Por: Yuri Jiménez Nájera (Consejero Académico de la UPN). 27/09/2021
En 1992 (a 10 años de instaurado el modelo de desarrollo neoliberal en México), el gobierno ilegítimo de Carlos Salinas de Gortari decidió imponer a la sociedad mexicana una de tantas reformas estructurales neoliberales en materia educativa: el mal llamado “Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (ANMEB) -que ni fue un acuerdo ni fue modernización-,[1] mediante el cual se impuso la descentralización de las escuelas de educación Básica, de educación Normal y, a pesar de no estar contempladas en el “acuerdo”, las de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).
En el caso de la UPN (universidad de carácter federal), el ANMEB implicó la desarticulación de la institución mediante la entrega precipitada de sus 68 Unidades académicas estatales (de un total de 75) a los 31 gobiernos de los Estados, incluyendo el control de sus recursos presupuestales federales (81 millones de pesos anuales -nominales- aprox., según algunos cálculos) y de las plazas de su personal académico (2,047 en total) y administrativo (552) -67% del total nacional-; quedando bajo control federal solamente las 7 Unidades de la Ciudad de México (645 académicos y 632 administrativos) -33% del conjunto nacional-.[2]
Asimismo, el ANMEB significó para los trabajadores de la UPN la imposición de su disgregación y aislamiento laboral y sindical, al establecerse sus relaciones laborales con los gobiernos estatales, mediadas clientelarmente por las secciones locales del SNTE.
Frente a la inminente imposición gubernamental, el movimiento nacional de trabajadores académicos y administrativos de la UPN se puso a la defensiva, generando un proceso nacional de resistencia y de defensa del carácter nacional de la universidad y de sus derechos laborales, el cual derivó en la salvaguarda parcial del carácter nacional de la universidad mediante el reconocimiento legal de la rectoría académica nacional[3] de la institución a través de su Consejo Académico (rectoría vulnerada por algunos gobiernos estatales[4]), y el respeto de los derechos adquiridos de sus trabajadores en los convenios cupulares de transferencia firmados por los gobiernos federal y estatales[5].
El desmembramiento económico-laboral de la institución y de su planta laboral, el control de las Unidades académicas estatales por los gobiernos locales y su manejo discrecional de los recursos (en la prensa se han presentado diversos casos de corrupción y se ha documentado la desviación de recursos), derivaron en el debilitamiento político-sindical de los trabajadores universitarios, y por ende en su flexibilización y precarización laboral (contrataciones por horas, inestabilidad en el empleo, despidos), la violación recurrente de derechos adquiridos, la pérdida de plazas y prestaciones, el deterioro de las condiciones laborales, entre otros efectos negativos del ANMEB para los trabajadores de la UPN.
El paquete de reformas neoliberales aplicado a la UPN y sus comunidades de estudiantes, trabajadores académicos y administrativos, tendiente a “abaratar costos” y “eficientizar el gasto” -preceptos de la política económica librecambista[6] iniciada en 1982/1983 en el país-, sumado a la desviación de recursos en algunos estados[7], se tradujo en la restricción generalizada de recursos económicos y materiales en todas las sedes de la institución:[8] congelamiento o cancelación de plazas académicas y administrativas, ausencia de recursos propios para becas estudiantiles, carencia de instalaciones educativas adecuadas, falta de bibliotecas actualizadas, equipos de cómputo insuficientes, devaluación de prestaciones, etc., afectando gravemente las tareas sustantivas de la universidad. En resumen, se instauró la precariedad educativa neoliberal en la UPN.
