Por: Alejandro Saldaña Rosas. Rompeviento. 02/10/2017
La reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos es una tarea que pasa en primer lugar por la atención urgente de los miles de damnificados y en segundo término, por el deslinde de responsabilidades para castigar a los culpables de la violación de los reglamentos de construcción que costaron la vida de cientos de personas. Es inaceptable la pretensión del gobierno federal de derruir y limpiar de escombros los edificios siniestrados, sin antes realizar los estudios técnicos que permitan determinar si hubo (o no) violación a la normatividad. En muchos casos la violación está a la vista: gigantescos espectaculares, enormes antenas y hasta helipuertos que sobrecargaron a edificaciones no diseñadas para tales fines. Falta que los culpables sean procesados.
Sin legalidad ni justicia, no puede haber refundación. La disyuntiva es simple: o giramos el curso del país o quedamos condenados a repetir la historia una y mil veces. ¿México Quetzalcóatl o México Sísifo? Nosotros y nosotras, no los dioses ni los mitos, tenemos la palabra.
Tanto en la ciudad de México como en Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, estado de México y en general en todas las localidades donde hubo afectación de edificios por los sismos, es imprescindible deslindar responsabilidades antes de demoler, limpiar y reconstruir. Particular atención merecen las miles de escuelas dañadas, principalmente porque la seguridad de niñas, niños, maestras y maestros está en riesgo, pero también porque la hipótesis de que fueron construidas con pésimos materiales tiene sólidos fundamentos: la brutal corrupción imperante en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su contubernio con el gobierno federal, responsable de la construcción de las escuelas, son datos duros para albergar lo peor. El diagnóstico puntual de las miles de escuelas es impostergable y debe realizarse con la participación de universidades y colegios de ingenieros y arquitectos.
Los sismos del 7 y del 19 de septiembre mostraron, una vez más, los cimientos corroídos sobre los que el México “moderno” está construido: autoritarismo, corrupción, simulación y negligencia. En la memoria de millones de capitalinos aún están presentes las entrañas del Hospital General caído el 19 de septiembre de 1985: sus escuálidas varillas, sus flaquitos muros, sus trabes de escenografía. Quienes allí murieron fueron víctimas de la corrupción, más que del terremoto. La historia se repite 32 años después con una precisión que algunos leen como teleológica, otros como una fatal coincidencia de la naturaleza; yo considero que es la continuidad de un régimen que asesina. Insisto: son muchos más los muertos por la pobreza, la corrupción y la negligencia que por los movimientos telúricos de nuestra tierra. Los terremotos del 7 y del 19 de septiembre reiteran en mostrar las tripas de un régimen profundamente podrido que ha dejado cientos, miles de muertos.
Son los mismos muertos que los del 2 de octubre de 1968, los del 10 de junio de 1971, los de la guerra sucia de los años 70 y 80, los de la explosión en San Juanico en 1984, los asesinados en Aguas Blancas en 1995, los masacrados de Acteal en 1997, los mineros de Pasta de Conchos enterrados en 2006, los de la represión de Atenco de 2006, los 49 niños y niñas muertos en la guardería ABC en 2009, los muertos de San Fernando en 2010 y 2011, los ajusticiados de Tlatlaya en 2014, los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hace tres años, los muertos de Nochixtlán Oaxaca, son los muertos y heridos de la explosión en la planta Pajaritos III en Veracruz en 2016. También son los cientos de miles de muertos de la “guerra contra las drogas”, los más de 50 mil desaparecidos, las miles de mujeres asesinadas en el país donde el feminicidio es cotidiano. Y los campesinos sin tierra, los obreros sin chamba, los profesionistas que migran, los empresarios secuestrados y extorsionados, los estudiantes con futuro cancelado. La lista es interminable, las circunstancias diferentes, los tiempos diversos, incluso los actores han cambiado, sin embargo muertos, tragedias, accidentes, masacres y crisis convergen en un mismo punto: el sistema político del PRI y sus advocaciones, PAN, PRD y partidos mascota.
Porque la contracara de los muertos, los desaparecidos, los feminicidios, la pobreza y la ignorancia no es la fatalidad metafísica, la mala fortuna o los caprichos de la naturaleza, sino las fortunas mal habidas de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, Chapo Guzmán, Onésimo Cepeda, Romero Deschamps, Vicente Fox, Felipe Calderón, Elba Esther Gordillo, Javier Duarte y muchos más integrantes de la clase política, religiosa, militar y empresarial dominante en el país. En México no hay desastre natural, accidente imprevisible o masacre programada que no tenga su exacto correlato en la depredación de las finanzas públicas por parte de los responsables de la legalidad de las instituciones. El estado de derecho en México balancea siempre a favor de unos pocos.
De allí que la reconstrucción –otra vez- de México es impensable sin una refundación total del país. Las condiciones están dadas: hartazgo ciudadano, crisis de legitimidad, total descrédito del presidencialismo y el autoritarismo inherente, repulsa a los políticos profesionales, incredulidad de la información generada en Televisa, Azteca, MVS, múltiples expresiones de desobediencia civil, entre otros. Hace falta fuerza y organización social, sin duda, pero el camino está trazado y millones avanzan en esa dirección: no hay marcha atrás.
