Por: Santiago González Vallejo. 24/05/2025
En la polémica sobre el comercio de armas entre España e Israel, se debatió públicamente la conveniencia de considerar los contratos nulos de pleno derecho, arguyendo que la Corte Internacional de Justicia había establecido unos mandatos para impedir que se cometiera genocidio y que no se facilite la colonización de Territorio Palestino, u otras posibilidades. Finalmente, parece que se ha invocado una cuestión se seguridad nacional para, unilateralmente, rescindir el contrato de munición que proveía una empresa israelí.
Pero esos Mandatos de la Corte Internacional de Justicia siguen estando vigentes y afectan al resto de contratos existentes entre empresas españolas y las autoridades israelíes, y no solo armamentísticos.
El 9 de marzo se produjo un hecho relevante, incluida una foto, que afecta a uno de esos contratos entre una empresa española y las autoridades israelíes. Nos referimos a la empresa CAF, que amplía, construye y gestiona líneas de tranvía entre la ciudad ocupada de Jerusalén y las colonias próximas.
En la foto mencionada, figuran el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, la ministra de Transporte israelí y otras autoridades, además del representante de CAF, empresa gestora de las líneas Roja y Verde, constructora y proveedora de los vehículos. El motivo de la instantánea es el corte de la cinta y la inauguración de la ampliación de la Línea Roja de tren ligero por territorio palestino ocupado, al nordeste de Jerusalén, hasta Neve Ya’akov en el barrio de Pisgat Ze’ev.
Si los contratos de armas se rescinden y si los consideramos nulos en función del mandato de la Corte Internacional de Justicia, ¿los contratos que afectan a la colonización no debieran tener el mismo tratamiento?
El trazado de esas líneas ha sido realizado por las autoridades de ocupación. Esa zona mencionada fue conquistada por las fuerzas militares israelíes en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. Poco después, la potencia ocupante amplió el término municipal de Jerusalén y le sumó 65 km2 de la Cisjordania ocupada, aparte de integrar Jerusalén Este, otros 5 km2. El objetivo de esa ampliación y desarrollo urbanístico, favoreciendo a unos y expropiando a otros, hasta culminar en el Muro que penetra en otra parte de Cisjordania, ha consistido en cambiar demográfica y políticamente la composición de esa nueva Jerusalén.
El 14 de abril de 1968 se expropiaron tierras para construir los asentamientos de Neve Ya’akov. El 30 de agosto de 1970, otras tierras para construir y ampliar los asentamientos de Neve Ya’akov, Ramot Allon, Shu’afat Ridge, East Talpiyyot, Gilo, Atarot, Gai Ben Hinom, Jaffa Gate y Ramet Rahel con un área total de 12,280 km2. El 20 de marzo de 1980 se amplió la expropiación para de mas espacio para el asentamiento de Pisgat Ze’ev con un área total de 4,4 km². Pisgat Ze’ev es el más joven de los barrios “satélite”. Se planificó para crear una zona urbanizada continua desde French Hill hasta Neve Ya’akov en el norte. El barrio se estableció en 1984 en una colina.
El objetivo era crear barrios satélites o de circunvalación de la Gran Jerusalén. Para ello es necesario el traspaso de población de la potencia ocupante a territorio ocupado, incluyendo a los nuevos solicitantes de ciudadanía israelí, provenientes de cualquier parte del mundo, si son considerados ‘judíos’, así como una red de comunicación. Si los barrios adquieren un volumen relevante de población se precisa ya un transporte colectivo masivo como es el tren ligero que CAF está ampliando, construyendo, provisionando vehículos, señalización, etc., y gestionando.
Neve Ya’akov, Pisgat Ze’ev, Sua’fat… se encuentran clasificados como parte de los Territorios Ocupados de Palestina, tal como se puede verificar en el mapa de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, que señala el incumplimiento de las Convenciones de Ginebra, las Resoluciones de las Naciones Unidas y los Dictámenes de la Corte Internacional de Justicia, aunque CAF y otros quieran desinformar diciendo que CAF tiene sólo proyectos en ‘Israel’.
Todo esto lo sabía y lo sabe CAF. También lo conoce su empresa socia israelí Shapir o su proveedora de elementos de geolocalización y especializada en industria militar, la madrileña GMV, sus auditores Deloitte y EY, la consultora Negocio Responsable, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el departamento interministerial español Punto Nacional de Contacto, que afirma seguir las orientaciones de la OCDE, y el ministerio de Asuntos Exteriores, que apoya, según dice, el derecho del pueblo palestino a tener un Estado (¿sin territorio, sin gente, en Facebook?), así como su autodeterminación.
Entretanto, se materializan los planes sionistas consistentes en ocupar un territorio, expulsar a sus habitantes originarios, siguiendo el mismo Destino Manifiesto y colonial que a tantos pueblos indígenas ha masacrado, confinándolos en reservas bantustanes, si no muertos.
Pero para ello hay que contar con la complicidad de muchos que se dicen defensores de las normas, de los derechos humanos, sean Estados o aquellas entidades supranacionales de las que forman parte, y también de las empresas que se benefician del poder de la fuerza que facilita la colonización: véanse CAF y su Consejo de administración, Edreams, Carrefour, GMV, OSSA, TYPSA…
Netanyahu, con todo su poder, cortó la cinta. Le precedieron otros generales y sionistas como él, que allanaron el camino. Detrás de él, sí, los que están detrás, disfrutando, de momento, figuran los miembros del Consejo de Administración de CAF, representantes de sus accionistas, Kutxabank, Mayoral, Daniel Bravo, la Administración Vasca,…y receptores de sus dividendos de colonización, Andrés Arizkorreta García, Javier Martínez Ojinaga, Marta Baztarrica Lizarbe. Begoña Beltrán de Heredia Villa, Julián Gracia Paladín, Carmen Allo Pérez, Luis Miguel Arconada Echarri, Juan José Arrieta Sudupe, Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain y Manuel Domínguez de la Maza.
Si los contratos de armas se rescinden y si los consideramos nulos en función del mandato de la Corte Internacional de Justicia, ¿los contratos que afectan a la colonización no debieran tener el mismo tratamiento? ¿Cómo afecta el respeto al derecho internacional a las empresas de un Estado que dice acatar las Convenciones de Ginebra y otras normas internacionales? ¿Hay voluntad de hacer cumplir las normas internacionales, aunque no haya necesidad de escándalos?
________________________________
Santiago González Vallejo es cofundador del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe.
LEER EL ARTÍCULO ORIGINAL PULSANDO AQUÍ
Fotografía: Info libre
