dictaminar –como lo hace habitualmente— condicionada por valores democráticos universales. En forma explícita declaró que “en los últimos años los jueces del alto tribunal otorgaron una interpretación muy amplia a valores democráticos universales y muy reducida a valores judíos. El Estado de Israel debe declarar que tiene el derecho de mantener la mayoría judía, inclusive a precio de menoscabar seriamente el derecho de los demás”.
Amistades peligrosas
Mientras la comunidad internacional continúa elaborando sanciones contra la actitud colonial del gobierno israelí, Netanyahu extiende lógicamente sus vínculos políticos con lo más acendrado de las derechas neofascistas y supremacistas internacionales. Su principal aliado internacional es Donald Trump y su financista prioritario –al igual que el de Trump– es Sheldon Adelson.
Este último es conocido como el Rey de Las Vegas y alcanzó reconocimiento como uno de los más importantes integrantes del club de los fondos buitres. Adelson además ha sido acusado de financiar a Natalio Alberto Nisman a través de cuentas en la ciudad de Colonia, Uruguay. Su socio dentro de los fondos buitres, Paul Singer, es quien ha instituido el premio anual Alberto Nisman en honor al ex fiscal que acusó a Cristina Kirchner.
El presidente de Guatemala, integrante del conglomerado tele-evangelista, movimiento confesional exportado desde Estados Unidos a partir de los años 50, es otros de los gobiernos que viabiliza vínculos amistosos y que anunció el traslado de su embajada a Jerusalén conjuntamente con Washington. Los vínculos diplomático-comerciales e ideológicos de la derecha israelí también se extienden al actual líder del neoliberalismo argentino, Mauricio Macri, quien se destaca por ser uno de los integrantes más activos del grupo de Lima, conglomerado de gobiernos que desde la OEA intentan interferir en la soberanía venezolana.
Desde que el PRO asumió el gobierno en diciembre de 2015, la embajada israelí -en conjunto con dos organizaciones que aglutinan a la derecha de la colectividad judía local, la DAIA y la AMIA-, se constituyó en uno de los referentes más importantes en promover la acusación contra Cristina Kirchner y varios funcionarios de su gobierno, por un supuesto encubrimiento de la causa del atentado a la AMIA sucedido en 1994. Gracias a la presión del gobierno macrista, el blindaje mediático y jueces cooptados por el eje neoliberal-conservador, asociados a la derecha republicana e israelí, el ex secretario de la presidencia de Cristina Kirchner, Carlos Zannini, se encuentra detenido en el marco de una prisión preventiva que todos los juristas consideran como carente de legitimidad jurídica alguna.
Patricia Bullrich en Israel.
En enero de 2016, apenas un mes después de haber asumido como primer mandatario, Macri mantuvo una reunión con Netanyahu en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, donde adelantó el estrechamiento de los vínculos. Cumplió: en septiembre de 2016 Esteban Bullrich, entonces ministro de educación participó de un encuentro en Tel Aviv sobre innovación pedagógica.
En noviembre de ese año, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich participó junto al diputado del PRO Waldo Wolff, ex vicepresidente de la DAIA, de una gira por Israel para participar en simposios de ciberdefensa, compras de lanchas patrulleras y relevamientos de estrategias de represión social utilizadas por los organismos de Tzahal, las Fuerzas de Defensa israelíes. En septiembre de 2017 Netanyahu visitó Buenos Aires acompañado de empresarios vinculados a la seguridad informática y la interferencia de comunicaciones.
En octubre de 2017, el grupo Halcón de la policía de la provincia de Buenos Aires visitó Israel para capacitarse como “grupo de élite de respuesta rápida”. En febrero del año en curso, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y la Embajada de Israel en Argentina desarrollaron modelos de capacitación de docentes, directivos e inspectores orientados a la enseñanza en contextos complejos. En abril próximo llegarán al puerto de Buenos aires las embarcaciones Clase Shaldag actualmente en la etapa de testeo final que se desarrollan en los astilleros Shipyards. Las amistades peligrosas –invoca un refrán gaélico anónimo— siempre concluyen en vileza, contubernio y deshonor. Es difícil que no sea el caso.
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Fotografía: Revista Semana
