La violencia y el riesgo de defender en América Latina

Lamentablemente, este miedo tiene fundamento. A pesar de los avances registrados en los últimos años, América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. La violencia y la desigualdad tienen una estrecha relación. Nueve de las diez ciudades más peligrosas del mundo sonlatinoamericanas. La región registra las tasas de muerte violenta más altas a nivel mundial (sin incluir los conflictos armados). La desigualdad extrema, en una región donde 32 personas acumulan la misma riqueza que la mitad de su población más pobre, debilita la cohesión social por distintas vías: mermando la confianza interpersonal y el capital social, erosionando la confianza en el sistema político y la democracia, y alimentando el conflicto violento.

Con el período de bonanza económica que ha vivido la región – la “década dorada” según The Economist – se ha producido lo que Albert Hirschman describe como el “efecto túnel”, al referirse a la irritación que generan las diferentes velocidades que operan en el reparto de la prosperidad. En la metáfora utilizada por el destacado intelectual alemán, la sensación de crispación se compara con la frustración que se siente al estar parado con el coche en un túnel, en medio de un gran embotellamiento. Una sensación a la que se le suma el enojo cuando vemos que la circulación empieza a mejorar porque la fila de coches a nuestro lado se mueve cada vez más rápido, pero la nuestra continúa parada. Podemos soportar con resignación un atasco generalizado, pero no toleramos una situación injusta que nos deje rezagados cuando los otros se benefician cada vez más de un contexto favorable. ¡O todos, o nadie!

Pero además, hay una modalidad de desarrollo que reside en la base de esta prosperidad asimétrica y tiene impacto directo en el recrudecimiento de la violencia. El modelo económico extractivista y neoextractivista, atiborrado por el boom de las commodities, ha encendido la conflictividad por el acceso y uso de los recursos naturales a niveles inéditos en la región, y lo ha hecho en abierta colisión con el ejercicio de los derechos económicos, ambientales y colectivos de las poblaciones más vulnerables. Según Front Line Defenders, el 41% de los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos, en América Latina, está vinculado con luchas ambientales, por el derecho a la tierra, el territorio o la defensa de pueblos indígenas.

Para denunciar esta situación, Oxfam acaba de publicar El Riesgo de Defender. En este informe, se alerta sobre una doble realidad. Por un lado, el incremento preocupante de la violencia contra las y los defensores de los derechos humanos en la región, y su relación con la creciente conflictividad ligada al modelo extractivista. Por el otro, el alarmante contexto de impunidad y criminalización del activismo, el riesgo creciente del ejercicio de defender, en el marco de un frágil estado de derecho, ineficaz y omiso ante las injusticias y capturado por los intereses de los grupos de poder.

El año pasado, de los 220 asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos a nivel global, 185 se produjeron en América Latina. Una violencia que ha recrudecido en Brasil, Guatemala, Honduras, Perú e, incluso, en el contexto de las negociaciones por la paz en Colombia. La situación se torna todavía más brutal en el caso de las mujeres defensoras, sumándose así a las violencias que ellas sufren cotidianamente, víctimas de un sistema de creencias patriarcal.

Pero además, tal como advierte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, uno de los grandes problemas que afectan a las defensoras y defensores es la falta de investigación sobre los ataques de los que son víctimas, lo que ha acentuado la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. El Informe de Oxfam indica que, de las 63 personas defensoras asesinadas en Colombia durante el año 2015, 21 habían denunciado previamente amenazas y 4 estaban bajo el cuidado de la Unidad Nacional de Protección. En Honduras, de las 14 personas con medidas cautelares de la CIDH, 4 han sido asesinadas en los últimos años. La ineficacia del Estado para proveer seguridad, protección y un acceso universal e independiente a la justicia, explican estos gravísimos hechos para la institucionalidad democrática de la región.

Aquel día, en La Esperanza, esas valientes defensoras hondureñas me contaban que ellas, como las hormigas, eran pequeñas y vulnerables, fáciles de aplastar por criaturas mucho más grandes, agresivas y brutales. Sin embargo, que cuando se juntaban, se organizaban y actuaban colectivamente, podían llegar a mover montañas, que podían picar y picar fuerte, impidiendo que los de siempre, continúen dándoles pisotones.