Dicha precarización institucional se trasladó injustamente a los estudiantes y sus familias: los costos de las colegiaturas y servicios se incrementaron estratosféricamente en más del 1000% (si se considera que a fines de la década de los ochentas del siglo XX la inscripción semestral a una licenciatura era de $20.00 aprox. y en la actualidad es de $1,513.00 en promedio -entre $500.00 para el caso de Tlapa, en la montaña de Guerrero, hasta los $3,000.00 en el caso de Sonora, pasando por casos intermedios como Hidalgo: $1,200.00 o el Estado de México: $1,092.00-), lo cual significó la imposición gubernamental de la privatización del financiamiento de la educación superior en el caso de la UPN.[9]
Lo anterior contrasta con la situación prevaleciente en la Unidad Ajusco de la UPN (la sede matriz y con mayor matrícula: más de seis mil estudiantes),[10] en la que la inscripción semestral a una licenciatura sigue costando $20.00, además de un subsidio a la comida en el comedor universitario cuyo costo se ha sostenido en $5.00 pesos desde hace años, o el costo por fotocopia que se ha mantenido en $0.20 centavos desde hace décadas. Esta situación no es gratuita, se debe a que en 1987 las autoridades universitarias decidieron incrementar los precios de las inscripciones y de todos los servicios en más de 1000%, lo que ocasionó una fuerte movilización estudiantil y la toma de las instalaciones universitarias, hasta que las autoridades se desistieron de tales incrementos.
Frente a esta situación, actualmente distintos sectores de la comunidad universitaria consideran que la única forma de restaurar el carácter nacional de la UPN y empezar a remontar la precarización y la privatización neoliberal de la institución en las entidades federativas, es a través de su cambio de estatus jurídico y democratización, transitando hacia la autonomía por ley.
Fotografía: puntoporpunto
[1] El ANMEB fue una imposición cupular de las élites gobernantes y del SNTE a las comunidades escolares que nunca se tradujo en la “modernización” de la educación sino en su deterioro. Ver: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf
[2] cfr. Jiménez, 2002: 189-221, disponible en http://132.248.9.195/pdtestdf/0310778/Index.html
[3] La rectoría académica nacional permite regular la oferta institucional de programas académicos (de docencia, investigación y difusión) en todas las Unidades UPN, así como el otorgamiento del año sabático y el proceso de ingreso y promoción del personal académico mediante la Comisión Académica Dictaminadora. Ver: https://www.upn.mx/index.php/red-de-unidades/upn-nacional
[4] Por ej., en el caso del gobierno del Estado de México, la conformación de una Comisión Académica Dictaminadora estatal (creada en 2015), controlada por la burocracia gubernamental -la cual designa por dedazo a todos sus miembros-, entra en contradicción con las facultades de la Comisión Académica Dictaminadora de carácter federal, violando la rectoría académica nacional de la UPN.
[5] Cfr. Federalización Educativa: http://normateca.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=9:federalizaci%C3%B3n-educativa
[6] Como resultado de dichas políticas de corte neoliberal, el “costo promedio por alumno” (inversión pública por alumno/a desde otra óptica) en el nivel superior disminuyó $14,467.00 pesos en términos reales en 1992 (base: pesos de 2002), al pasar de $43,443.00 pesos en 1982 a $28,976.00 pesos en 1992.
[7] El buscador de Google identifica varios casos de corrupción en las Unidades estatales de la UPN.
[8] Por ej. a la Unidad UPN de Morelia se le entregaban hasta hace poco sólo $500,000.00 pesos para gastos de operación, monto totalmente insuficiente para atender las necesidades de su comunidad (alrededor de mil estudiantes).
[9] Los costos de inscripción a los posgrados de la UPN son mucho más altos: $6,000.00 semestrales por un Doctorado en la UPN de Hidalgo y hasta $16,800 semestrales por un doctorado en la UPN de Sonora.
[10] Actualmente la UPN tiene una matrícula nacional total de 70,217 estudiantes (ciclo escolar 2019-2020), lo que la coloca entre las diez mayores universidades públicas de la nación (ver: PIDI-UPN 2020-2024: 56, en https://www.upn.mx/index.php/conoce-la-upn/plan-institucional ).
