Por: Ricardo Pérez Valencia. 22/01/2022
La actual administración considera que basta con que ellos no cometan actos de corrupción.
Una red de macrocriminalidad se caracteriza por varios elementos, como cometer distintos tipos de delitos, entre ellos desapariciones, extorsiones, homicidios o trata de personas, y se identifica con una serie de aspectos que rebasan al crimen común y corriente.
Autor del libro Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, el doctor Luis Daniel Vázquez Valencia explica en entrevista los resultados de su investigación académica y cómo los grupos de delincuentes crean vínculos y se convierten en una red de macrocriminalidad constituida por estructuras empresariales, criminales y políticas.
Vázquez analiza igualmente la conformación y comportamiento de esas redes, así como la forma en que han capturado al Estado, para intentar responder a la pregunta respecto de cómo desmantelarlas.
El especialista expone que el concepto de macrocriminalidad nace con el Derecho Penal Internacional después de la Segunda Guerra Mundial y estaba relacionado con los crímenes nazis, en particular con el genocidio y las violaciones sistemáticas a derechos humanos que producen muchas víctimas.
Lo mismo ocurrió bajo algunas dictaduras en América Latina donde se cometieron desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, así como torturas sistemáticas y masivas.
Transformación
Actualmente, dice Vázquez Valencia, el problema de macrocriminalidad ha salido del Derecho Penal Internacional y en el caso de México tiene que ver con los cárteles, en en Centroamérica con figuras como las maras, en Colombia con los paramilitares, o en Brasil con las milicias que gobiernan las favelas.
“Algunas de las características principales de estas redes de macrocriminalidad son, primero, que cometen distintos tipos de delitos, como desaparición, homicidio o trata de personas; segundo, que gobiernan amplias zonas del país o incluso en diferentes naciones, como el cártel de Sinaloa que tiene presencia en 81; y tercero, para mí lo más importante, que están conformadas por estructuras criminales, por estructuras empresariales a través del lavado de dinero y también por estructuras políticas, que lo que hacen más difícil de perseguir porque genera impunidad y una forma de corrupción muy grave que se llama captura estatal, donde la parte importante es que el Estado pierde su capacidad de autonomía”.
Lento avance
—En la administración actual se habla de la lucha contra la corrupción, pero ¿considera que se actúa de manera correcta bajo los argumentos de no violencia y no venganza?
—Creo que hay avances pero son insuficientes. La actual administración considera que basta con que ellos no cometan actos de corrupción y dan por hecho que basta con legitimidad popular. Justicia no es sinónimo de venganza y lo que esperaríamos en una democracia es que cuando hay un cambio de gobierno haya una revisión de lo que hizo el gobierno anterior. Nosotros esperaríamos que hubiera un diseño institucional, con instituciones fuertes en las que todos podamos confiar, pero el gran problema es que no es muy distinto a como han venido funcionando en México los gobiernos anteriores. El gran lío es que órganos que debieran ser autónomos y encargarse de las investigaciones ni son autónomos y se nombran muchas veces a incondicionales al frente de ellos. En consecuencia vienen, o las no investigaciones o las investigaciones controladas o desviadas.
—¿De quién estamos hablando específicamente?
—Justamente de la Fiscalía (General de la República), que tiene un buen diseño y una muy buena Ley Orgánica pensada justamente para el siglo XXI, con herramientas para hacer investigación de punta, pero al frente un fiscal del siglo XIX que no entiende las herramientas, no las usa o no le gustan. Entonces ahí tenemos un grave problema. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sucede exactamente igual: tenemos una persona que es incondicional al presidente, que viene de un movimiento de víctimas. Está muy bien y es defendible, pero se podría acompañar de personas técnicamente solventes para que no tenga los descalabros que a veces tiene.
Otros puntos, agrega el doctor Vázquez Valencia, es que no se han terminado de nombrar los magistrados del Tribunal Administrativo, que son los encargados de la investigación de los actos graves de corrupción. “Quien debe investigar es la Fiscalía Especializada Anticorrupción, pero no se sabe nada de ella y no hay informes sobre una investigación efectiva con respecto del desmantelamiento de una red de corrupción”.
Pasividad
—¿La inacción hace que se sea parte de esa red?
—Son dos cosas diferentes. Una es formar parte de la red y hacer actos para que no se investigue o para que la investigación tenga elementos fallidos; y otra, totalmente distinta, es no tener las capacidades para echar a andar las políticas públicas adecuadas para ello. Esto no necesariamente te hace parte de la red. Ahí hay que ser cuidadoso. Podemos hablar de un mal funcionario, de un mal político, pero hay que tener cuidado en la afirmación de que ellos puedan ser parte de la red. Y yo no tengo la certeza de eso, no tengo los elementos para poder afirmarlo.
