Por: Javier Buenrostro. 21/09/2022
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal ‘Isidro Burgos’ de Ayotzinapa (Guerrero) fueron desaparecidos en Iguala, en un hecho en el que estuvieron involucrados autoridades y policías municipales, grupos de narcotráfico locales y el Ejército mexicano. El gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República (PGR) y de su titular, Jesús Murillo Karam, trató de convencer a la sociedad mexicana de que los jóvenes habían sido secuestrados, asesinados e incinerados por miembros de Guerreros Unidos, un grupo de narcotráfico local, tratando de producir una «verdad histórica».
La versión de la Procuraduría General de la República fue desmentida desde hace años por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigación nombrado de común acuerdo entre el Estado mexicano, los padres de los normalistas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La no coincidencia de las versiones desencadenó que los miembros del GIEI fueran hostigados por las autoridades y prácticamente obligados a salir de México.
Esta fue la herencia que recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema de Ayotzinapa, por lo que se decidió desde la transición crear una Comisión de la Verdad, encabezada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, un líder de la izquierda mexicana desde los años ochenta. Esta Comisión de la Verdad presentó un informe el pasado 18 de agosto, en el que se determinó que todos los testimonios y evidencias confirman que los estudiantes normalistas fueron secuestrados y desaparecidos en una acción conjunta en la que participaron cuerpos de seguridad del Estado mexicano.
El 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, con sede en Iguala, implementó una seguridad perimetral que permitió al grupo delictivo de Guerreros Unidos y a la policía municipal actuar a placer en contra de los normalistas de Ayotzinapa. Al menos hicieron eso, aunque pudieron tener una parte mucho más activa dado el tráfico de amapola y heroína que se hace desde Guerrero hasta Chicago, algo de lo que el Ejército tiene conocimiento y en cuya operación algunos de sus miembros están involucrados sin duda.
Pero la acción del Estado no se circunscribió a los hechos del 26 de septiembre de 2014, continuó con la «verdad histórica» que acuñó Murillo Karam, el entonces Procurador General de la República, y que apoyaron muchos medios de comunicación aplaudidores del gobierno de Peña Nieto por los jugosos contratos de publicidad que recibían de éste.
Según el informe de la Comisión de la Verdad, en la «verdad histórica» de Murillo Karam se configuraron al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas: 1) Privación de la libertad; 2) Homicidio; 3) Participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado y 4) Negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
La narrativa que urdió la Procuraduría General fue construida con mentiras y declaraciones arrancadas bajo tortura. Incluso, hay videos donde se observa al Director de la Agencia de Investigación Criminal (equivalente del FBI), Tomas Zerón, en un interrogatorio torturando a alguien para que acepte la «verdad histórica» en sus términos. Zerón vive asilado en Israel desde hace tres años y aunque el gobierno mexicano ha solicitado formalmente su extradición desde hace más de un año, ésta no ha sido concedida.
Murillo Karam fue detenido por las autoridades judiciales, lo que significó un cisma en la política mexicana, dado que es el miembro de más alto nivel y rango en el área de impartición de justicia en la historia contemporánea que ha sido aprehendido y vinculado a un proceso penal.
Al día siguiente de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, el exprocurador General Murillo Karam fue detenido por las autoridades judiciales, lo que significó un cisma en la política mexicana, dado que es el miembro de más alto nivel y rango en el área de impartición de justicia en la historia contemporánea que ha sido aprehendido y vinculado a un proceso penal.
Además de procurador, Murillo Karam fue gobernador del estado de Hidalgo, secretario de Estado en varias ocasiones y presidente en distintos periodos de la Cámara de Diputados y también de la de Senadores. Es decir, es un verdadero peso pesado de la política en México.
Además de su detención, también se liberaron órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y soldados de los Batallones 27 y 41 en Iguala, así como contra cinco autoridades judiciales y 44 policías estatales del estado de Guerrero.
A pesar de las aplastantes pruebas que hay sobre las mentiras que el gobierno de Peña Nieto fabricó alrededor del caso Ayotzinapa, en la audiencia del miércoles 24 de agosto, en la que fue vinculado a proceso, a Murillo Karam se le vio retador cuando afirmó que la «verdad histórica» no ha podido ser desmentida por nadie. «Desde hace siete u ocho años, estos grupos han buscado una alternativa, [pero] todas se caen, pudieron haber habido fallas, se pudieron haber hecho las cosas mejor, pero ninguno la ha podido tirar«, alegó el exprocurador.
¿Qué es lo que queda por delante? Para Murillo Karam parece que el único camino por recorrer es el de acogerse al criterio de oportunidad que hoy ofrece Gertz Manero, actual Fiscal General de la República.
¿Qué es lo que queda por delante? Parece que el único camino por recorrer es el de acogerse al criterio de oportunidad que hoy ofrece Gertz Manero, actual Fiscal General de la República. Pero el criterio de oportunidad solamente es válido cuando denuncias a un superior jerárquico, en este caso el único sería el expresidente Enrique Peña Nieto, algo que se estima improbable dado que Murillo Karam conoce bien cómo funcionaban los pactos de silencio en tiempos del PRI y también es consciente que Ayotzinapa no es lo única mancha en su carrera política, y que otras cuestiones verían la luz si decide abrir la Caja de Pandora de las imputaciones mutuas.
Tal vez el panorama más factible sea pasar algunos años en la cárcel hasta que la Fiscalía cometa un error de procedimiento para poder quedar en libertad, algo en lo que se especializa el Poder Judicial para perder casos y liberar gente influyente.
Sea cual sea el futuro inmediato de Murillo Karam, la «verdad histórica» ha sido enterrada y hoy las madres y padres de los normalistas pueden reivindicar la memoria de su hijos, que fueron tratados como delincuentes por el sistema judicial mexicano en el gobierno de Peña Nieto.
@BuenrostrJavier
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