Jorge Salazar García. 01/02/21
Tal vez denominar “madre de todas las elecciones” a la elección de 2021 sea desproporcionado y los más apropiado sea calificarla como la más grande y trascendente de la Historia política nacional. Cualitativamente hablando y sin exagerar será un proceso determinante para el futuro del país, pues en dicha contienda se confrontarán las dos posturas políticas del país actualmente polarizadas: liberal y neoliberal. A la primera suele identificársele con la IZQUIERDA moderada, a la otra con la DERECHA. La primera busca redireccionar el quehacer público hacia el gasto social y el trabajo; la segunda lo orienta a la inversión privada privilegiando al capital. Entre estas dos fuerzas se repartirán ¡21,368 cargos!, (15 gubernaturas, 500 diputaciones federales y 1063 locales y 1926 ayuntamientos) y los miles de millones que el Estado les ha presupuestado.
Este proceso, por las carretadas de dinero y puestos involucrados, es una prueba extrema para los partidos y sus dirigentes. En razón de su profundo desprestigio ante la ciudadanía que los considera parásitos, vividores y ladrones esta en riesgo su existencia futura. Ya porque la sociedad exija les retiren la prerrogativas o porque su registro sea cancelado. Esto último de aplicarse estrictamente la Ley, porque la violan sistemáticamente en lo referente a promover la vida democrática y servir al interés público. Ni una ni otra cosa han hecho, pues en México las políticas no las decide la ciudadanía y esos institutos han servido más al interés privado ($$$).
Para el nuevo régimen las votaciones en ciernes son también un enorme desafío debido a sus promesas de que nunca más México viviría elecciones sucias ni se volvería a solapar a funcionarios que utilicen el presupuesto y programas sociales clientelarmente. Sin duda muchos apoyan esos buenos propósitos, el INE debería ser el primero en hacerlo, el problema es que los encargados del proceso juegan con dados cargados. Las dirigencias de los partidos serían la otra parte interesada en que las elecciones fueran confrontaciones de ideas en buena lid y apegados a Derecho, pero esa NO es su naturaleza. Nacieron chuecos y siguen torcidos: no saben actuar de otra manera. Al interior son carcomidos por el oportunismo, la corrupción y el divisionismo características que ni refundándose pueden eliminar. Con estructuras orgánicas INOPERANTES y Estatutos sistemáticamente burlados desparraman odio y confrontación en los pocos militantes activos que les siguen.
Por su lado las dirigencias de MORENA van con el viento en popa contaminándose con espurios liderazgos “morales” (Gobernador y delegado Huerta) quienes atizan la lucha fratricida con el único propósito de imponer cada cual a sus próximos compinches. En el partido que fuera esperanza del “CAMBIO” las decisiones se toman cupularmente, las finanzas no se transparentan, se “negocian” las candidaturas y, para acabarla, suma a sus filas los pillos combatidos en el pasado. Esperan, tal vez, que el Presidente por haber sido su fundador, solape las porquerías y delitos que cometen a la vista de todos. Por suerte no todo esta perdido, es loable ver a militantes de base honestos, buscando recuperar su espíritu original. Frente a personajes financiados desde el poder público, la tarea parece una odisea, pocas posibilidades tienen de revertir la ruta suicida elegida por los de arriba. Al abandonar sus principios de no mentir, no robar y NO TRAICIONAR su credibilidad ha sido minada; ahora a pesar de las advertencias de AMLO y denuncias de sus bases, se imponen la simulación y las alianzas con los cleptómanos del pasado.
Las votaciones deben ser transparentes, legales y equitativas, antes, durante y después del proceso dice la Ley. Es responsabilidad del TRIFE, INE y el Presidente garantizar que efectivamente así sea. AMLO sabe que de actuar parcialmente como lo hace el INE, la consecuencia será mayor inestabilidad política. Hoy por hoy, sin exagerar, ningún partido político saldría bien librado de un escrutinio. Todos incumplen sus obligaciones legales, MORENA incluida, violan sistemáticamente los Estatutos y sus programas políticos. Por lo pronto, el antes, ya es un chiquero y la legalidad cae en picada. Y al menos que sean juzgados aquellos funcionarios públicos que operan de facto metiendo mano en las campañas suplantando las facultades de dirigentes y militantes, la caída continuará, hasta el abismo.
Probablemente lo antes expresado provoque rasgaduras de algunas vestiduras o el desánimo. No son objetivos de estas líneas. El propósito es DESTACAR la importancia de RESPETAR la Constitución (Art. 35; F-I y II), la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (arts. 329 al 356) y el Código Penal Federal (Art. 401 al 413). Actuando de manera libre e informada, los ciudadanos pueden inhibir conductas tipificadas como delitos electorales. Por ejemplo, sabiendo que votar o permitir votar sin credencial, hacer proselitismo el día de la elección, presionar o inducir a los electores, recoger credenciales de votar, condicionar servicios, comprar o vender el voto y acarrear electores se sanciona con multa (art. 403 del Código Penal Federal) y prisión de 6 meses a 5 años . A quienes instalen, abran o cierren una casilla sin cumplir con la norma se les castigará con prisión de 1-6 años (artículo 405). De igual manera se impondrá de 1 a 9 años de cárcel (art. 406) a los servidores públicos que obliguen a los subordinados a votar en un sentido, condicionar el otorgamiento de obras, programas o servicios, destinar fondos, bienes o servicios al apoyo de un candidato o partido.
Considerando que la mayoría de los protagonistas que quieren reelegirse vienen del oscuro neoliberalismo (90%), es fácil preveer viviremos una contienda sucia. La mafia está vivita y coleando, aún tiene poder para aplastar a quienes quieran oponerse a sus intereses y limpiar la vida pública de México.