Las bases de la refundación de México son la paz, la igualdad, la seguridad ciudadana, la democracia y la libertad. Nada más, pero nada menos. No tenemos porqué dar ninguna concesión: o reconstruimos al país entero con otras bases, otra cimentación, o lo damos por perdido y enterrado en una de sus tantas fosas clandestinas.
La refundación de México empieza bien: la historia está de nuestro lado. Está demostrado que el asesinato masivo del 2 de octubre fue un crimen de Estado. Y también el del 10 de junio. La guerra sucia de los años 70-80 (más de veinte años) fue una sucesión de crímenes de Estado. Y los “accidentes” de San Juanico, Pasta de Conchos, guardería ABC o Pajaritos son, sin duda alguna, crímenes de Estado. Lo mismo sucede con Acteal, Atenco, Aguas Blancas, San Fernando, Salvárcar, Tlatlaya, Nochixtlán y Ayotzinapa. Crímenes de Estado. Como también lo han sido los fraudes electorales del 88, del 2006, del 2012 y los ocurridos a nivel municipal y/o estatal. O el Fobaproa. O el llamado “rescate carretero”. La lucha por la paz, la igualdad, la justicia y la libertad es contra el Estado.
La peor catástrofe que el país ha resistido no son los huracanes, los terremotos, las epidemias o las amenazas de Trump, sino los gobernantes del gabinete legal, ilegal, ampliado, paralelo, convexo y los cómplices con pretensiones y aspiraciones que inefablemente pululan en el entorno. Buitres del desastre, carroñeros de la desgracia bien vestidos y con títulos en el extranjero.
La refundación de México está en marcha, pero no es ineludible: puede que no ocurra. Porque el sistema acusa daños profundos, estructurales, pero no ha caído: tenemos que empujar –todas y todos- para que el derrumbe se consume. Los daños estructurales son graves, sin duda, pero la capacidad del sistema para rehacerse es tan amplia como los enormes recursos económicos que fluyen en su interior y hacia la sociedad en su conjunto. Si algo ha mantenido al sistema desde al menos 1968, es su capacidad corruptora.
Por eso la refundación de México es imposible sin los mecanismos que aseguren la efectiva transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la eficiencia en un esquema cruzado de vigilancia: las universidades, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil serán los artífices de la vigilancia de los recursos, sin las que la refundación de México es impensable.
En esta tesitura hay al menos tres tareas ineludibles:
a. En primer lugar hay que tomarle la palabra al PRI para que no ejerza el presupuesto que le corresponde en lo que resta del 2017. Pero al mismo tiempo, que académicos nacionales e internacionales de prestigio, expertos en la materia, auditen escrupulosamente todos los recursos ejercidos por el PRI durante el sexenio, por lo menos. Y de paso, exhaustiva auditoría a las organizaciones filo priistas: sindicatos, organizaciones campesinas y populares, fundaciones, etc. Los desvíos, las irregularidades y las inconsistencias detectadas –en su caso- deberán cancelar el acceso a nuevos recursos. Esta acuciosa auditoría debe realizarse al resto de los partidos, ejerzan o no el presupuesto que tienen asignado.
b. En segundo lugar, que todos los partidos reduzcan sustancialmente los recursos para las campañas electorales del año 2018. Reducción del 70-80% del financiamiento, al mismo tiempo que rigurosa etiquetación del mismo y vigilancia ciudadana de la gestión y el destino de esos recursos. Estos recursos deben asignarse y auditarse en un mecanismo “triple ciego” con
participación de instituciones internacionales, universidades e instituciones de prestigio internacional y por colectivos ciudadanos elegidos –previa inscripción- aleatoriamente. Se trata de reducir el financiamiento público y de prohibir el privado a los partidos, al tiempo de construir mecanismos de vigilancia cruzada que vigilen el proceso de asignación e impidan el ingreso de dinero ilegal a las campañas. Tarea difícil, sin duda, pero impostergable en la refundación de México.
c. Es necesario construir protocolos ciudadanos para el nombramiento de aspirantes a cargos de elección popular. Protocolos de observancia generalizada, parejos para todos. Independientemente del partido que los postule, las y los candidatos deben someterse al riguroso escrutinio ciudadano: formación básica, trayectoria profesional, cargos ocupados, prestigio ético en la comunidad y por supuesto su declaración 3 de 3 auditada por al menos tres instituciones imparciales. Pasado el escrutinio ciudadano, las y los candidatos podrán postularse por las siglas con las que se identifiquen en plataforma, objetivos e ideología.
El tiempo de la ciudadanía está en marcha, corriendo, invariable. La posibilidad de que el régimen asesino se postergue es real, inocultable, poderosa. Pero también y con mayor fuerza laten los tiempos del cambio. La reconstrucción y refundación del país requiere la participación de todas y todos. De todas y todos que estamos ya en ello.
¡Visca Catalunya!
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Fotografía: elheraldodemexico
