Por: Equipo Violencia Institucional. 01/05/2021
Además de un concepto de las ciencias sociales, la violencia institucional es un manifiesto político, una forma de conocimiento popular creada a partir de la experiencia próxima e inmediata de víctimas y allegados. Pero no se trata solo de la policía: la basura, el ambiente, la tierra, las violencias de género aparecen en el radar cuando investigadores, periodistas y militantes exploran los territorios. Un equipo multidisciplinario recorrió el partido de San Martín y armó un mapa para ampliar el campo de batalla. Este proyecto es parte de Factor IDAES.
Ampliando el campo de batalla es una investigación donde nos propusimos pensar y repensar las violencias institucionales. Un proyecto que nació anfibio: tanto en su composición (periodistas, fotógrafos, militantes, referentes territoriales y académicos) como también en el deseo de emplear otros lenguajes, apelar a otras sensibilidades. La necesidad de una transformación del lenguaje de las ciencias sociales, para interpelar otros públicos, otras emociones, otras sensibilidades nos resulta tan pendiente como urgente. Como dos flechas, las preguntas que nos guiaron fueron: ¿Qué nombre llevan las violencias en los barrios?, y más precisamente: ¿Qué es la violencia institucional en los barrios populares? Pusimos entonces nuestro lente en San Martín y fuimos a a los barrios populares a romper algunos límites
Violencia institucional es una categoría con un doble valor y significado. Está construida desde el saber experto de las ciencias sociales, que permitió sistematizar información y nominar un conjunto de prácticas habituales (algunas de ellas legales y legitimadas, pero arbitrarias), así como señalar sus vínculos con otras normas y discursos, principalmente los de la seguridad/inseguridad. Pero posee además un valor político: es una forma de conocimiento “popular” a partir de la experiencia próxima e inmediata de víctimas y allegados.
A mediados de los años 90, la noción de violencia institucional comenzó a ser usada con mayor recurrencia (esto debido en gran parte al impulso de militancias y saberes que empujaron su visibilidad). Inicialmente, resultó útil para pensar los usos recurrentes, abusivos y arbitrarios de la fuerza por parte de las agencias de seguridad. En los últimos tiempos, al calor de diversas luchas sociales, el concepto empezó a ampliarse más allá de su delimitación original. Con este trabajo queremos iluminar esas otras dimensiones del concepto que aún permanecen opacas. El poder de las imágenes muchas veces sintetiza y amplifica lo que las palabras tienden a oscurecer.
Nos preguntamos: ¿La pobreza es violencia institucional? ¿La contaminación es violencia? ¿La desidia estatal es violencia? Nos propusimos tratar de reflejar aristas escasamente exploradas de la violencia institucional: la contaminación, la degradación del suelo y los basurales, el déficit habitacional, el hacinamiento, los desalojos violentos de tomas de tierras; la violencia de género y los femicidios.
Una vida entre basura
Los basurales son parte del inventario de San Martín. No de todo San Martín, claro. El mapa de los basurales y montículos de basura no deja dudas. ¿En donde viven los pobres en San Martín? ¿En donde están los basurales?
En algunas zonas la basura se denomina “residuo urbano”, se separa, recicla y hasta llega a ser transformada en recurso. Con la basura no ocurre lo mismo, ella está entre los pobres, los vulnerados. No se recolecta, separa ni clasifica. Quizás su mejor tratamiento sea venderla en la quema, como relleno de alguna tierra a ser negociada, o acaso como alimento posible para miles de familias que acceden a comer a merced de lo que otros millones desechamos.
La tierra es un bien escaso
En San Martín la tierra es un bien escaso y quienes administran y gestionan esa falta son muchas veces delegados designados por las agencias penales. En los bordes de San Martín, donde termina el Barrio 13 de Julio, cincuenta familias tomaron terrenos. Durante varias semanas trabajaron desmalezando y preparando el espacio para instalar sus casillas. La mañana del 19 de mayo de 2020 la policía bonaerense montó un operativo para desalojarlos.
En contextos de múltiples emergencias, donde el discurso oficial y mediático convoca a “quedarnos en casa” resulta al menos curioso la posibilidad de quedarnos sin una. Quizás más que curioso sea ingenuo, si mencionamos también que pocas semanas antes a este episodio ocurrió un evento similar que tuvo como saldo la destrucción de dos casillas en el barrio.
Violencia de género: violencia institucional por omisión.
El miércoles 6 de mayo de 2020 Isabel Andrada, con un embarazo de alto riesgo, llegó a la comisaría 4ta de Suárez para denunciar la desaparición de su hermana.
-Vas a tener que esperar dos días más para denunciar – le dijo la oficial bonaerense.
Hacía cuatro días que María Angélica Andrada, de 19 años, estaba desaparecida. Para iniciar la búsqueda, la policía instó a Isabel a acompañarlos en el patrullero. Se negó, porque no podía someterse a esa exigencia y angustia. Cuando pidió alguna constancia, anotaron sus datos en un pedazo de papel y lo guardaron abajo del escritorio. Recorrió pasillos, casillas, tocó las puertas de vecinos y vecinas. Nadie la había visto. El jueves 7, se acercó un vecino y le dijo:
-María está tirada allá arriba.
Atravesó el descampado que une Curita y Carcova y llegó a la “montaña” ubicada al fondo del barrio. Corrió, rogando que no fuera ella. Habían dejado su cuerpo encima de la basura.
En estos territorios, signados por la pobreza, el hacinamiento y los problemas ambientales, y en algunos casos con una alta densidad de población migrante (condición que dificulta aún más el acceso a la justicia y las burocracias del Estado), muchas mujeres trabajadoras se encuentran transitando alguna etapa de lo que los feminismos han categorizado como “ruta crítica de la violencia”: camino institucional revictimizante por lo engorroso y lo insuficiente. Pocas salidas se han podido diseñar para paliar sus efectos en los sobrevivientes.
La batalla por las violencias: ¿qué toleramos?
Desde hace varios años un lugar común para la reflexión sobre la violencia es señalar su desmesurado aumento. La inflación señala, por lo general, la modificación en los límites de lo tolerable, de la sensibilidad sobre prácticas que existían antes pero que no eran impugnadas. Aparecen, se definen y visibilizan formas de violencia que permanecían ocultas o eran naturalizadas. Una mutación que ilumina las disputas y el dinamismo de lo que se define como violento, pero que permite, además, abordar y denunciar abusos que antes eran legítimos.
Ahora bien, el debate es cómo incluir en la noción de violencia institucional otras dimensiones que apuntan a la responsabilidad del Estado por omisión de sus obligaciones ¿Qué queda adentro y qué queda afuera de esta noción? ¿Quién y cómo se define esta categoría? ¿Cómo pensar sino como violencia la cotidianidad de individuos que hacen del basural un lugar para vivir? Las preguntas son muchas y las disputas por su definición se vuelven aún más visibles.
Estas “otras” violencias – habitacionales y ambientales por mencionar sólo algunas – nos enfrentan a los límites de lo tolerable pero también a nuestro siempre problemático rol (como académicos, periodistas, militantes) cuando narramos las violencias. Empujar los límites de lo tolerable es un desafío tanto político como académico.
Fotos: Facundo Nivolo, Maximiliano Reynoso y Federico del Castillo.