—¿Qué es lo que se tendría que hacer para liberar al Estado?
—No podemos desmantelar redes de macrocriminalidad si no tenemos a las instituciones encargadas para ello. Primero, porque podrían estar capturadas; y segundo, porque están abiertamente rebasadas. Ninguna fiscalía, suponiendo que funcionara, que fuera más o menos eficiente, va a tener la capacidad de investigar 300 mil homicidios ni 60 mil desapariciones.
Comisión de la verdad
Lo que se necesita, expresa, son mecanismos extraordinarios internacionales como se ha propuesto desde enero de 2019. Una gran comisión nacional de la verdad que tendría investigaciones de carácter regional, pero con características nacionales para saber qué ha pasado al menos desde 2006.
“La comisión de la verdad funciona para dos cosas: para acercar la verdad a los familiares de las víctimas de desaparición y para poder identificar patrones estructurales de los procesos de homicidio, de desaparición, de las relaciones de las redes de macrocriminalidad y los gobiernos. De forma paralela tendríamos que echar a andar algo que nosotros llamamos mecanismo internacional contra la impunidad, un órgano internacional que incluso puede ser nombrado directamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que tenga autonomía política y se dedique específicamente a desmantelar esas grandes redes de macrocriminalidad que no permiten el acceso a la justicia. Solamente si desmantelamos esas redes, descapturamos al Estado y reconstruimos una idea mínima de Estado de Derecho, es como vamos a poder empezar a construir la paz.
Perspectiva
—¿Cuál es el punto específico en el que deberíamos empezar?
—El primer paso, como la asociación de Alcohólicos Anónimos, es reconocer el problema; y hoy en México no se ha reconocido. Otro aspecto en contra es que necesitamos una solución de largo plazo y a ningún gobierno le parece interesante, porque lo que ellos quieren es dar resultados en sus primeros años de administración para salir bien en las elecciones intermedias. La construcción de la paz nos va a tomar diez o 15 años.
—¿Hace falta voluntad política?
—El problema central es efectivamente de voluntad política. Venimos de un viejo régimen donde había un acuerdo de impunidad, donde se sabía que se podía hacer lo que se quisiera porque el siguiente gobierno también iba a ser del mismo partido y en consecuencia no se le iba a investigar. En 2000 esperábamos que se rompiera ese pacto, con la transición a la democracia, y eso no sucedió. Tampoco sucedió en 2006 ni en 2012, porque el momento y el contexto no lo permitían. Pero en 2018, cuando Morena tiene la mayoría, cuando se tiene este gran capital político, cuando tiene este proceso muy fuerte de legitimidad, el contexto era muy distinto: esperábamos justamente que se rompiera ese pacto de impunidad porque teníamos un presidente que tenía un discurso anticorrupción y antiimpunidad muy fuerte, pero el pacto de impunidad no se rompió.
El investigador remata que el punto central es que la impunidad forma parte del ADN político de México: “Ellos consideran que la impunidad es una forma de mantener la estabilidad política y si se investiga a los antecesores y se les empieza a meter a la cárcel, lo que se generará es inestabilidad. Lo que debemos hacerles entender es que con eso no se genera inestabilidad política: lo que se construye es Estado de Derecho. Y lo que necesitamos en México es eso: Estado de Derecho.
Características
Desde los estudios de Derecho Penal Internacional se identifica a la macrocriminalidad con una serie de aspectos que rebasan al crimen común y corriente.
La cantidad de sujetos que cometen el delito.
La cantidad de víctimas.
La multiplicidad de conductas punibles que generan una cadena de delitos.
La extensión territorial de los delitos cometidos, que puede traspasar dos o más entidades federativas, o dos o más Estados en el caso de redes transnacionales.
La cantidad y diversificación de recursos políticos que acumulan.
El hecho de que ya no solo inciden en las decisiones políticas vinculantes sino que en algunos casos han tomado tal nivel de poder que cogobiernan o directamente gobiernan (especialmente a nivel local o regional).
Luis Daniel Vázquez Valencia es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), maestro en Sociología Política por el Instituto Mora y Licenciado en Ciencia Política y Derecho, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor investigador de tiempo parcial de la Flacso México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, nivel I. Sus temas de investigación incluyen la teoría jurídica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos; estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado, y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos. Actualmente coordina el seminario de investigación Análisis multidisciplinario de los derechos humanos (junto con Ariadna Estévez), que desde 2008 desarrolla la Flacso México con el CISAN-UNAM. También coordina el seminario de investigación Derechos humanos y democracia.
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Fotografía: Vértigo político