Andrea Costafreda es Directora Programática para América Latina y el Caribe de Oxfam-Intermón y profesora de Relaciones Internacionales en Blanquerna – Universidad Ramón Llull (Catalunya)

Informe El riesgo de defender – La agudización de las agresiones hacia activistas de derechos humanos en América Latina. Oxfam Intermón, 2016. (versión completa para descarga gratuita)

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Recomendaciones a los Estados:

• Dar soluciones estructurales a la crisis que sufre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aportar a su fortalecimiento como principal órgano en la región con mandato para promover la observancia de los derechos humanos y capacidad para emitir medidas cautelares.

• Cumplir con los diferentes protocolos orientados a prevenir cualquier tipo de agresión hacia las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, dirigentes y líderes sociales, etc.

• Establecer medidas efectivas para garantizar que quienes defienden los derechos humanos gocen de una protección completa y de un entorno seguro y propicio para realizar sus acciones en defensa de los derechos humanos sin temor a represalias.

• Elaborar políticas de protección para la labor y la integridad de las 11 personas defensoras de derechos humanos, sus familias y entornos, con la participación amplia de la sociedad civil y bajo el liderazgo de las instancias responsables, asegurando que las mismas cuenten con recursos y presupuesto para su implementación.

• Investigar, juzgar y condenar de forma efectiva y oportuna cualquier tipo de agresión (amenazas, persecuciones, asesinatos, etc.) contra los y las defensoras de derechos humanos.

• Eliminar cualquier forma de represión, hostigamiento y criminalización que pueda ejercerse desde las instituciones públicas a la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

• Garantizar que los mecanismos de protección gubernamentales existentes adopten medidas de prevención que eviten ataques contra defensoras y defensores y generen condiciones para que puedan llevar a cabo su labor sin temor a represalias y con pleno reconocimiento social.

• Recolectar datos desagregados sobre crímenes cometidos en contra de personas defensoras, así como sobre las acciones tomadas y publicarlos regularmente en aras de fomentar la transparencia, mejorar el acceso a la información, diagnosticar y prevenir problemas y rendir cuentas.

• Asegurar un adecuado análisis de género en los mecanismos de protección gubernamentales para la protección de las mujeres defensoras.

• Fortalecer el acceso seguro de defensores a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos como la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos y la Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de la mujer.

Recomendaciones al sector privado:

• Regir toda su conducta en el marco de los derechos humanos y eliminar cualquier forma de agresión contra las personas defensoras en sus prácticas empresariales cumpliendo los Principios Rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, la Iniciativa de Reporte Global de presentación de informes (GRI, siglas en inglés), y las normas ISO 2600057.

• Para las empresas extractivas, adoptar una política explícita y clara de respeto del principio de Consulta Previa, Libre e Informada –CPLI- y desarrollar directrices detalladas para su aplicación, difundiéndolas públicamente.

• Para mantener la responsabilidad corporativa individual de respeto de los derechos humanos es necesario evitar la tentación de escudarse en leyes y prácticas gubernamentales inadecuadas en relación con los derechos de los pueblos indígenas, y en su lugar alentar a los Gobiernos a velar porque se lleven a cabo procesos de respeto al principio de CLPI en las primeras etapas de planificación del uso de la tierra y de los recursos, antes de proceder a la concesión de licencias o contratos.

Recomendaciones a la sociedad civil:

• Pronunciarse enfáticamente en contra de las agresiones a las personas defensoras, haciendo uso de los mecanismos, leyes y protocolos de protección y exigir su cumplimiento.

• Mantener sus propios datos de agresiones para contrastarlos con los datos recabados por el gobierno.

• Cumplir un rol de vigilancia y denuncia permanente contra cualquier agresión a los defensoras/es.

• Rechazar los mensajes y mecanismos de estigmatización y deslegitimación que afectan a los defensores.

• Fortalecer las redes de comunicación alternativas para romper el cerco mediático, creando redes de solidaridad.