Por: Redacción Argentina. 28/02/2021
Organizaciones ambientales, estudiantiles, indígenas, feministas, campesinas, defensores de los derechos humanos, gremios de profesionales, trabajadoras y trabajadores, presentaron al país y a las autoridades gubernamentales, la Declaración sobre la situación actual socio ambiental en Panamá.
Esta iniciativa colectiva recoge el posicionamiento político de afectados y víctimas de los conflictos socioambientales (extractivismo, cambio climático, etc.) dado en las últimas décadas, exigiendo la apertura a un debate nacional sobre la urgencia notoria de la degradación ambiental, la falta de reparaciones por daños a los ecosistemas y comunidades rurales, concesiones para extractivismo minero y energéticos, y los efectos negativos que genera el cambio climático, con énfasis al modus operandi del extractivismo minero, que ha aumentado la brecha de las ganancias entre el fisco nacional y las exportaciones, cuyo resultado al mal llamado desarrollo minero, no ha dejado cuentas claras de lo que revierte las exportaciones de minerales como el cobre y demás metales a la economía nacional. Una actividad de acumulación de capitales sin precedentes, a cambio de irrisorias ganancias con carencia de transparencia y declarada de corrupta por la falta de rendición de cuentas.
También, importante señalar, que se exigió mayor participación ciudadana en todas las actividades de carácter socioambiental que involucre al Estado y Sociedad Civil o comunidades rurales como urbanas, ya que a partir de la pandemia causada por la COVID -19, la modalidad virtual ha prevalecido, marginando a las comunidades rurales que no tienen acceso a un dispositivo e internet, lo que soslaya las voces y decisiones de aquellos pueblos amenazados por modelos de desarrollo contrario a las buenas costumbres, tradiciones culturales y la protección de la biodiversidad. El Acuerdo de Escazú, aprobado el 10 de marzo de 2020, a través de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020 estipula preceptos sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.
La declaración fue presentada por el Dr. Donaldo Sousa de la Asociación de Derechos Ambiental, la Lic. Rebeca Yaniz Orobio de la Federación de Profesionales de Panamá FEDAP y el abogado ecologista Olmedo Carrasquilla del Colectivo Voces Ecológicas COVEC. Fue recibida por el Ministro de Ambiente, el Lic. Milciades Concepción con el equipo de asesoras, y acompañamiento de la Dirección Nacional de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo el lic. Víctor Isaza el pasado viernes 19 de febrero en la sede central de MIAMBIENTE en ciudad de Panamá.
LEER EL ARTICULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografia: Pressenza
